La Procuraduría, sin plata

Procurador Alejandro Ordóñez. / Archivo

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El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, presentó ante la Corte Constitucional una solicitud para que se evalúe el impacto fiscal que tendría la implementación de una reciente sentencia de esa corporación que lo obliga a realizar un concurso de méritos para la provisión de cerca de 700 puestos de procurador judicial.

Al respecto, la Procuraduría indicó que “no cuenta con la asignación de los recursos necesarios para asumir los costos de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional y no tiene la autonomía presupuestal que le permita realizar las apropiaciones correspondientes para poder financiar dichas erogaciones”.

El Ministerio Público considera que la implementación de la carrera administrativa para los procuradores judiciales “requiere necesariamente de la creación de un órgano que pueda administrar la misma, el cual debe contar con recursos adecuados desde lo operativo y lo financiero”. Lo cual no sería posible por la falta de recursos.

Esta decisión de la Corte Constitucional fue dada conocer el pasado 28 de febrero y ha sido considerada una medida hacia la meritocracia, ya que le impediría al jefe del Ministerio Público seguir eligiendo a dedo a los procuradores judiciales, quienes representan a la entidad en la mayoría de procesos penales en los que es parte y entre quienes el procurador general distribuye algunas de las tareas más importantes de la oficina a su cargo.

Antes de la reelección de Ordóñez, el portal La Silla Vacía dio a conocer que, para ese momento, el procurador había contratado en el Ministerio Público a 64 amigos o familiares de congresistas y excongresistas y a 22 amigos y familiares de magistrados y exmagistrados de las altas cortes. La mayoría de ellos precisamente para los cargos de procuradores judiciales. Con este panorama, la Corte se apresta a estudiar la solicitud.