La Procuraduría General pidió avalar la solicitud de medida de aseguramiento presentada por la Fiscalía en contra de los magistrados Alcibiades Vargas Bautista, Joel Darío Trejos y Fausto Rubén Díaz Rodríguez de la Sala Penal del Tribunal Superior del Meta, procesados por presuntamente haber pedido sobornos con el fin de favorecer a integrantes de bandas criminales en procesos judiciales.
El delegado del Ministerio Público manifestó que la medida es necesaria debido a la gravedad de los delitos imputados y al hecho de que los ahora procesados cuentan con los recursos económicos para salir del país, lo que representaría una obstrucción a la justicia. (Ver: Con mujeres, licor y $3.000 millones "compraron" a magistrados del Tribunal del Meta)
Por su parte, el delegado del Consejo Superior de la Judicatura -que fue avalado como víctima- consideró que los procesados deben ser enviados a prisión para salvaguardar la integridad del proceso penal. El próximo 4 de agosto el magistrado Fernando Pareja deberá definir si acepta o no la petición.
El pasado 18 de julio, la Fiscalía solicitó igualmente que los magistrados Vargas, Trejos y Días fueran detenidos preventivamente en una cárcel mientras las indagaciones continúna. El organismo investigativo argumentó que los tres hombres podrían afectar el curso de la investigación y, además, que podrían fugarse.
La delegada del ente investigador aseguró que los magistrados montaron una “empresa criminal” dirigida a otorgar beneficios judiciales a cambio de altas sumas de dinero. “Es un actuar reprochable”, señaló en su solicitud para que sean enviados a un centro carcelario. “Hay necesidad y urgencia de la medida”.
En su extensa intervención, la fiscal del caso aseguró que con su actuar beneficiaron a peligrosos delincuentes. “Se pretende evitar que se siga con las actividades delictivas y que cumplan con la pena, que sería alta. Existe evidencia para inferir de los tres implicados su conducta delictiva”.
Los magistrados, quienes se declararon inocentes de los delitos de concierto para delinquir, falsedad material e ideológica en documento público, cohecho por dar u ofrecer y prevaricato por acción, han manifestado en su defensa que no existe el tal incremento injustificado de su patrimonio.
Las pruebas
En la imputación de cargos, la Fiscalía General presentó elementos materiales probatorios como interceptaciones telefónicas en las cuales los procesados manifestaban la necesidad de entregar los sobornos a los magistrados para que los favorecieran con decisiones judiciales. Igualmente, se citaron varios testimonios de procesados que recibieron la oferta para entregar altas sumas de dinero si querían que sus pretensiones se resolvieran.
La delegada del ente investigador sostiene que los magistrados beneficiaron igualmente a integrantes de la organización comandanda por alias 'Pijarvey'. El delegado del ente investigador citó la detención domiciliaria que se le otorgó a alias 'Farid' pese a su condena de 30 años de prisión por homicidio agravado y concierto para delinquir.
Aprovechando un descuido de las autoridades carcelarias, 'Farid' se fugó de su residencia y actualmente es prófugo de la justicia. Los magistrados también beneficiaron a 'Cesarín' y 'Sofia', considerados por las autoridades como jefes de organizaciones delincuenciales en Villavicencio y otros municipios del Meta.
Los magistrados -según las pruebas reveladas- fijaron una promesa de pago de 3.000 millones de pesos con el fin de entregar estos beneficios judiciales. Cuota que muchas veces recibían por parte de los interesados, que con el único fin de recuperar su libertad o ser absueltos se comprometían a consentir a los magistrados con todo lo que ellos quisieran.