La Procuraduría General le solicitó a los negociadores del Gobierno y la guerrilla de las Farc que tengan en cuenta las precesiones hechas por el exsecretario General de la ONU, Kofi Annan sobre la imposición de medidas privativas de libertad, investigación y juzgamiento frente a crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, y genocidio cometidos dentro del conflicto armado interno.
Para el Ministerio Público estas declaraciones demuestran la “inviabilidad” de buscar un acuerdo en el que se renuncie a la persecución penal por parte del Estado como se estaría buscando en La Habana (Cuba). Para la Procuraduría la posición de Annan indica que es insostenible la propuesta de “cero cárcel” que buscan los negociadores del grupo guerrillero.
Mediante un comunicado de prensa el órgano de control disciplinario aseguró que no se pueden aceptar las propuestas de trabajo social y comunitario como “sustitución de la medida” para aquellos que incurrieron en delitos contra los derechos humanos y el derecho de internacional humanitario, “perpetraron atrocidades y son máximos responsables de las mismas”.