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Ayer, mientras el presidente Juan Manuel Santos firmaba la resolución con la que prorrogó por un año la intervención a Saludcoop, la Contraloría General de la República dio a conocer un documento en el que advierte que desde junio de 2013 le ha advertido al Gobierno sobre “la necesidad urgente de detener los sobrecostos, valores inflados y prácticas perversas en la determinación de los precios de los medicamentos dentro del sistema de salud”.
Pero que, pese a ello, “la situación, hasta el momento, no se ha corregido de manera integral y le sigue generando una pérdida billonaria al Estado”. Y agrega que “queda de manifiesto la persistencia de las autoridades encargadas —y en particular en lo que toca a Saludcoop— en el incumplimiento de las órdenes dadas por la Corte Constitucional”.
El documento es una respuesta al auto 089 de la Corte Constitucional mediante el cual ese alto tribunal le ordenó a la Contraloría informar sobre las investigaciones que ha abierto para esclarecer si entre 2012 y 2013 Saludcoop recibió recursos públicos a pesar de no haber prestado debidamente su servicio. Esto debido a unas denuncias hechas por unos exempleados de Audieps Limitada, una de las empresas del Grupo Saludcoop.
En escrito del 12 de febrero, estas personas le advirtieron a la Corte Constitucional sobre una supuesta “violación sistemática y masiva del derecho de petición” por parte de Saludcoop. “Al respecto precisaron que en 2013 fueron presentadas más de 380.000 quejas de las cuales 50.000 no fueron atendidas” y además denunciaron baja calidad en la atención. “Relataron que durante el tiempo que Saludcoop ha estado intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud, las condiciones de calidad se han tornado deficientes”.
Y adjuntaron varios correos enviados al interventor de Saludcoop, Gustavo Enrique Grosso, y al presidente Santos en los que se advierte sobre la crítica situación en la que se encuentra esa EPS. En una de esas comunicaciones, se relata que en 2013 se presentaron 27 mil tutelas contra Saludcoop, la mitad de ellas por servicios del Plan Obligatorio de Salud, y 7 mil desacatos. Todo esto “aunado a la inexistencia de citas en casi 400 sedes a nivel nacional y a la recurrente situación en la que los usuarios que ingresan por urgencias deben permanecer allí, sin que les sea ubicada una cama para su hospitalización”.
En el correo se indica —además— que “se vienen cerrando servicios de especialistas, no hay disponibilidad de agendas y se presentan dificultades de comunicación con los usuarios ”. Igualmente, se advierte que entre “2.600 y 3.200 usuarios permanecieron más de 24 horas hospitalizados en el servicio de urgencias”.
El interventor le dijo a la Corte que los datos suministrados por los denunciantes no correspondían con aquellos con los que contaba Saludcoop; que las quejas eran —en realidad— cercanas a 147 mil y que contra esa EPS se habían interpuesto 18 mil tutelas y 4 mil acciones de desacato y no la cantidad presentada por los denunciantes.
Así mismo, informó que a la fecha se habían tomado varias medidas con el fin de mejorar el servicio, entre ellas, “ajustes a la parametrización del sistema con reglas de negocio que permitan tener un mejor control, y el establecimiento de un modelo de atención que busque la integralidad de la prestación con mejora de los resultados en salud” y medidas para mejorar “los precios y el uso de los medicamentos, para garantizar tratamientos pertinentes, oportunos”.
En el mismo auto, la Corte le ordenó al Ministerio de Salud y a la Superintendencia de Salud hacer un informe sobre “todas y cada una de dificultades de Saludcoop a 30 de marzo de 2014 y los resultados que con las medidas de regulación, así como con las acciones de inspección, vigilancia y control que se han obtenido a fin de garantizar los derechos de sus afiliados”.
Ese informe fue presentado el pasado mes de abril y en él el Gobierno resaltó que se ha “estabilizado la entidad, manteniendo la prestación de los servicios de salud, mientras se trabaja en la superación de los principales problemas de la entidad; todo lo cual debe ser comprendido en consideración al tamaño, importancia dentro del sistema, complejidad empresarial y a las graves deficiencias e inconsistencias que presentaba la entidad al inicio de la intervención”.
De la misma forma, sostuvo que “en 2013 hubo un incremento del 6% en afiliados, llegando a 4.077.942. El presupuesto de ventas se cumplió en el 112% al llegar a 892.866 usuarios a diciembre de 2013 sobre una meta de 796.181 usuarios. En 2013 hubo una disminución en 99 asesores comerciales, logrando un incremento en la productividad del 5%, pasando de una productividad del 105% en el 2012 a 110% en el 2013, gracias a las estrategias Plan Retorno, Campaña de Traslados, Encuentros Empresariales y Focalización de la Fuerza de Ventas”.
Y que “se realizó seguimiento a los eventos de interés en salud pública notificados por las IPS y obtenidos del Sivigila del Instituto Nacional de Salud. Se diseñó un tablero de control para el seguimiento a la presentación de los eventos de interés en salud pública. La EPS realizó 267 Planes Operativos Anuales para los municipios en los que se cuenta con más de 1.000 afiliados”. Sea cual sea la realidad de Saludcoop, el Gobierno tiene un año más para seguir interviniendo a esta entidad, sanear sus finanzas y mejorar el servicio que se les presta a sus 4 millones de usuarios. ¿Será un año suficiente?