Luis Eduardo Montenegro, uno de los protagonistas del denominado cartel de la contratación en Bogotá, ultima los detalles de su colaboración con la Fiscalía con el fin de evidenciar de una buena vez cómo se enquistó la corrupción en el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) durante la administración de Samuel Moreno y apuntar su dedo acusador en contra de algunos que, a pesar de las abundantes pruebas testimoniales y documentales, siguen pasando de agache.
Hace un mes, en desarrollo de una audiencia de imputación de cargos en su contra, Montenegro abrió la puerta para una negociación con la justicia. Las aproximaciones aún son muy informales, pero van en el camino de las confesiones que faltan para terminar de armar el rompecabezas del multimillonario desfalco al Distrito. En su calidad de subdirector del IDU, Montenegro adjudicó contratos de valorización que rondan los $90 mil millones, muchos de los cuales terminaron en manos de consorcios controlados por Emilio Tapia y Héctor Julio Gómez.
La participación de Montenegro en el cartel ya fue probada por la Procuraduría, que lo destituyó e inhabilitó para ejercer funciones públicas por 14 años en junio de 2011. La propia exdirectora del IDU Liliana Pardo dio pistas sobre la importancia de Montenegro en la jerarquía del cartel. En una declaración que rindió ante la Corte Suprema de Justicia Pardo señaló que la hoja de vida de Montenegro le llegó por recomendación del entonces alcalde Samuel Moreno y del abogado Álvaro Dávila.
No obstante, en vista de los líos procesales que le han acarreado los acuerdos a la Fiscalía con algunos protagonistas de este escándalo, la Red de Veedurías le envió recientemente al fiscal Eduardo Montealegre un derecho de petición en el que solicita que de llegarse a concretar pactos con Montenegro, éstos deben versar sobre hechos muy precisos y desconocidos del funcionamiento del carrusel. Por ejemplo, documentar lo que se habló en las múltiples reuniones que se dieron en la casa de Álvaro Dávila, en encuentros con contratistas y funcionarios. “Nadie mejor que Montenegro para ponerles nombres y apellidos, de manera incontrovertible, a los responsables del carrusel”, dijo a este diario una fuente cercana al proceso.
Informes del CTI de la Fiscalía señalan que Montenegro visitó la residencia del abogado Dávila en más de 10 ocasiones entre agosto de 2009 y marzo de 2010, precisamente en momentos en los que estaban por adjudicarse jugosos contratos que terminarían en poder de Emilio Tapia y Julio Gómez. Por la casa de Dávila pasaron en aquellas épocas, entre otros, Victoria Virviescas en su calidad de directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Bogotá (Uaesp), Leonardo Echeverry, entonces asesor de Samuel Moreno, o los primos Nule. Y, por supuesto, Emilio Tapia e Iván Moreno.
Julio Gómez, quien ya aceptó tres delitos por su participación en el cartel, fue condenado en primera instancia a 60 meses de prisión. No obstante, sigue en libertad hasta tanto el Tribunal de Bogotá resuelva la apelación que interpusieron la Fiscalía, la Procuraduría y los representantes de las víctimas al considerar que su condena fue muy baja. De vuelta a Montenegro, quien ha sufrido dos infartos en los últimos años, vale recordar que en una declaración entregada por Guido Nule a la Fiscalía reconoció que le pagó $30 millones al entonces subdirector del IDU para garantizar su colaboración. Sin duda, Luis Eduardo Montenegro puede llenar los vacíos que faltan en esta historia. ¿Podrá llegar a un acuerdo con la justicia?