Próximo viernes se definirá situación jurídica de Andrés Felipe Arias en EE.UU.

El próximo viernes una jueza del Distrito de Florida (Estados Unidos) definirá la situación jurídica del exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias Leyva. El exjefe de la cartera de desarrollo rural durante el segundo periodo del presidente Álvaro Uribe Vélez fue detenido por agentes federales quienes le manifestaron que existe una solicitud de las autoridades de Colombia para que cumpla la condena de 17 años de prisión emitida en su contra por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Agencias internacionales registraron que Arias Leyva asistió a la diligencia judicial esposado, con una cadena en su cintura, vistiendo jeans y una camisa a cuadros junto a otros detenidos. Debido a la complejidad del caso del caso la jueza citó a una nueva audiencia para el próximo 26 de agosto.

El abogado del exministro aseguró que se trata de una “persecución política”, reseñando que su defendido está adelantando el trámite legal para que se le otorgue un asilo en Estados Unidos. Argumentó que en este caso no cabe la figura de extradición puesto que el exministro está pidiendo una protección.

Por el momento el exprecandidato presidencial por el Partido Conservador continuará privado de su libertad en una cárcel del sur de la Florida. La jueza le puso de presente al procesado que existe una petición formal para que sea presentado ante las autoridades de Colombia.

Su defensa pidió que se estudie una libertad bajo fianza. Arias Leyva, quien salió del país en septiembre de 2014 argumentando falta de garantías, fue sentenciado por su responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros e interés indebido en la celebración de contratos.

Según el fallo de única instancia de la Corte Suprema de Justicia el entonces Ministro ordenó directamente la entrega de subsidios de riego y drenaje para proyectos de hacendados que no cumplían con los requisitos. Igualmente no vigiló los contratos celebrados con el IICA para la ejecución del considerado proyecto bandera de su administración.

En la determinación se manifestó que existían interés políticos para que dichos subsidios fueran entregadas a familias prestantes con el fin que financiaran posteriormente sus aspiraciones a la Presidencia de la República. Por estos mismos hechos fue destituido e inhabilitado por 18 años para ejercer cargos públicos.