Las pruebas contra Luis Alfredo Ramos

El Espectador conoció la medida de aseguramiento que le impuso la Corte Suprema al exsenador. Por los mismos hechos se ordenó captura del excongresista Óscar Arboleda.

Los testimonios de los exjefes ‘paras’ Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez; Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar: Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero; Juan Carlos Sierra, alias El Tuso, y el denominado Patrón de Bello, Hugo Albeiro Quintero, fueron contundentes para la Corte Suprema de Justicia para inferir que el exsenador Luis Alfredo Ramos sí hizo pactos con las autodefensas, no sólo para cabildear en el Congreso una Ley de Justicia y Paz benévola con ese grupo armado ilegal, sino porque, al parecer, desde 1998 recibió aportes para sus campañas políticas.

La medida de aseguramiento en su contra, conocida por El Espectador, tiene 38 páginas y suficientes consideraciones de la Corte para justificar el envío de Ramos a prisión. Según el alto tribunal, cualquier acuerdo con el paramilitarismo —sin el mandato expreso del presidente de la República— resulta inaceptable en una democracia y mucho más, cuando quienes lo suscriben son depositarios de las más altas responsabilidades en el Estado, funcionarios que, como pasó en el llamado Pacto de Ralito para ‘refundar’ la patria, sucumbieron “ante los intereses mezquinos de los actores armados”.

Lo primero que señaló la Corte fue el encuentro que se dio en la finca de Hugo Albeiro Quintero, ubicada en Bello, Antioquia, en los primeros meses de 2005, con los entonces congresistas Luis Alfredo Ramos, Óscar Suárez Mira —ya condenado a nueve años de prisión—, Óscar Arboleda y Manuel Ramiro Velásquez. A esa reunión asistieron Ernesto Báez, Julián Bolívar y Alberto Guerrero, y el propósito era discutir las inquietudes de la organización para desmovilizar a sus hombres en las mejores condiciones. Para ese momento, a pesar de los diálogos con el gobierno Uribe, los tres jefes paramilitares eran perseguidos por la justicia.

Dicho en cristiano, todos tenían cuentas pendientes, expedientes y crímenes por explicar que hicieron que dicha reunión con emisarios del Congreso fuera clandestina. Por eso ayer se ordenó la captura del excongresista Óscar Arboleda. Y todo parece indicar que la misma suerte correría Manuel Ramiro Velásquez. Sus procesos tienen los mismos protagonistas delatores, los mismos hechos y los mismos señalamientos que quedaron consignados en la medida de aseguramiento que hoy revela este diario. Por ejemplo, El Patrón de Bello declaró que prestó su finca porque Óscar Suárez Mira se lo pidió y que supo que se habló de eventuales proyectos productivos para las autodefensas.

Ernesto Báez fue más allá y contó en declaración rendida en julio pasado que llegó a la finca a las 5 de la tarde con Julián Bolívar en helicóptero, que los cuatro congresistas participaron del encuentro y que hubo whisky en aquella charla. Julián Bolívar corroboró esa versión el pasado 6 de junio. A su turno, Alberto Guerrero señaló que en Santa Fe de Ralito, Córdoba, fue testigo de un encuentro entre Báez, Julián Bolívar y Carlos Alonso Lucio (excongresista y asesor de las autodefensas) en el que se planteó la necesidad de hablar con Luis Alfredo Ramos para que acompañara el proyecto de Ley de Justicia y Paz.

En aquel momento se dijo que la forma de contactarlo era a través de su amigo Jaime Cano, exalcalde del municipio de Santo Domingo, Antioquia. Según Guerrero, Cano fue el puente y así se gestionó la llegada de Ramos a la finca del Patrón de Bello. Alberto Guerrero le dijo a la Corte que la charla con los congresistas se extendió hasta la madrugada, sostuvo que terminaron hablando de historia, que el compromiso quedó pactado y que la reunión no tuvo el aval del gobierno Uribe. En su indagatoria, Luis Alfredo Ramos reconoció que Hugo Albeiro Quintero “ofreció como dos o tres whiskies”.

La Corte constató que a ese encuentro acudieron los congresistas “sin presiones de ninguna índole”, con el propósito de que se apoyara la Ley de Justicia y Paz, “como en efecto se acordó aquella noche en que placenteramente departieron en ese lugar”. Con una particularidad: durante el proceso en contra de Óscar Suárez Mira se le preguntó a Ramos si sabía de vínculos o componendas de su aliado político con las autodefensas. Ramos dijo el 8 de agosto de 2007 que nunca tuvo información de eso, “porque de lo contrario yo hubiera intervenido. El equipo político nuestro ha sido absolutamente sano frente a personas al margen de la ley”.

Para la Corte está claro que Luis Alfredo Ramos mintió y guardó silencio sobre los pormenores de una reunión a la que fue invitado y donde resultó él mismo como protagonista. De allí que se diga: “Emerge idónea la estrategia de las autodefensas en la tarea de agrupar congresistas que apoyaran sus pretensiones”. Como la desmovilización de Ernesto Báez y Julián Bolívar sólo ocurrió el 12 de diciembre de 2005, para la Corte hay suficiente evidencia de que el mencionado encuentro se realizó “con hombres por fuera de la ley, muy a pesar del proceso de paz”. Con una salvedad que recuerda el alto tribunal: Luis Alfredo Ramos, como presidente del Senado, impulsó la Ley 782 de 2002 para adelantar negociaciones con grupos ilegales. Allí se dijo que era necesaria la autorización del Gobierno para tener encuentros con voceros de estos grupos ilegales.

Sobre ese antecedente es que la Corte advierte que a la reunión en la finca de Bello asistieron “no representantes o emisarios del Gobierno, sino amigos de las autodefensas”. El otro testimonio que incrimina a Ramos lo entregó El Tuso Sierra, quien dijo que en 1998 hizo entrega de $10 millones en efectivo a Luis Alfredo Ramos a través de su amigo Francisco Zapata Ospina. Según su relato, Ramos estuvo presente cuando se le dio el dinero. El Tuso sostuvo que sus aportes provenían de sus actividades en las autodefensas, que eso lo sabía Zapata Ospina y que no es cierto que se hubiera retractado.

Luis Alfredo Ramos reconoció que conoció a Zapata Ospina hace 20 años. Con otra perla: en el año 2000 la Fiscalía 36 especializada de Medellín les abrió una indagación preliminar a Francisco Zapata, Juan Carlos El Tuso Sierra y el senador Mario Uribe por los delitos de enriquecimiento ilícito y narcotráfico. El 18 de diciembre de ese año les archivó el expediente sin mayores pesquisas y jamás le pidió a la Corte que investigara a Mario Uribe, a pesar de que tenía fuero constitucional. Una maniobra que para la Corte fue claramente ilegal y que buscó beneficiar en su momento al aliado político de Luis Alfredo Ramos, al narcoparamilitar que terminó extraditado años después y al propio Mario Uribe, condenado también por parapolítica.

Según el alto tribunal, hubo un proceder doloso del fiscal del caso, pero éste ya no puede ser investigado porque ya pasó mucho tiempo. La Corte también conoció el testimonio de Carlos Enrique Areiza, quien declaró que Luis Alfredo Ramos tuvo reuniones en el año 2002 en la finca del Patrón de Bello con los jefes paramilitares Vicente y Carlos Castaño Gil. A otros encuentros asistió supuestamente Jorge León Sánchez, a quien El Tuso Sierra mencionó como uno de los enlaces de Luis Alfredo Ramos para hacer aportes a sus campañas electorales. Ramos ha dicho que es inocente y que así lo probará. Sin embargo, su panorama parece cuesta arriba. Lo mismo que el de Óscar Arboleda.

jlaverde@elespectador.com