La Fiscalía General le da las últimas puntadas a una serie de decisiones en la investigación que se adelanta por el crimen del exministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, asesinado el 30 de abril de 1984 en el norte de Bogotá por sicarios al mando del cartel de Medellín, comandando por Pablo Escobar Gaviria.
El vicefiscal General, Jorge Fernando Perdomo aseguró que en los últimos años se han practicado cerca de 100 pruebas “que nos van a nos van a permitir en los próximos meses, tomar algunas decisiones o avanzar en la investigación”.
“Lo más importante es que la Fiscalía asumió, el año pasado que este magnicidio se trata de un delito o de un crimen de lesa humanidad, lo que implica que no prescribe la acción penal y que el paso del tiempo no hace imposible seguir investigando estos hechos”, precisó Perdomo.
Los familiares de Lara Bonilla han denunciado que el crimen se encuentra en la impunidad absoluta, puesto que después de 30 años no se han presentado avances para identificar e individualizar a los autores materiales e intelectuales del homicidio.
Según el representante a la Cámara electo, Rodrigo Lara Restrepo, después del asesinato del juez que llevaba el juicio en contra de los sicarios en el año de 1985, las investigaciones se frenaron y no se tomaron decisiones de fondo nuevamente en este emblemático caso.
Para Lara, pese a que es evidente la participación del Cartel de Medellín el crimen de su padre también contó con la complicidad de dirigentes políticos, quienes actualmente están en la arena pública.