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Para los familiares de los 43 campesinos de Pueblo Bello (Antioquia) asesinados y desaparecidos por los paramilitares hace 25 años, la matanza “ha quedado recluida en el pasado de la sociedad colombiana, sin embargo, para las familias es parte del pasado e igualmente de un presente lleno de incertidumbre al no saber del paradero de nuestros seres queridos. Es un presente colmado de preguntas sin respuesta y de miedo de volver a vivir un hecho tan triste”.
Estas sentidas declaraciones hacen parte de un comunicado en el que los familiares de los 43 campesinos asesinados denuncian que, pasados 25 años de la masacre, el Estado colombiano no ha cumplido con todo lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace nueve años. Hoy, 36 de los campesinos asesinados ese aciago 14 de enero de 1990 siguen sin aparecer. Sus familiares van a completar un cuarto de siglo pidiendo justicia o —por lo menos— la verdad sobre lo sucedido.
Apenas han aparecido los restos de siete de las víctimas, precisamente en la finca Las Tangas, santuario del paramilitarismo y cuna de los Tangueros, el grupo paramilitar detrás de esta masacre ordenada por Fidel Castaño en venganza por el robo de 43 vacas. Una excusa casi tan abyecta como la misma matanza. De la misma forma, hasta ahora no se ha puesto el primer ladrillo de un monumento en memoria de los asesinados, ordenado por la misma CIDH.
En 2009, el entonces ministro de Defensa y hoy presidente, Juan Manuel Santos, ofreció disculpas en nombre del Estado por los hechos. El hoy primer mandatario dijo que rechazaba estos actos “y nos avergonzamos de que hayan ocurrido contra una población inocente, por lo cual les pedimos perdón. Lamentamos no haber escuchado sus voces antes y haberlos hecho transitar este largo camino para alcanzar justicia”. Pero las disculpas, dicen los familiares, no han sido suficientes.
Algunos exparamilitares han sido condenados por los hechos. No obstante, pese a que la CIDH denunció la participación de militares, hasta ahora ningún uniformado ha sido sentenciado.
Los familiares reconocen que el Estado ha tomado algunas medidas. Por ejemplo, en diciembre pasado el Gobierno y representantes de la comunidad llegaron a un acuerdo sobre el pago de una serie de indemnizaciones ordenadas por la CIDH. De la misma forma, la Unidad de Víctimas ha avanzado en un proceso de reparación colectiva con la comunidad. Sin embargo, estas medidas siguen siendo insuficientes, según los afectados.
Con la orden de asesinar una persona por cada res hurtada, 60 hombres bajo el mando de Fidel Castaño ingresaron a Pueblo Bello entre las 8 y las 9 de la noche de ese 14 de enero. A los secuestrados se los llevaron primero a la finca Santa Mónica, donde fueron recibidos por Castaño en persona, y luego a Las Tangas, donde a algunos “les cortaron las venas, las orejas, los órganos genitales o les chuzaron los ojos”, de acuerdo con testimonios recogidos por la justicia.
“No existe para el caso de los 43 campesinos de Pueblo Bello voluntad política del Estado para reparar de manera integral y digna a las familias mediante lo dispuesto en la sentencia de la Corte Interamericana”, señalan los familiares de los desaparecidos.
Agregan que mientras lo ocurrido en México con los 43 estudiantes de Ayotzinapa ha conmocionado al mundo y a la sociedad mexicana, logrando movilizar a expertos e identificar presuntos responsables en ese país, “en Colombia, después de 25 años, los familiares de los 43 campesinos desaparecidos seguimos exigiendo justicia y castigo a los verdugos que participaron y a todos los implicados de la Fuerza Pública que permitieron este atroz crimen en la zona de Urabá”.
La Comisión Colombiana de Juristas, que ha apoyado el proceso de esta comunidad abatida por la barbarie, espera “que la fortaleza que han demostrado los familiares durante estos 25 años de dolor e incertidumbre sea recompensada con la verdad sobre los hechos y justicia, de tal manera que se impida dejar este caso en la impunidad”. La comunidad concluye vehemente que “creemos que la paz es posible y que para lograrla se necesita justicia. Nosotros seguiremos presentes y seguiremos luchando en memoria de los 43 campesinos desaparecidos”. Ojalá no tengan que esperar otros 25 años.
-Los avances de la justicia colombiana en el juzgamiento de los responsables
Poco a poco, la justicia de Colombia ha ido procesando a los paramilitares que participaron en las torturas, homicidios y desapariciones forzadas de 43 campesinos del corregimiento de Pueblo Bello (Antioquia). La piedra angular de las primeras investigaciones fue el testimonio del paramilitar Rogelio de Jesús Escobar, quien en abril de 1990 desertó de las autodefensas y colaboró con las autoridades. Escobar le reveló al DAS quiénes y cómo ejecutaron esos crímenes, incluyendo los nombres de militares que habrían participado en el traslado de los pobladores desde Turbo hasta San Pedro de Urabá, en el Urabá antioqueño. Su testimonio facilitó la condena del 26 de mayo de 1997 contra Fidel Castaño y otros 10 paramilitares, a quienes un juez sin rostro halló responsables de planear y ejecutar la masacre. Entre los sentenciados se incluyó a Manuel Salvador Ospina, uno de los hombres más cercanos a los hermanos Castaño.
Por estos hechos, un juez de Antioquia condenó en 2011 a Manuel Arturo Salom Rueda, escolta de Fidel Castaño, y a Jesús Aníbal García Hoyos, instructor de los paramilitares, quienes deberán cumplir una pena de 30 años de prisión. En abril de ese año, el mismo juzgado sentenció a 20 años a Edilso Antonio Cardona Ramírez y en enero de 2012 a Luis Ómar Marín Londoño, quienes reconocieron su responsabilidad. La última condena fue proferida en octubre pasado, cuando los hermanos Enrique Rivas Naar y Olivier José Cervantes Naar se acogieron a sentencia anticipada. Otros dos hombres se encuentran a la espera de un fallo.