Sentado en un andén en la Escuela de Infantería del Cantón Norte, en Bogotá, el coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega recibe la visita de El Espectador. Luego ingresa a un salón donde se escucha música clásica. En un extremo, leyendo el periódico, está el general (r) Jaime Humberto Uscátegui, condenado a 37 años de prisión por la masacre de Mapiripán (Meta), ocurrida en julio de 1997. En otras mesas, otros militares detenidos por diversos delitos. Al fondo una terraza rodeada de materas.
De entrada, Plazas Vega dice que está encerrado en “esa jaula de oro”. Luego hace una pausa larga y su rostro ya no revela la altivez que mostró el día que encaró a los periodistas después de la batalla del Palacio de Justicia. Su semblante es otro. Lleva más de ocho años detenido. Aunque, a diferencia de los uniformados que pagan largas condenas tras barrotes, puede desplazarse por la guarnición, tomar café cuando lo desee, hablar con quien quiera, hacer ejercicio y hasta tocar piano, no es un hombre tranquilo.
Fue su psiquiatra de cabecera quien le recomendó refugiarse en la música. Dice que fue buen alumno en las clases de teclado y, para demostrarlo, antes de compartir un café y despacharse a hablar en extenso sobre su caso, interpreta dos temas clásicos. En medio de su improvisación musical su estado de ánimo cambia. Pero sorpresivamente se detiene y entre risas dice: “Ustedes no vinieron a un concierto. A lo que vinimos”.
El pasado 6 de noviembre se cumplieron 30 años del asalto del M-19 al Palacio de Justicia. Lo primero que el coronel Plazas Vega sostiene es que “su verdadero determinador fue Pablo Escobar Gaviria, junto al entonces comandante del M-19, Iván Marino Ospina”, y que en principio el ataque iba a hacerse al Congreso, pero que el jefe del cartel de Medellín insistió en hacerlo a la Corte Suprema de Justicia, argumentando que en el Legislativo había tanto sinvergüenza que los colombianos se iban a poner contentos.
El entonces coronel Alfonso Plazas Vega fue uno de los militares que participaron en la retoma del Palacio. Según él, únicamente se encargó de manejar tropas, soldados, cañones y vehículos blindados, y así rescató a 263 personas. Esa acción, reitera, lo catapultó como héroe nacional en 1985. Actuó bajo las órdenes del general Jesús Armando Arias Cabrales, hoy condenado a 35 años de prisión por la desaparición de cinco personas.
Tiempo después del noviembre de 1985, Plazas Vega salió de las Fuerzas Militares, pero ocupó diversos cargos públicos, como la Dirección Nacional de Estupefacientes. No obstante, 22 años después de los hechos, en el año 2007, súbitamente se vio enfrentado a una investigación judicial de la Fiscalía por la desaparición de once personas durante la operación militar de recuperación del Palacio de Justicia.
En el curso de la investigación, en 2009 la cifra se disminuyó a dos desaparecidos: Carlos Augusto Rodríguez Vera, entonces administrador de la cafetería del Palacio de Justicia, e Irma Franco Pineda, guerrillera del M-19. El expediente sostiene que salieron con vida y nunca más se volvió a saber de ellos. Dos décadas después de los hechos, el coronel (r) Plazas Vega asegura que enfrenta esos cargos porque no le perdonan haberle quitado $2 billones en bienes al narcotráfico.
“Yo estoy preso y en cambio a la Dirección Nacional de Estupefacientes la acabaron. ¿Quién venció? El narcotráfico. A los magistrados de la Corte Suprema los mató el M-19 porque iban a ratificar el tratado de extradición y por eso se tomaron el Palacio, para quemar los expedientes. Por eso conmigo pueden hacer lo que quieran. Lo he dicho desde el comienzo de este injusto proceso, y todo es verdad”, agrega mientras se exalta, pero no menciona a los demás militares investigados.
No habla del general Arias Cabrales ni del coronel Edilberto Sánchez Rubiano, jefe de inteligencia y encargado de la Casa del Florero. En cambio dice que le están cobrando haber sido el único militar que salió a dialogar con los periodistas ese 6 de noviembre de 1985. Incluso recalca que su frase, “mantener la democracia, maestro”, representa el comentario que más ha tenido relevancia en la reciente historia política de Colombia.
“Eso fue en la noche. Había una nube de periodistas y les contesté de forma sincera las preguntas que hicieron. Esa entrevista encantó a los demócratas, pero les dio en el corazón a los bandidos. La frase generó mucha controversia y más polarización”, sintetiza Plazas Vega. Lo cierto es que, más allá de la frase y de sus consideraciones sobre su alcance, hoy está condenado a 30 años de prisión por la desaparición de dos personas.
Él insiste en que no estaba a cargo de la Casa del Florero y que quienes deben responder por supuestas desapariciones son los militares de inteligencia que interrogaron a quienes salieron vivos del Palacio. “Yo ingresé a ese lugar unas tres o cuatro veces y por pocos minutos; por ejemplo, para entrar al baño. Alguien dijo que subí al segundo piso. Eso no es cierto, nada tenía que hacer allá, nunca supe qué estaba pasando. En el proceso me enteré de que allá tenían a personas detenidas”, añade.
En la Casa del Florero se puso en marcha una acción de inteligencia para interrogar a quienes eran rescatados. Al mando estaba el jefe de inteligencia de la brigada 13, coronel Edilberto Sánchez. Además lo apoyaban policías y miembros del DAS. Lo organizaron todo como un colegio, con pupitres donde se sentaban los rescatados. Al otro lado los interrogadores. Identidades, ocupación, qué estaba haciendo en el Palacio. Todo para descartar sospechosos. Según Plazas, él acompañaba a los magistrados rescatados.
“Si algo sucedió después, son otros lo que tiene que responder. Yo no digo nombres propios porque esa función les corresponde a los investigadores. Yo no entregué cadáveres en la Casa del Florero, entregué personas vivas. En la desaparición de Irma Franco, creo que hay responsabilidad de personal del Ejército. Además, no hay una declaración que diga que Carlos Rodríguez llegó vivo a la Casa del Florero, pero, de haber llegado vivo, quienes deben responder son los que manejaban este sitio”, insiste.
Hace una nueva pausa en su relato y agrega que no se arrepiente de nada de lo que hizo. “Cumplí con mi deber y acaté las instrucciones impartidas”, resalta una y otra vez. Además manifiesta que no cree que el Ejército se haya sobrepasado en la batalla. “Asegurarlo sería como decir que a los policías que mataron a los terroristas en París se les fue la mano”, agrega. Luego indica que por eso confía en que la Corte Suprema de Justicia falle a su favor y así pueda recobrar su libertad.
Él sabe que el argumento que más lo compromete es la denominada cadena de mando, es decir, que tenía que saber lo que sucedió durante el desenlace de la retoma. Respecto a esta doctrina, Plazas Vega tiene la línea clara. “Esa cadena de mando empezó con el presidente de la República, Belisario Betancur, los ministros y asesores que lo acompañaban y el alto mando militar, encabezado por el entonces comandante del Ejército, general Rafael Samudio. A ellos seguía el comandante de la operación, general Jesús Armando Arias, su Estado Mayor y su jefe de inteligencia, coronel Edilberto Sánchez”.
“Yo tengo fe en Dios y en la justicia colombiana”, concluye Plazas Vega. Después de una larga intervención, en la que a cada pregunta tiene las respuestas que según él ha repetido durante años, se dirige a su habitación. Una cómoda cama y un escritorio lleno de chocolates y fotografías familiares adornan el lugar en el que duerme. Luego sintetiza con una anécdota personal su visión de los hechos, antes y ahora: “Durante la operación militar, un par de rockets reventaron cerca a mí. Guardo como recuerdo en una caja las esquirlas que recogí al otro día. Cualquiera me hubiera podido matar. Por eso, cada vez que me siento desmoralizado miro esa caja y simplemente pienso que nadie se muere en la víspera”.
Los desaparecidos
Irma Franco Pineda pertenecía al M – 19 y según los videos de medios comunicación de la época habría salido viva del Palacio. Este es uno de los dos casos por los que el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena de 30 años de prisión para el entonces coronel Plazas Vega. Jorge Franco, su hermano, lleva toda la vida buscándola. Siempre ha dicho que ella llegó viva a la Casa del Florero y que luego nunca se volvió a saber de su paradero.
Carlos Augusto Rodríguez Vera era el administrador de la cafetería y alternaba sus labores estudiando Derecho. Salió vivo del Palacio bajo la supervisión de militares que presuntamente lo torturaron bajo las órdenes del coronel (r) Alfonso Plazas Vega. Cecilia Cabrera, su esposa, ha insistido en la participación de los militares en los hechos que rodearon la desaparición de 11 personas durante la operación de recuperación del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985.
El plan del M-19
La ocupación del Palacio de Justicia en 1985 fue ejecutada por un comando de 35 guerrilleros, 25 hombres y 10 mujeres, liderados por Andrés Almarales, Alfonso Jacquin y Luis Otero. Durante 28 horas el M-19 permaneció en el edificio. El hecho marcó el comienzo del fin de esa guerrilla, que cinco años después dejó las armas y se convirtió en partido político.
Sólo una guerrillera, Clara Helena Enciso, sobrevivió a la violenta retoma por las fuerzas de seguridad del Estado, que se prolongó durante dos días. En el ataque murieron magistrados, empleados, visitantes y guerrilleros. Hoy en día, exmilitantes del M-19, como Antonio Navarro Wolff, aseguran que la toma fue “un gran error” y marcó “con claridad el fin del prestigio del M-19”.