¿Quién está matando a los indígenas del Cauca?

Esta semana fueron encontrados en Toribío los cuerpos torturados y sin vida de dos indígenas del pueblo Nasa desaparecidos desde el 26 de abril. Este caso se suma al de otros 7 indígenas asesinados en condiciones similares en este año.

Cortesía El País

Estos hechos son muy preocupantes porque apuntan a una nueva escalada de violencia selectiva contra los indígenas del departamento: si bien se desconoce los responsables de estas acciones existen notables coincidencias no sólo en su modus operandi (desaparición, asesinato precedido de tortura) sino también en sus características más visibles: hombres con armas largas, vestidos de civil y movilizados en camionetas con vidrios polarizados. 

Precisamente, por las características de estos asesinatos, las autoridades comunitarias evalúan si los hechos son una retaliación criminal contra miembros particulares del pueblo Nasa o contra sus organizaciones en general. En cualquier caso, ambas explicaciones evidenciarían los riesgos que afrontan las comunidades rurales más allá del conflicto armado. 

En primer lugar, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) sostiene que los asesinatos pueden ser un mecanismo para presionar y amedrentar a las comunidades con el fin de que suspendan las acciones de resistencia y denuncia contra la minería ilegal en municipios como Buenos Aires o Suárez. 

Esta hipótesis es plausible en tanto la Columna Miller Perdomo de las FARC -que atacó a los 11 militares el pasado mes de abril-, Los Rastrojos y otros grupos criminales controlan la explotación informal e ilegal de oro en municipios con población afrocolombiana e indígena de la región como los anteriormente mencionados. Además, el pueblo Nasa también se ha caracterizado por su alto nivel organizativo y su capacidad de llevar a cabo acciones de resistencia no sólo contra los grupos del conflicto sino también contra quienes realizan actividades criminales como la minería o el narcotráfico en su territorio. 

La segunda posibilidad es que los asesinatos no estén dirigidos contra la comunidad en general y sus organizaciones sino contra indígenas aislados con alguna relación con el narcotráfico. En ese sentido, la escalada de violencia estaría enmarcada en una reciente disputa por el control de este negocio ilícito en la que presuntamente estarían involucrados las FARC y los otros grupos. No obstante a su grado de organización, el pueblo Nasa no es monolítico y hay sectores -muy minoritarios- dentro de las comunidades involucrados con actividades ilícitas y grupos armados, por lo que no se descarta tampoco esta hipótesis. 

Una última conjetura apunta a que estos hechos también estarían relacionados con una retaliación criminal asociada al narcotráfico, pero no por una vendetta contra personas cercanas a un grupo en particular sino por un castigo a personas que habrían podido dar información a las autoridades sobre estas actividades o los grupos que las controlan. 

Esta hipótesis estaría sustentada en el aumento de las actividades antinarcóticos en la región durante este año: el desembarco de 300 efectivos de la Fuerza Pública en Buenos Aires y el despliegue de operaciones militares y de policía contra unidades guerrilleras -como la Columna Miller Perdomo- y otros grupos fuertemente involucrados en el narcotráfico, que al final condujeron a la emboscada de las FARC. Cabe resaltar que 5 de los indígenas asesinados murieron días después de dicha emboscada, en el mismo lugar de ocurrencia de estos hechos (Suárez), aunque no se puede descartar que otros grupos criminales afectados por las acciones antinarcóticos hayan sido los responsables de los asesinatos. 

En todo caso, es urgente que las autoridades tomen medidas oportunas para proteger la vida de las comunidades indígenas de la región, a quienes se ha deteriorado su perfil de riesgo por cuenta de las actividades criminales que realizan grupos violentos en su territorio. De igual forma, como todo lo que ocurre en el Cauca y el suroccidente del país, estos casos nos siguen alertando de los retos de seguridad que afrontaría el campo colombiano al finalizar el conflicto, de ahí que sea necesario diseñar una política criminal capaz no sólo de doblegar a los grupos criminales en las regiones sino también de prevenir que las comunidades y sus organizaciones queden inmersas en las disputas de estos grupos por rentas ilegales.

La diferencia con otras regiones del país es que el norte del Cauca no es el posconflicto que seremos sino el posconflicto que ya somos, por lo que urge ahora mismo encontrar soluciones efectivas para acabar con el derramamiento de sangre de sus habitantes.