Radican nueva medida cautelar para impedir venta de Isagén

El abogado Guillermo Rodríguez, quien defiende los interés del expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez radicó en la tarde de este lunes ante la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, una ampliación de las medidas cautelares en el marco de la acción popular radicada en contra de la decisión del Gobierno de vender sus acciones de la empresa de energía Isagén S.A.

El jurista indicó que la nueva acción judicial se presenta después de conocer las versiones del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, en el que anunció el aumento del precio de la acción de la hidroeléctrica por medio de un nuevo decreto. (Ver Consejo de Ministros aprobó alza en el precio base para la venta de Isagén)

“Después de que ya está el proceso judicial le da muy folclóricamente por sacar un nuevo decreto con otro precio, aumentándolo, nos da la razón parcialmente de manera tacita que iba a regalar Isagén. Pero total, todavía existe detrimento patrimonial”, precisó Rodríguez quien el pasado mes de agosto radicó la acción popular en nombre del expresidente de la República.

El abogado precisó varios cuestionamientos ante la decisión de presentar un nuevo decreto, “es una barbaridad el nivel de improvisación del Gobierno (…) Estos nuevos hechos son muy graves, nosotros le solicitamos que se decreten medidas cautelares de urgencia en virtud de que el Gobierno no está respetando los Ttribunales, no respeta la administración de justicia, existe un proceso judicial”.

Igualmente manifestó que en este debate jurídico se está ad portas de un fallo de fondo y de “que se decrete una medida cautelar que no ha sido negada, así diga el ministro que no existe, la medida cautelar se le dio traslado desde que nació el proceso al Gobierno y ya se defendieron de ella para que no quede decretada, pero aún no ha sido negada ni ha sido decretada la medida, pero es irresponsable que el Gobierno salga a decir que va a vender cuando el Tribunal no le autorizado para que venda o expida decretos en el mismo sentido”.

Con esta acción se busque que el Gobierno frene por el momento su decisión de vender el 57.6% las acciones de Isagén, hasta que no se conozca una decisión de fondo frente a la acción popular.

El proceso

El pasado 8 de agosto, la defensa del exmandatario presentó por medio de su abogado una acción en la que se argumentó que con esta decisión se pone en riesgo la moralidad administrativa, patrimonio público y la seguridad y salubridad pública. (Ver Gobierno anuncia venta de la participación de la Nación en Isagén)

En este documento se le pide al Tribunal que ordene la suspensión del proceso de expedición del decreto que contemplaría “el programa de enajenación de las acciones del Estado de Isagén S.A.S.P y en caso de que se haya emitido se ordene la suspensión de sus efectos hasta que se resuelva la acción”.

Y es que para el demandante, Isagén es una empresa con eficiente control por parte del Estado lo que demuestra su superávit y eficiencia financiera por lo que señala que hasta la fecha se desconocen las razones, causas y consecuencias del Gobierno de Juan Manuel Santos de poner a la venta su paquete accionario.

En el texto se hacen varias referencias al hecho de que al momento de tomar esta decisión no se tuvieron en cuenta los reglamentos “de la tercera empresa termoeléctrica e hidroeléctrica más importante del país” ni de sus accionistas minoritarios. (Ver Privatización energética)

En este punto se le pide al Tribunal que le solicite al Gobierno una explicación ante la opinión pública y todos los interesados los motivos de esta decisión."Se desconoce la motivación justificada en estudios financieros y técnicos que permitan concluir la decisión del Presidente de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público”.

Igualmente se indica que no se tiene en cuenta el impacto que puede traer esta acción frente a la utilidad de la Nación. “El paquete accionario de Isagén es de 2.726 millones de acciones de acuerdo al ministerio de Hacienda y Crédito Público (…) Isagén ha girado al estado en los últimos años 824 mil millones de pesos para inversión social e infraestructura. A diciembre 31 la compañía tiene en activos 7 billones de pesos sin embargo no hay un estudio que estime un valor real a la fecha”.

En la demanda, el expresidente asegura que la aprobación registrada en el Consejo de Ministros es una clara violación al conjunto de valores y principios que se deben tener en cuenta a la hora de tomar decisiones de esta magnitud. “Se estaría lesionando el patrimonio público en virtud de que los recursos que estima recibir el Gobierno Nacional producto de dicha venta serían de 4.5 billones de pesos, valor que se estimó para el año 2010”, por lo que se indica que no se tienen evidencias claras que demuestren la necesidad de su venta y mucho menos su valor actual.