Ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia fue radicada una acción de tutela en contra de la Procuraduría General por lo que se consideran graves omisiones frente al caso del crimen de ocho integrantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó por parte del Frente Héroes de Tolova de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) el 21 de febrero de 2005.
En la acción judicial se manifiesta que la Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal ha superado los límites para presentar su concepto en el proceso que se adelanta contra un grupo de militares por estos hechos, hecho por el cual le pide al alto tribunal que ordene la devolución inmediata del expediente para que se reanude su estudio en el alto tribunal.
“Han pasado 820 días del límite establecido lo que rompe toda racionalidad, eficiencia y garantía al derecho a contar con la celeridad, con lo cual los derechos a la verdad, justicia y reparación han sido claramente violados”, precisa uno de los apartes de la petición firmada por la exalcaldesa del municipio de Apartadó y el abogado Jorge Molano.
En la tutela se indica que el 9 de octubre de 2012 el despacho del entonces magistrado Julio Enrique Socha Salamanca admitió el recurso de casación y ordenó correr traslado a la Procuraduría General para que emitiera su concepto. Pese a que tenía 20 días para eso hasta el día de hoy no se ha pronunciado, por lo cual se le pidió al alto tribunal que se declare extemporánea su participación en este caso y se pida la devolución del expediente.
Esto con el fin de evitar que se garantice el trámite procesal y el respeto a las víctimas. Para los accionantes con esta omisión la Procuraduría General va en contra de las resoluciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Constitucional que manifestaron frente a este caso.
La acción de casación va dirigida a anular el fallo de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín que absolvió a un grupo de militares adscritos a la Brigada XVII del Ejército Nacional por los delitos de homicidio en persona protegida, actos de barbarie y concierto para delinquir agravado. Para los demandantes existen pruebas que permiten vincular a los uniformados con la planeación y ejecución de la acción en la cual fueron asesinados dos menores de edad.