Radiografía de un falso positivo

 Lo dijo la ONG Human Rights Watch: casos como el de los falsos positivos de Soacha los hubo por toda Colombia. Sus declaraciones generaron ampolla en varios sectores de la sociedad, sin embargo, la justicia les da la razón. La Corte Suprema de Justicia acaba de confirmar la condena a 24 años, 8 meses y 20 días de prisión contra el mayor (r) Jorge Mauricio Ramírez Rodríguez por cuatro ejecuciones extrajudiciales que bien recuerdan a los muchachos de Soacha, quienes, mediante engaños, terminaron en las garras de una máquina criminal que cambió vidas por recompensas.

Se trata de los homicidios de Luis Armando Campo Mercado, Alberto Mario Arias Manjarrés, José Ulices Pérez Pérez y Edwin Enrique Arias Chávez. Quienes, dice la Corte, fueron engañados por un hombre apodado El Soldado y un amigo suyo, Cristóbal Mestre Támara, para que viajaran con ellos, supuestamente, a trabajar en una finca. Los hombres salieron de sus casas, en Sincelejo, el 10 de febrero de 2004, rumbo a Montería. “Y de allí viajaron en un autobús, junto con los individuos inicialmente mencionados, al que sería su destino laboral. Sin embargo, antes de llegar al municipio de Turbo fueron obligados a descender del vehículo, sin que desde entonces se volviera a tener noticia de ello”.

El 13 de febrero de ese año, el coronel Jorge Gabriel Castrillón García, comandante del Batallón de Infantería No. 47, le dijo a la justicia penal militar que 24 horas antes uniformados bajo su mando habían ultimado a cuatro guerrilleros, en desarrollo de la Operación Fugaz, en la vereda Arizal, municipio de Unguía (Chocó). Tres de ellos fueron reportados como N.N. –tal como sucedió con los falsos positivos de Soacha– y el cuarto fue identificado como José Ulices Pérez.

La imagen ya es conocida: los cuatro jóvenes aparecieron, de repente, uniformados; sin embargo, sus uniformes no presentaban, siquiera, rastros de disparo alguno, contrario a sus camisas, destrozadas por las balas. Castrillón fue investigado por estos cuatro falsos positivos, no obstante, el año pasado la Fiscalía decidió archivar la investigación en su contra. Por su parte, los uniformados que participaron en el operativo no fueron vinculados a ningún proceso. Sólo declararon como testigos y todos dijeron lo mismo: que estas cuatro personas habían muerto en combates con la Fuerza Pública.

Y para que la mentira no quedara al descubierto, el entonces capitán Jorge Mauricio Ramírez escribió un detallado, aunque falaz, informe que tituló Sección de Lecciones Aprendidas. En este, el uniformado “detalló lo ocurrido haciéndolo parecer un típico evento de cumplimiento de un deber legal, al tiempo que enseñaba un caso de legítima defensa”. Sostuvo, entre otras, que por informes de inteligencia “se tuvo conocimiento de la presencia de aproximadamente seis terroristas de la cuadrilla 57 de las Farc, quienes al parecer, el año anterior habían asesinado a un ciudadano y secuestrado a otro”.

Y que se “desplazó al municipio de Unguía para asumir el mando de la operación y luego de un minucioso seguimiento durante varios días, emboscaron al grupo insurgente en la quebrada Arizal, pero cuando se disponían a capturarlos fueron atacados con armas de fuego, obligando a los militares a responder dando de baja a cuatro guerrilleros”.

Una mentira calculadoramente elaborada que, junto con los testimonios de los uniformados y las diligencias adelantadas por la Fiscalía, llevaron a que el Juzgado 94 de Instrucción Penal Militar resolviera inhibirse de abrir la investigación.

En Sincelejo, los familiares de los cuatro jóvenes asesinados desconocían lo que había sucedido con sus seres queridos, hasta que vieron a Mestre Támara regresar sin ellos. Este, al principio, dijo que había regresado porque se encontraba enfermo. Luego, pasados unos días, se refirió a la posibilidad de que ellos hubieran muerto. Sus familiares acudieron de inmediato a la justicia y el juez militar encargado del caso se dio cuenta, por fin, del error que había cometido y envió el proceso a la justicia ordinaria. El caso fue asumido por una fiscal en 2008.

Ante la Fiscalía, Ramírez reiteró que estas cuatro muertes se habían dado en combates entre los supuestos guerrilleros y la Fuerza Pública. Sin embargo, al verse descubierto, varió su versión. Y agregó “que la información acerca de la presencia de los insurrectos en la región se la dieron unos paramilitares, sin que él le hubiese dado parte de tal circunstancia a su superior ni a los soldados que tenía al mando. De esa forma, obtuvo la orden de operaciones”.
Y dijo puntual que quienes asesinaron a estos cuatro muchachos “fueron integrantes de las autodefensas y que el Ejército llegó al sitio para hacerse cargo de los cadáveres como si hubiesen sido dados de baja por los militares”. Todo esto en una zona de reconocida presencia paramilitar. Otra prueba de que algunos uniformados no temieron venderle el alma al diablo, asociarse con paramilitares y matar, todo, por una recompensa que en este caso fue, según la condena de primera instancia, de 20 días de descanso y $4 millones.

Ante este panorama, Ramírez no tuvo de otra que confesar su participación en estos hechos y acogerse a la sentencia anticipada. Fue condenado el 13 de diciembre de 2011 por un juez de Sincelejo, en un fallo, confirmado el 14 de 2012, por el Tribunal de Sincelejo y, ahora, por la Corte Suprema de Justicia, quien, no obstante, le redujo la pena al considerar que no era culpable del delito de falso testimonio. Los otros uniformados y el reclutador ya fueron condenados por estos cuatro asesinatos que, quedó claro, no fueron producto de un hecho aislado sino de un concierto criminal para acabar con cuatro vidas y recibir, a cambio, un honor manchado de sangre.

Tantas similitudes en casos como este y el de Soacha hacen pensar que HRW tiene razón, que los falsos positivos “no fueron obra de unas cuantas manzanas podridas”, que hubo un andamiaje criminal detrás.

jjimenez@elespectador.com