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Hasta el momento no se han establecido las verdaderas razones por las que se ordenó el traslado desde la cárcel La Picota, a los calabozos del búnker de la Fiscalía del denominado hacker Andrés Sepúlveda.
A pesar de que ni sus abogados, ni la Fiscalía confirman o desmienten la información, se presume que el traslado obedece a razones de seguridad ya que en dicho centro penitenciario estaría recibiendo numerosas amenazas que ponen en riesgo su integridad.
Asimismo se conoció de manera extraoficial que esas amenazas –que surgieron desde su recaptura el 10 de junio- estarían afectando también a su núcleo familiar.
“Lo preocupante es que se encuentra en un establecimiento carcelario donde constantemente le están llegando amenazas, (...) le informan que algunos grupos que se encuentran allí están interesados en atentar contra su integridad personal” precisó hace unos días Carlos Duarte, uno de los abogados de Sepúlveda.
La investigación contra Sepúlveda
Según la investigación Sepúlveda Ardila había comprado un paquete de 20 correos electrónicos con sus respectivas claves de “gente en La Habana, que está en la mesa de negociación”. Hasta el momento solamente había pagado tres de los ochos millones. “Base de datos desmovilizados de la guerrilla que obtuvo por un contacto conocido como Torres en el COA, unidad adscrita al Ministerio de Defensa”.
Sepúlveda Ardila fue capturado el pasado 6 de mayo en el marco de un operativo adelantado por agentes del CTI de la Fiscalía General en su oficina ubicada en el norte de Bogotá donde se estarían adelantando actividades ilegales contra personas relacionadas con el proceso de paz así como otros dirigentes políticos.
En su computador personal, según el ente, estaban los informes relacionados con las interceptaciones realizadas a los correos al exvicepresidente de la República, Francisco Santos, así como funcionarios del Gobierno y guerrilleros de las Farc que tienen relación directa o indirecta con las negociaciones que se adelantan en La Habana.
Por una fuente anónima, la Fiscalía General obtuvo información sobre las actividades ilegales que se estarían adelantando en la oficina 211 ubicada en la calle 93b con 17. Según el ente investigador ahí se realizaban actividades dirigidas al ‘marketing negro’ en contra de un grupo preseleccionado.
En el momento de su captura, el desarrollador de software le manifestó a los investigadores, en presencia de su abogado, que estaba dispuesto a colaborar con las autoridades y dar detalles sobre las actividades que se adelantaban en su oficina e incluso en su domicilio.