Este jueves, el mismo día en que Yesid Reyes se posesionó como cabeza del ministerio de Justicia, los guardianes del Inpec decidieron entrar en un cese indefinido de actividades, alegando un abandono administrativo del Estado y un incumplimiento en el acuerdo firmado con el gobierno durante mayo pasado. Un convenio que había sido pactado por su predecesor, el exministro Alfonso Gómez Méndez, para ponerle fin a 12 días de paro que tenían al sistema judicial colapsado: las Unidades de Reacción Inmediata (URI) tenían índices de hacinamiento alarmantes, porque los funcionarios del Inpec se rehusaban a recibir más internos en las cárceles con sobrepoblación.
Esta estrategia, denominada Plan Reglamento, es la misma que desde hace casi tres semanas vienen implementando los guardianes en diferentes centros penitenciarios. El pasado 31 de julio se impidió el ingreso a la cárcel La Picota de Bogotá del coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo, recapturado luego de que estuviera 11 años prófugo y vinculado al crimen del periodista Jaime Garzón. Por su parte, el juez que lleva el proceso del detenido esmeraldero Pedro Nel Rincón, alias Pedro Orejas, sostuvo que no se acatado la orden de trasladar al procesado de la cárcel La Picaleña en Ibagué a la de Cómbita, Boyacá, un centro de máxima seguridad.
Estos dos casos son sólo la punta del iceberg. Tan solo este jueves, en el complejo judicial de Paloquemao en Bogotá, se han tenido que aplazar unas 50 audiencias, afectando un 90% de los procesos que allí se adelantan. Desde la mañana los guardianes y voceros alertaron que no habría traslado de reclusos a las diligencias judiciales y que sólo se atenderían urgencias y citas médicas. Eso sí, aseguraron que el funcionamiento interno de las cárceles no se afectaría.
“Se llama Plan Reglamento porque eso es lo que estamos haciendo: aplicar la norma tal cual como está descrita, por eso las actividades propias dentro de las cárceles se van a seguir realizando. Pero en la ley dice que ningún establecimiento puede superar el 20% de sobrepoblación. En el 80% de los 138 centros carcelarios del país esto se incumple. Nosotros no podemos trabajar en estas condiciones. Si ya hay hacinamiento es ilógico seguir recibiendo gente”, le explicó a El Espectador Hugo Téllez, jefe de transportes de la cárcel La Picota. Y agregó: “Se supone que las remisiones no se pueden hacer con menos de dos guardias por cada interno: en La Picota hay 70 u 80 personas que necesitan ser trasladadas y sólo 55 funcionarios para custodiarlos”.
De ahí que el Plan Reglamento esté interfiriendo con las audiencias y procesos judiciales. Además de, evidentemente, el riesgo de que la situación en las URI se torne insostenible como ocurrió en mayo pasado. En esa ocasión, Camilo Burbano, uno de los asesores del despacho del vicefiscal Jorge Perdomo, sostuvo que en estos establecimientos se estaba presentando “un problema de salud y de derechos humanos por el hacinamiento que hay, porque no hay espacio, y a estas personas las están custodiando a las afueras de estos lugares de paso”.
Sin embargo, los guardianes del Inpec sostienen que están “desbordando la capacidad logística por cumplir”, mientras el gobierno ignora las necesidades del sistema carcelario. “Queremos buscar soluciones, pero tenemos que mostrar el grave y grande problema para que el gobierno nos mire”, enfatizó Téllez. Por eso marcharon en la mañana del jueves hasta el ministerio de Justicia para protestar por la crisis del sistema carcelario y para que el gobierno les cumpla lo que les prometió hace tres meses. Precisamente, el Inpec ha entrado dos veces en paro en menos de un trimestre.
“El proceso de cumplimiento ha sido dilatorio por parte del gobierno. Es que Gómez Méndez no firmó un acuerdo a nombre propio, sino a nombre del gobierno. No nos han arreglado el tema de la reclasificación de los salarios que es tener sueldos acordes a nuestro grado y eso que era solo uno de los puntos. Es que hace más de 12 años que no recibimos un aumento”, argumentó Téllez. En pocas palabras, la acción que están emprendiendo los guardianes busca “abrirle los ojos” al país y al Estado sobre la situación carcelaria cuya precariedad viola varios derechos humanos. No en vano, la Defensoría del Pueblo ha reiterado su preocupación por las condiciones a las que están sometidos los reclusos.
El pasado 12 de agosto, el defensor Jorge Armando Otálora, insistió en que el hacinamiento carcelario es una emergencia social que debe ser atendida con voluntad política, porque la solución no está en construir más cárceles, sino en modificar el sistema penal acusatorio. La preocupación ahora es la duración del paro y sus consecuencias pues las URI vuelven a estar en riesgo y a los reclusos se les dilata su proceso penal. Una situación que se da apenas un día después de que trascendiera la renuncia del director del Inpec, Saúl Torres. A cargo de la institución quedó entonces el teniente Coronel Jhon Alejandro Murillo, actual Director de Custodia y Vigilancia.
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