Reabren proceso contra general (r) Castañeda por masacre de El Nilo, en Cauca

Este viernes la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia reabrió el proceso penal que se adelanta en contra el general (r) Fabio Castañeda y contra el mayor Jorge Enrique Durán Argüelles, por los hechos que rodearon la muerte de 20 campesinos en la hacienda El Nilo, del municipio de Caloto, Cauca.

El alto tribunal anuló la prescripción que la Justicia Penal Militar había dictado a favor de Jorge Enrique Durán Argüelles y Fabio Alejandro Castañeda, en febrero de 1999, y ordenó que un juez de Cali sea quien adelante de nuevo todo el proceso.

En agosto el Consejo de Estado concluyó en un fallo que los oficiales Castañeda –quien hasta marzo de 2013 se desempeñó como comandante de la Policía Metropolitana de Cali– y Durán fueron coresponsables de la masacre y los condenó al pago de una millonaria suma a favor de las familias de las víctimas.

Los indígenas fueron asesinados cuando se encontraban en la hacienda El Nilo, ubicada en el corregimiento El Palo, en el marco de una protesta pacífica “cuando un número no determinado de individuos, que portaban armas de uso privativo de las fuerzas armadas, llegó intempestivamente al lugar y tras reunir a los miembros de la comunidad y prenderles fuego a los ranchos que habitaban, obligó a las víctimas a tenderse bocabajo en el suelo donde las ejecutaron”.

Según la investigación penal, que fue tenida en cuenta en el estudio de la demanda que tiene la Nación por este hecho, la masacre fue ordenada por uno de los socios de la empresa que recientemente había adquirido la propiedad de la hacienda El Nilo y contó con la participación de civiles y miembros de la Policía Nacional acantonados en Santander de Quilichao.

Castañeda y Durán Argüelles han rechazado dichos señalamientos, asegurando que no se encontraban en la zona para el momento de los hechos. Igualmente en su defensa manifestaron que se trataba de un intento por enlodar su buen nombre y el prestigio de la Institución.

Por esta masacre, la Nación debe pagar a cada una de las 20 familias afectadas el monto equivalente a cien salarios mínimos legales vigentes, de los cuales Castañeda y Durán Argüelles, deberán “reintegrar a la Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional, porcentajes iguales al 40% del valor de las condenas impuestas”, dice la sentencia del Consejo de Estado.