Reacomodo del crimen organizado en tiempos del 8.000

 

Los comentarios del exjefe de la DEA, Joseph Toft, incomodaron al expresidente César Gaviria, de quien dijo no había impedido la fuga de Pablo Escobar, y también al presidente Ernesto Samper, a quien señaló de haber recibido dineros del narcotráfico en su campaña presidencial. El revuelo fue total, pero diplomáticamente, tanto el gobierno colombiano como su homólogo de Estados Unidos salieron a rechazar lo dicho por Toft. Éste, sin embargo, aseguró que lo afirmado se iba a probar y que tarde o temprano los capos de Cali y el norte del Valle se iban a entregar a la justicia porque así se había acordado con Ernesto Samper.

 

Aunque las explosivas declaraciones de Joseph Toft perdieron protagonismo con el curso de los días, desde distintos frentes comenzaron las presiones políticas y judiciales sobre el fiscal Valdivieso y el presidente Samper. Al primero le pedían que reabriera el caso de los narcocasetes. Al segundo que capturara a los capos de Cali para acallar a sus críticos. Entonces empezó una carrera contra el tiempo para ver quién cumplía primero su objetivo. El periódico La Prensa, de la familia Pastrana, no dio tregua y canalizó un sector de la opinión pública que insistía en que la justicia debía aclarar los vínculos entre la campaña Samper y el narcotráfico. 

 

A finales de abril de 1995, el fiscal Alfonso Valdivieso pegó primero. No solo ordenó varias capturas y reabrió la investigación de los narcocasetes sino que le pidió a la Corte Suprema de Justicia investigar a casi 20 dirigentes políticos por vínculos con el Cartel de Cali. De esta manera, surgió el escándalo político-judicial del llamado proceso 8.000, que habría de protagonizar la vida del país durante los siguientes años. Dos meses después, el 9 de junio, el Bloque de Búsqueda, creado para capturar a los capos de Cali, logró su primer objetivo. En el barrio Santa Mónica de Cali fue capturado el narcotraficante Gilberto Rodríguez Orejuela.

 

Cuando Gilberto Rodríguez Orejuela cayó detenido, casi de inmediato la mayoría de capos del cartel del norte del Valle puso en marcha su plan de entregarse a la justicia antes que ser capturados. El primero en hacerlo fue Henry Loaiza, alias ‘El Alacrán’, también sindicado de asesinatos en Trujillo (Valle). Enseguida lo hizo Víctor Patiño Fómeque, alias ‘El Químico’. Poco a poco los imitaron otros capos. Como estaba advertido, los que no se rindieron rápidamente ante la justicia, terminaron capturados. En julio, por ejemplo, cayó en Bogotá José Santacruz Londoño. En agosto fue aprehendido en Cali, Miguel Rodríguez Orejuela. 

 

A pesar de que en ese momento ya el escándalo del proceso 8.000 ardía y el presidente Samper se atrincheraba en su juez natural, el Congreso, los capos más representativos del cartel del Norte del Valle se recluyeron voluntariamente en las cárceles para negociar con la justicia, en especial a través de las rebajas formalizadas en la Ley 81 de 1993. Por lo demás, con el curso de las investigaciones judiciales se supo que esta ley también había sido objeto de peculiares debates y seminarios en Cali, con la presencia de legisladores que acudieron a esta ciudad a través de pagos realizados por empresas de fachada de la mafia de la capital del Valle.

 

En ese contexto de narcotraficantes resguardados legalmente pero vigentes en las cárceles, y otros en retirada buscando guaridas, se produjo, el 2 de noviembre de 1995, el asesinato del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado. El magnicidio permanece en la impunidad, pero una de las hipótesis planteadas, con base en testimonios de narcotraficantes, es que algunos capos del cartel del norte del Valle, en asocio con agentes del Estado, consumaron ese crimen. La razón habría sido su conjetura de que si Samper caía de la presidencia por el escándalo del 8.000, los capos presos serían extraditados y Gómez iba a ser el gestor. 

 

Este crimen político sigue sin esclarecerse, como también quedó impune la forma como los capos del cartel del norte del Valle y de Cali, en la misma época desataron su guerra aparte en las cárceles. De manera simultánea, como lo habían planeado, otros ganaron su libertad después de purgar unos pocos años de prisión. En septiembre de 1996,  cuando se entregó a la justicia Helmer ‘Pacho’ Herrera para sumarse a la ganga jurídica, se decía en los discursos oficiales que con la rendición de los mafiosos llegaban a su fin los carteles de la droga. En la práctica, lo que empezaba era una nueva era con protagonismo de los que no estaban descubiertos y seguían delinquiendo. 

 

A finales de 1996, ya absuelto Ernesto Samper por el Congreso y la mayoría de los capos del cartel del norte del Valle y de Cali presos, Estados Unidos  comenzó a presionar a las autoridades  para impedir que una vez libres, estos mafiosos continuaran su ya larga carrera delincuencial. Primero fue aprobada una ley de extinción de dominio con carácter retroactivo para garantizar que el Estado pudiera quitarle al narcotráfico su patrimonio mal habido. Después, a través de un  acto legislativo, el Congreso terminó por aprobar una reforma constitucional que permitió revivir la extradición de nacionales,  prohibida desde la constitución de 1991. 

 

Fueron días de enormes dificultades internacionales para Colombia porque desde Washington se insistió una y otra vez en que el país era remiso en su lucha antinarcóticos y había que descertificarlo. Solo a mediados de 1997, cuando revivió la extradición, cedieron las presiones. En ese momento empezaban a saldar sus cuentas los capos presos. Algunos, como Orlando Henao, máximo jerarca del cartel del norte del Valle, no alcanzaron a cumplir su objetivo. “El hombre del overol”, como fue conocido, fue asesinado en La Picota en noviembre de 1998. Una semana antes había corrido la misma suerte en la cárcel de Palmira, Helmer “Pacho” Herrera. 

 

Estos avances y retrocesos respecto al narcotráfico en la era Samper, mediados por las hábiles tretas de los capos para saldar sus cuentas con la justicia a través de beneficios y dádivas, no fueron muy distintos a las ambigüedades que se vivieron frente al accionar de los llamados grupos paramilitares.  Inicialmente, cuando apenas tomaba forma el proceso 8.000, el gobierno Samper determinó reactivar un decreto expedido durante la administración de Virgilio Barco (Decreto 814 de 1989),  para buscar el desmantelamiento de estas organizaciones criminales por la fuerza. Sin embargo, con el paso de los meses el trato fue cambiando. 

 

En enero de 1996, por ejemplo, antes de que el entonces ministro de Defensa Fernando Botero Zea, pusiera el escándalo del 8.000 en su punto más alto cuando aseguró que Ernesto Samper sí sabía del ingreso de dineros del narcotráfico a su campaña presidencial, el gobierno admitió que si estaba tratando de darle una salida política al tema del paramilitarismo. En concreto, trascendió que, con la mediación del obispo Isaías Duarte, el entonces ministro del Interior Horacio Serpa había adelantado contactos con emisarios de la casa Castaño, en procura de una posible desmovilización negociada de los grupos de autodefensa. 

 

En el libro “Mi confesión” del periodista Mauricio Aranguren, en el que el jefe paramilitar Carlos Castaño reveló algunos de sus secretos, admitió que Horacio Serpa le preguntó sobre la posibilidad de llevar a la autodefensa a un desarme y someterla a la justicia, por la vía jurídica y no política. Según Castaño, le respondió que solo pensaban en desarmarse políticamente cuando se acabara la guerrilla. En un segundo encuentro, Serpa propuso desmontar el paramilitarismo a punta de decretos, pero según Castaño, la fórmula no se concretó porque en los tiempos de Samper gobernaron más los gringos que, sin embargo, fueron tolerantes con las autodefensas. 

 

Un año después, cuando ya los grupos paramilitares representaban un proyecto político y armado de carácter nacional, y a través de un rosario de masacres expandían su dominio en varios departamentos del país, el gobierno de Ernesto Samper se vio forzado a cambiar su estrategia. Entonces creó un bloque de búsqueda para enfrentarlos y adoptó un programa de recompensas y de fortalecimiento de la Fiscalía General de la Nación para contener su avance. No obstante, ya era tarde porque el paramilitarismo, antes y después del paraguas jurídico de las Convivir, puesto en su sitio por la Corte Constitucional en un fallo de mediados de 1997, ya se abría paso en varios territorios de Colombia a sangre y fuego.

 

Aun así, a instancias del Consejo Nacional de Paz, creado en la era Samper, en la etapa final del gobierno se terminó dialogando con  Castaño, sus socios y sus secuaces. De hecho, en julio de 1998, a un mes de finalizar la accidentada administración Samper, se firmó el llamado Acuerdo del Nudo de Paramillo, supuestamente para abrirle camino a un eventual proceso de diálogo con las autodefensas. En dicho documento se avaló además la posibilidad de llegar a una solución política negociada y se declaró formalmente el inicio de conversaciones de paz. Como el papel aguanta todo, los paramilitares anunciaron su respeto al Derecho Internacional Humanitario.

 

Era claro que este acercamiento, autorizado por el gobierno Samper y en el que participaron como integrantes del Consejo Nacional de Paz, entre otros, los dirigentes políticos Luis Eduardo Garzón, Samuel Moreno, Alejo Vargas, Sabas Pretelt o Jorge Visbal, no iba a prosperar adecuadamente. No solo porque en ese momento ya los paramilitares actuaban sin Dios ni ley cometiendo asesinatos a diestra y siniestra o desplazando comunidades campesinas, sino porque el nuevo gobierno, presidido por Andrés Pastrana desde 1998, había decidido jugársela por un proceso de paz con los grupos guerrilleros, en especial con las Farc.

 

Cuando Ernesto Samper dejó la Casa de Nariño, esos grupos guerrilleros, no sólo actuaban a sus anchas como una máquina de guerra y de secuestro, sino que ya habían puesto en marcha su estrategia de plagios masivos de militares, policías y políticos para presionar su canje por insurgentes presos en las cárceles. A su vez, el paramilitarismo arreciaba desde Urabá, extendía sus huestes hasta Barrancabermeja o norte de Santander, o golpeaba sin clemencia en el Meta, Casanare o Antioquia. El narcotráfico, alimentando el combustible de la guerra en ambos bandos, en sí mismo producía un relevo generacional de nuevos capos.

 

En medio de las dificultades, la guerra sucia y el desprestigio de algunas instituciones, el estamento oficial que salió mejor librado fue la Policía. Su director, el general Rosso José Serrano, se volvió un héroe nacional, y sus hazañas en la persecución del narcotráfico llenaron páginas e imágenes de libros y videos. A la sombra quedaron muchas historias de otros oficiales de la Policía, que mientras sus homólogos se jugaban la vida, amasaron fortuna y poder aliándose con los capos. Como el coronel Danilo González, quien fungía como líder contra el secuestro y al mismo tiempo era socio de los mafiosos que recobraron las garras del cartel del norte del Valle.

 

Ya no estaban Orlando Henao o Iván Urdinola, pero empezaba a saberse de Wilber Varela, alias “Jabón”; de Hernando Gómez Bustamante, alias “Rasguño”, o de Diego León Montoya, alias “Don Diego”. Sus ejércitos privados hacían correr ríos de sangre en el norte del Valle, de la misma forma como en otras regiones, el narcoparamilitarismo estaba en auge. Unos y otros esperaban el giro que podría dar el país tras el relevo en la Casa de Nariño. En junio de 1998, cuando Andrés Pastrana derrotó a Horacio Serpa, se encendieron las alarmas entre las organizaciones criminales: se abría paso una nueva negociación de paz con la insurgencia.