La realidad de los indígenas nasa

La Corte Constitucional ordenó la semana pasada medidas de protección para los indígena nasa. Según el alto tribunal, de poco ha servido el acompañamiento del Gobierno. El Espectador habló con miembros de la comunidad para conocer a qué se enfrentan en su día a día.

Durante los últimos 20 años se han registrado por lo menos 23.000 violaciones a los derechos humanos de los indígenas nasa. Cortesía: El País
Durante los últimos 20 años se han registrado por lo menos 23.000 violaciones a los derechos humanos de los indígenas nasa. Cortesía: El País

Los indígenas nasa aprendieron a identificar el sonido de una pipeta de gas a punto de estallar. Sabían también en qué momento el Ejército disparaba y cuando lo hacía la guerrilla. Son sonidos, asegura un habitante de este sector de Jambaló (Cauca), que solo se aprenden a diferenciar si se ha nacido en medio de las balas. Es una habilidad que han adquirido, sin intensión, por culpa de la guerra. Esa que ha herido a por lo menos 500 indígenas de esas comunidades, que ha desaparecido a 100 y que ha cobrado la vida de 650 más. “El Ejército se suena a ráfagas. En cambio la guerrilla se escucha tiro a tiro”, le explicó a El Espectador Irme Condá, autoridad tradicional mecué del resguardo indígena de Jambaló (Cauca).

Por hechos como los que cuenta Irme Condá, la Corte Constitucional acaba de pronunciarse en una sentencia de 86 páginas en las que, además de ordenar medidas urgentes de protección a esta comunidad, resaltó la valentía y la firmeza con la que los indígenas nasa han sorteado más de 23 mil violaciones de derechos humanos en los últimos 20 años. Si bien no es novedoso que un alto tribunal exija la protección de esta comunidad –la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) les ha otorgado tres medidas cautelares en 2005, 2008 y 2011– lo que el fallo de la Corte significa es que, a pesar de los esfuerzos y de las reiteradas medidas de auxilio, las amenazas en contra de su cultura y existencia física, siguen latentes.

Los actores de las amenazas son diversos. Según la sentencia del alto tribunal, tanto las Farc, como grupos paramilitares y agentes de estado, han sido los causantes de la tragedia de estos indígenas. “Unos nos amenazan porque dicen que somos ayudantes de la guerrilla. Los otros nos mandan a matar porque aseguran que nosotros le colaboramos a los paras. Y las autoridades nos ponene en medio de la confrontación porque nos consideran un obstáculo para sus operaciones. ¿Qué somos? Indígenas. Nada mas”, expone uno de los líderes de la comunidad de Toribío que, por seguridad, no quiso dar su nombre.

Aunque en la tutela que revisó la Corte, presentada por la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), se recopiló con cuidado las violaciones que persisten en los pueblos de Toribío, San Francisco, Tacueyó y Jambaló, El Espectador recogió testimonios de tres habitantes que, como Irme Condá, han aprendido a vivir y a escuchar la guerra.

Alcibiades Sescué, alcalde de Toribío

A nosotros nos decían que éramos unos sapos o informantes del Ejército o de la Policía cuando de lo único que hablábamos era de los derechos de los indígenas. Para ellos, nuestro discurso era una política estatal. Pero lo único que buscaban con eso era estigmatizarnos. En 2000 fue cuando comencé a recibir las amenazas. Eran unos panfletos sin firmante pero eran de las Farc. Después de los papeles, me mataron a mi amigo Cristobal Sescué, que le dolió mucho al municipio porque era un gobernador del cabildo que había promovido la jurisdicción especial indígena en esa época. Ellos, los guerrilleros, lo mataron en su propia casa porque decían que no les permitía avanzar la revolución. Pero lo que él y muchos estábamos haciendo en ese entonces era sancionar a quienes estaban matando y desplazando a los nuestros. El caso de Cristobal Sescué, como muchos otros, estaban llenos de sevicia. Aunque no tanto como los paramilitares. Ellos usan hasta motosierras.

En 2003, un grupo de la Fiscalía me detuvo durante 19 días porque supuestamente había desviado unos dineros de la salud para entregárselos a los paras. Esa acusación me puso en un riesgo muy alto. Yo recibía toda clase de presiones y extorsiones. A mi los paramilitares men mandaron una vacuna directamente a mi oficina: decían que tenía que pagar $148 millones al año. Pero nunca lo hicimos. La consecuencia fue que me amenazaron a mí y a toda mi familia. Mi vida era una completa zozobra. Yo desde 2005, cuando la Cidh nos otorgó las medidas cautelares, yo pedí seguridad. Solo me lo asignaron hasta 2012 y la solución de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Policía, fue darme unos escoltas uniformados. Pero en las circunstancias que vivimos aquí, yo no puedo aceptar eso. Aquí la guerrilla está metida en el pueblo y yo no me puedo arriesgar a andar con personas con uniforme.

¡Yo he recibido muchas amenazas después de la de la vacuna! La más grave hasta ahora fue llegó en 2012 cuando la guerrilla me declaró objetivo militar. Yo a ellos les he quitado armas y los he sancionado por eso es lo que nos ven como antirevolucionarios y se tratan de desquitar. Que un indígena les quite sus armas es una ofensa, es imperdonable. La última vez que se desquitaron fue en 2014 cuando fusilaron a dos de mis compañeros. Pero no solo la guerrilla está metida en esto. Yo además he sido amenazado cuatro veces por los paramilitares y tres por las Aguilas Negras o Rastrojos, entre 2011 y 2012. Estas últimas son muy graves y nos preocupan mucho porque en los panfletos están ofreciendo $20 millones por líder asesinado. Hemos hablado con la fuerza militar pero a veces parece que no le paran bolas a uno.

Gabriel Paví, exalcalde de Toribío

El primer recuerdo que tengo de la guerra es del día que ocurrió la primera toma guerrillera en Toribio. Fue el 13 de enero de 1983 y ese día mataron a un exalcalde. Yo tenía 12 años y no pude ver mucho. Pero recuerdo el sonido de la guerrilla entrando al pueblo. Desde ese entonces vivimos en zozobra. Yo he contabilizado unos 14 ataques guerrilleros y a nosotros nos ha tocado asumir todo lo que ha dejado el conflicto. A nosotros solos. En 2011 fue el último atentado de gravedad que sufrió el pueblo. Supuestamente, el objetivo era al puesto de la Policía, pero resultaron 130 heridos, cuatro muertos y 400 afectados. Medio pueblo se vio afectado porque la zona en la que estalló el artefacto era un mercado y justo a esa hora estaba lleno.

Muchas de las personas que debían recibir las medidas cautelares de 2009, fueron asesinadas por falta de protección de la fuerza pública. Pero los asesinatos no son lo único grave de aquí. También se hay desaparecidos. No sabemos el paradero de varios miembros de la comunidad de Tacueyó y en Santander de Quilichao, por los paramilitares han desaparecido a más de cuatro personas. También hemos visto de cerca cómo era que las Farc se llevaba a los niños. Siempre lo han hecho. Los convencía de que se fueran con ellos, unos iban obligados y otros solo por dinero. Muchos padres presentaron las denuncias y los cabildos se organizaron para rescatar a algunos. Pero el miedo de otras familias no dejó que los buscaran.

A mí me han amenazado, por supuesto. Lo hicieron entre 2001 y 2003 cuando era alcalde. Recibí una carta en la oficina donde me catalogaban como objetivo militar. El remitente eran las Farc y decían que toda la institucionalidad del Gobierno era oligárquica y corrupta. Me dieron 15 días para que abandonara mi puesto. Pero no lo hice. La comunidad me ofreció protección y denunciamos los hechos. Eso fue hace ya unos años. Pero no han mermado las agresiones. El año pasado Los Rastrojos me pidieron dinero para que no colocaran una bomba en mi casa. Fue el 15 de julio de 2015 el día que recibí la amenaza. Puse la denuncia en la Fiscalía y la UNP me dio un celular y un chaleco de balas. Y aquí sigo.

Irme Condá, autoridad tradicional mecué del resguardo indígena de Jambaló

Nosotros tenemos grandes problemas: narcotráfico, amenazas territoriales y presencia de grupos armados. Hace años las Farc se tomaron el resguardo. Lo hicieron como parte de un proceso de control en que el desconocieron por completo la legitimidad de las autoridades indígenas. Eso molesta mucho dentro de la comunidad. Más de cuatro mil personas se organizaron para destruirles laboratorios procesadores de alucinógenos y armas. Por esta palea, asesinaron a uno de los compañeros más importantes de la comunidad: Marino Mestizo. Tengo clara la fecha: 22 de junio de 2010. Él estaba llegando a la vereda La Esperanza, de donde era nativo. Cuando estaba llegando, los abordaron unos encapuchados. Lo amarraron de las manos y se lo llevaron a un cañal. Minutos después, es asesinado. Solo tenía 45 años.

Después de su muerte, nosotros culpamos a la subversión. Hicimos una audiencia pública y evidenciamos lo que había pasado. Además, denunciamos que él tenía toda clase de amenazas y las garantías de protección que tenía eran mínimas. Es que aquí las autoridades y la fuerza pública no aportan muchas cosas. En 2005, por ejemplo, Jambaló se convirtió en un blanco. Quedamos en la mitad de las balas de la guerrilla y el Ejército. En ese momento aumentaron los desplazamientos: solamente en un día 1.300 personas salieron del pueblo y duraron por fuera 15 días. Esos enfrentamientos le causa terror o temor a cualquier persona. Es complicado sentir un aturdimiento o un bombardeo, y ver que hay tiros que pegan en la puerta, en las ventanas o en el techo. Eso causa mucho depresión.

Aunque desde que hay diálogos en La Habana, las cosas han cambiado. Hace unos años, de las 24 horas del día, descansábamos solo seis de las balas, las pipetas de gas y las explosiones. En 2008, por ejemplo, vivimos una semana en la que día y noche sin descanso se echaron balas entre la guerrilla y los soldados. La gente aprendió a escuchar y a vivir en medio de los enfrentamientos. Nosotros nos hemos ido adaptando: hay mucha gente que tiene sótanos y cuartos alternativos para protegerse de las bombas. Aquí, por lo menos, si cae otra pipeta, no nos vamos a morir de hambre.

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