Recta final en la Corte Constitucional en temas de paz

Se espera que para diciembre todos los casos tengan fallo. / Archivo El Espectador.

La Corte Constitucional entró en la recta final para la evaluación de los temas claves del Acuerdo de Paz. Son seis: la Jurisdicción Especial para la Paz, la reforma agraria, la participación en política, la Ley de Amnistía, la realización del inventario de bienes de la guerrilla y, por último, el blindaje jurídico al Acuerdo de paz. Todos estos expedientes ingresaron al alto tribunal en los primeros meses del año y, amparados por el mecanismo del fast track, y con los ojos vigilantes de la sociedad, los magistrados saben la responsabilidad de fallar en el tiempo acordado y teniendo en cuenta la importancia de los temas. Se espera que hoy, 30 de agosto, el primero de ellos consiga la mayoría de los votos de la Sala Plena: el del blindaje jurídico al Acuerdo. (Blindaje para la paz)

Los magistrados no tienen nada fácil esta tarea. Lo que ha trascendido de los debates dentro de la Corte es que la ponencia que presentó el magistrado Luis Guillermo Guerrero pide tumbar dos expresiones claves de ese acto legislativo. Para Guerrero, va en contra de la Constitución, el principio de legalidad y de la separación de poderes, el hecho de que en esa norma se obligue a las instituciones y autoridades del Estado a cumplir lo establecido en el Acuerdo Final. Esta tesis la apoyan los magistrados Carlos Bernal, Gloria Stella Ortiz e Iván Escrucería, conocidos como los “conservadores de la Corte”. Los opositores de esta ponencia: Alejandro Linares, Alberto Rojas, Antonio José Lizarazo y Diana Fajardo, han presentado sus reparos a la tesis de Guerrero. (Congreso aprueba en último debate blindaje jurídico a acuerdo final de paz)

Para los magistrados liberales, como son conocidos, el acto legislativo se debe declarar que va acorde con la Constitución sin ninguna condición o limitante. Para ellos, es claro que el blindaje jurídico del Acuerdo es un punto fundamental de lo que se negoció con la guerrilla y cumple con todos los requisitos para introducirlo en la carta política, tal cual se aprobó en el Congreso. Hasta ayer, la votación iba cuatro a cuatro y el futuro para el estudio de la norma estaba en manos de un conjuez. Pero ayer, la Corte convocó a una sala plena extraordinaria para definir si aceptaba o no el impedimento de la magistrada Cristina Pardo, por su relación de siete años como secretaria jurídica de la Presidencia. Y este tema, al igual que el estudio del acto legislativo, está empatado. 

Para los cuatro magistrados que consideran que Pardo debe participar en la votación, es claro que para la época en que el Gobierno expidió la norma, ella ya no hacía parte del gabinete de Santos y por eso tendría vía libre para participar. Sin embargo, los otros cuatro, defienden la idea de que, por su cercanía de tantos años con la Presidencia y al proceso de paz, debería dar un paso a un lado en el debate. Que Pardo pueda votar o no es crucial, pues sería ella la que desempataría la votación. El tema debería definirse en Sala Plena de hoy, pues se acaba el plazo para que el expediente esté en manos de los nueve magistrados. Fuentes cercanas al alto tribunal le expresaron a El Espectador su molestia por la demora en el estudio del impedimento.

(En contexto: Este es el texto completo del acuerdo final entre Gobierno y las Farc)

“Los magistrados deberían estar concentrados únicamente en el estudio del acto legislativo, en todos los detalles que son claves para la continuidad del Acuerdo de Paz por muchos años más. Por eso es que la llegada de Pardo a la Corte es muy problemática. El Gobierno quería asegurar una silla dentro de la Sala Plena, pero no se dio cuenta del daño que le hace al estudio de las normas”, señaló un académico cercano al proceso. Otra de las críticas que se escuchan alrededor de este debate es el hecho de que el caso del blindaje jurídico del Acuerdo quede en manos de un conjuez, si la votación de hoy queda empatada. “Aunque confiamos en la palabra de los conjueces, no puede ser que a la Corte le quede grande fallar en un tema tan importante para Colombia como este”, agregó un exmagistrado.

Abogados, académicos y asesores cercanos al proceso de paz han dicho que, de acoger la ponencia de Guerrero, las consecuencias no serían catastróficas, pero sí debilitarían el trabajo de seis años de diálogos entre el Gobierno y las Farc. No por nada, el tema del blindaje jurídico fue uno de los que más tiempo de discusión tuvieron en el proceso. La preocupación se concentró en qué pasaría si después de la desmovilización o de la entrega de armas llegaba un Gobierno que no estuviera dispuesto a cumplir con el Acuerdo. Por esta razón, las partes convinieron que, durante los próximos tres gobiernos, exista la obligación de respetar lo pactado. Al respecto, la guerrilla ha dado un parte de tranquilidad pues, aseguran, al haber entregado el texto final en Ginebra (Suiza), no hay nada que pueda modificarlo.

Pero es claro que, si no existe la obligación para el próximo gobierno de respetar lo pactado, el futuro de la aplicación del Acuerdo quedaría en suspenso. Ya se han escuchado las posturas del expresidente Álvaro Uribe, quien aseguró que, si el Centro Democrático llega a la Presidencia, su deber será cambiar ciertos puntos del Acuerdo, como el de la justicia y la participación en política. Los demás temas claves que estudia la Corte se calcula que tengan sentencia en la Corte en diciembre de este año. Por eso, desde ya, el futuro de la continuidad de la aplicación del Acuerdo Final será el punto clave para las elecciones de 2018 y sus resultados mostrarán el camino que tomará el proceso de paz.