‘La reelección de Uribe fue inconstitucional e ilegal’

“El actual gobierno se encuentra usurpando el poder político y jurídico. Y, por tanto, se encuentra justificada y legitimada la desobediencia civil, ya que los ciudadanos no estamos obligados a obedecer a un gobierno que fue elegido gracias a un delito, violando las reglas básicas del juego de la democracia y del Estado constitucional de Derecho”. 

 

Estas fuertes palabras hacen parte del salvamento de voto presentado en 2008 por el magistrado Jaime Araújo Rentería contra la sentencia mediante la cual la Corte Constitucional le dijo no a la posibilidad de anular la sentencia de 2005 en la que el alto tribunal declaró constitucional el acto legislativo que, en 2004, le abrió la posibilidad a la reelección del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. 

 

Acto cuyo trámite, como ya se sabe, estuvo plagado de una serie de irregularidades por las que la Corte Suprema de Justicia acaba de condenar a los exministros Diego Palacio y Sabas Pretelt de la Vega y al exsecretario General de Presidencia, Alberto Velásquez, a penas cercanas a los 80 meses de prisión. 

 

Ese 2008, tras condenar a la excongresista Yidis Medina por votar favorablemente el proyecto reeleccionista a cambio de prebendas, la Corte Suprema de Justicia le envío a la Corte Constitucional una copia del fallo contra Medina para que estudiara la posibilidad de anular la sentencia en la que declaró exequible tal acto. La Corte dijo que no porque, en su criterio, ya no podía tumbar la mencionada decisión. 

 

Sin embargo, hubo un magistrado que se apartó de la decisión y se fue lanza en ristre contra el gobierno de Uribe: Jaime Araújo Rentería. En su salvamento, Araújo sostuvo que el acto legislativo que aprobó la reelección se encontraba “viciado de nulidad absoluta, por cuanto es consecuencia de un delito, el delito de cohecho (…) Si el delito no genera la nulidad ¿Qué lo haría? Cuando el delito es el acto de corrupción más grave y tiene la máxima sanción del ordenamiento jurídico (…) La corrupción, el crimen o el delito, no pueden ser nunca y bajo ninguna justificación o circunstancia, fuente de derecho”

 

Agregó que si el acto legislativo era nulo, “la consecuencia es que estamos en el régimen de la Constitución de 1991, esto es de prohibición de toda reelección presidencial, no importa si el apellido es Uribe, Pastrana, Samper o Gaviria”. Por ello dijo que “no sólo el presidente y el vicepresidente sino todo el gobierno, toda la rama ejecutiva, comenzando por los ministros y todos los que han sido nombrados, designados, ternados o candidatizados por el Ejecutivo actual, se encuentran en una situación de inconstitucionalidad e ilegalidad y están usurpando el poder político y jurídico, ya que estos últimos han derivado su poder político y jurídico de un gobierno ilegitimo”. 

 

Y que, en consecuencia, todos los actos de gobierno que realizaran tanto el presidente, como sus ministros y su equipo de gobierno se encontraban viciados de inconstitucionalidad e ilegalidad, “razón por la cual se encuentra justificada desde el punto de vista iusfilosófico la desobediencia civil (…) Ya los ciudadanos no están obligados a pagar impuestos a un gobierno ilegitimo, ni los militares a acatar sus órdenes. Como los ciudadanos no deben obedecer las normas siempre y en todas las circunstancias, este deber de obediencia termina cuando la norma es injusta, o ilegitima (por que emana de quien no tiene el poder de expedir ese acto jurídico) o es inconstitucional”. 

 

Dijo, además, que tal nulidad, que tal ilegalidad, no podía subsanarse “a través de votos o de actos de guerra (…) Constituye también un exabrupto jurídico y moral argumentar que una situación jurídica inconstitucional e ilegal pueda ser subsanada con votos, con actos de guerra o con políticas de gobierno, cuando desde el punto de vista tanto jurídico como moral, la injusticia, la inconstitucionalidad y la ilegalidad no se pueden subsanar ni refrendar, menos aun acudiendo a un falso concepto de democracia”. 

 

“El que los votos borren los delitos no es posible en un estado de derecho, quienes así lo propongan, proponen en realidad un golpe de estado”. Porque, en su criterio, la democracia “no hace relación simplemente a un hecho o de unos votos o unas mayorías, sino que hace relación a un marco de presupuestos jurídicos y normativos que son los que otorgan validez y legitimidad a los votos y a la democracia”. Y tomó como ejemplo a Adolfo Hitler y Benito Mussolini, jefes del nazismo alemán y del fascismo italiano, respectivamente. 

 

Dijo que ellos  en su momento, “fueron o bien elegidos por las mayorías de sus países o contaban con el apoyo de estas mayorías, y sin embargo, en ninguno de estos casos puede hablarse de democracia, la cual presupone unos contenidos y presupuestos jurídicos-normativos relativos a principios, valores y derechos constitucionales que hay que respetar para que se pueda otorgar validez a las mayorías (…) Las mayorías condenaron a Jesucristo y absolvieron a Barrabás y sin embargo quien tenía la razón, la verdad y el derecho era Jesucristo. Por tanto, el argumento de las mayorías no hace desaparecer la inconstitucionalidad, la ilicitud o la criminalidad”. 

 

Luego denunció que, al interior de la Corte, hubo una serie de irregularidades para dejar en firme el proyecto reeleccionista y acusó a algunos magistrados que, en su criterio, se encontraban impedidos para participar del debate por haber sido beneficiados con la reelección. Se refirió, entre otros, al hoy magistrado Mauricio González Cuervo, a quien cuestionó por haber sido ternado por Uribe en su segundo período y haber sido un férreo defensor de la reelección. 

Lo mismo hizo con el entonces magistrado Manuel  Cepeda, “porque su padre había sido designado como embajador por el presidente reelegido y al anular el acto legislativo vendría otro presidente a nombrar otros embajadores, de modo que la permanencia del presidente es la que garantiza la permanencia de su padre embajador”. Sin embargo, al final, su crítica fue para toda la Corte. 

 

Su conclusión sobre el alto tribunal fue lapidaria: “Esta Corte ha hecho posible lo imposible desde el punto de vista del Estado constitucional de Derecho: que el delito pueda más que la Constitución, que esté por encima de ella, esto es, se ha convalido un delito; se ha refrendado el crimen, la inconstitucionalidad y la corrupción”. Ahora, siete años después, la Corte Suprema de Justicia confirma que tras la aprobación del proyecto reeleccionista sí hubo un delito, uno que cambió la historia de Colombia.