Un desfalco de $18.000 millones

Refinería del Meta, la nueva pesadilla de Alan Jara

Pormenores del expediente que hoy enreda al exgobernador y tiene cuatro personas presas por contratos que se firmaron entre 2012 y 2015. Uno de ellos estaba a punto de fugarse a Francia.

El exgobernador del Meta Alan Jara, la exsecretaria Jurídica Luz Stella Casasfranco, el exdirector del Departamento Administrativo de Planeación Departamental Hernando Martínez y Ricardo Rodríguez, exgerente de Llanopetrol. Archivo

Luego de vivir un secuestro de ocho años, Alan Jara se ve envuelto en otra pesadilla. Esta vez, por sus presuntas irregularidades durante su segundo mandato como gobernador del Meta (2012-2015), al crear la Empresa de Petróleos del Llano (Llanopetrol) y revivir el sueño que tenía a finales de los 90: construir la refinería de ese departamento. Esta semana, cuatro personas que eran de su entera confianza y que pertenecieron a su administración fueron detenidas, tras una investigación que se adelantó desde octubre de 2016 por un informe de la Contraloría.

La Fiscalía arrestó a Ricardo Rodríguez Henao, exgerente de Llanopetrol y quien ya tenía listas las maletas para escapar de las autoridades rumbo a Francia, de donde tiene nacionalidad. También capturó a Luz Stella Casasfranco, la mano derecha de Jara en la Gobernación y quien trabajó como secretaria jurídica encargada del departamento. El tercero fue Hernando Martínez Aguilera, exdirector del Departamento Administrativo de Planeación de Meta. Y el último en caer fue Jairo Iván Frías Carreño, exsecretario de Hacienda y de Planeación y Desarrollo, y rector de la Universidad de los Llanos.

El Espectador conoció detalles del expediente en el que se estima que son $18.265 millones los que se perdieron. Se trata de un proyecto que comenzó costando casi $5.000 millones —para desarrollar estudios previos— y que terminó rondando los $72.000 millones. Es decir, se habría perdido alrededor del 25 % de los recursos que destinó el gobierno de Jara para analizar la posibilidad de construir una refinería que, a hoy, no se sabe si tendrá vida. “No se evidenció físicamente ningún proceso constructivo; muestra de una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente y una falta de planeación en el manejo de recursos”, dijo la Fiscalía.

El proyecto de la construcción de la refinería del Meta comenzó en febrero de 2012, cuando la Asamblea Departamental facultó al gobernador Alan Jara para crear una nueva estructura administrativa en el departamento. En mayo de ese mismo año también le permitieron modificar el presupuesto para crear Llanopetrol. En un documento firmado por la secretaria jurídica Casasfranco, se argumentó que Llanopetrol era de vital importancia para generar nuevos ingresos al departamento más allá de las regalías y aumentar el empleo en la región.

Los números y las cifras que presentó la gobernación de Alan Jara eran de ensueño: tres años después de entrar en operación, la refinería del Meta sería autosostenible; a los cuatro años duplicaría su capacidad de refinación a 80.000 barriles, y para el 2020 tendría la infraestructura para producir 120.000 barriles de petróleo refinado. Pero al parecer todo quedó en palabras, porque funcionarios del Meta y el exgerente de Llanopetrol despilfarraron el presupuesto.

Desde que Alan Jara creó Llanopetrol bajo el decreto 185 del 31 de mayo de 2012 comenzaron los problemas. Lo primero fue que Ricardo Rodríguez Henao fue escogido por Jara como gerente de Llanopetrol el 8 de junio de 2012. El lío es que Rodríguez, sin tener “legitimidad alguna”, dijo la Fiscalía, había presentado el 11 de mayo de 2011 —un mes antes de ser nombrado— el proyecto 452, con el que se buscaban más de $5.000 millones para elaborar los diseños de prefactibilidad de la refinería. Es decir, en su calidad inexistente de gerente —Llanopetrol aún no estaba creada— y presentando tres documentos con su firma como soporte, le solicitó al secretario de Hacienda, Jairo Frías, que destinara esa cifra para darle vida al proyecto.

La Contraloría y la Fiscalía sostuvieron que para la presentación de ese proyecto no se cumplieron requisitos como completar una serie de fases previas a la estructuración de la propuesta, en la que se debían presentar estudios legales, financieros, técnicos y de mercado. Asimismo, para el 11 de mayo de 2012 ni siquiera el gobernador Jara tenía el permiso de la Asamblea para realizar ajustes presupuestales y, para marzo de ese mismo año, Ricardo Rodríguez solicitó cotizaciones presentándose como el gerente de Llanopetrol. Finalmente, las autoridades concluyeron que se había establecido un año para la ejecución de ese presupuesto y a la fecha no se sabe a dónde fueron a parar esos recursos.

El proyecto terminó recibiendo en enero de 2013 $18.757 millones para su ejecución, luego de que Hernando Martínez, exdirector del Departamento Administrativo de Planeación del Meta, lo viabilizara. Este mismo personaje fue el que el 14 de junio de 2013 solicitó una actualización del proyecto de elaboración de estudios y diseños de la refinería y aumentó el valor a $40.000 millones. La irregularidad, según las autoridades, es que no se encontró justificación alguna para ese incremento, que terminó siendo de casi el 900 %.

La siguiente irregularidad es que el exgerente de Llanopetrol presentó nuevamente el 28 de junio de 2013 un proyecto que era exactamente igual al de un año atrás: elaboración de diseños de prefactibilidad para la refinería del Meta. Esta vez pedía otros $18.757 millones, lo cual “iba en contravía de lo dispuesto por el presupuesto departamental”, dijo la Fiscalía. El organismo agregó que otra acción que ocasionó el despilfarro fue la segunda solicitud de actualización del valor del contrato 452, el 28 de julio de 2014, en la que pidieron que aumentaran a $72.500 millones los recursos, para destinarlos al contrato de empresas que hicieran —por enésima vez— estudios de prefactibilidad.

Jairo Frías, quien era el secretario de Hacienda y estaría negociando un preacuerdo con la Fiscalía para convertirse en testigo contra Alan Jara, fue quien suscribió un convenio en 2012 por $4.000 millones para que, nuevamente, se hicieran estudios previos para la construcción de la refinería. Según los investigadores, Frías se designaba a sí mismo supervisor de dichos contratos —que al parecer no tuvieron control alguno— y era quien supuestamente daba “viabilidad a las prórrogas y adiciones desproporcionadas”.

La Fiscalía precisó que la falta de control por parte de la Gobernación del Meta le permitió a la empresa Llanopetrol celebrar 116 contratos que nada tenían que ver con la elaboración de estudios previos, pues a la fecha “no existe un estudio final de prefactibilidad. No hubo un gerenciamiento estratégico”, puntualizó el organismo de investigación al señalar al exgerente Ricardo Rodríguez como uno de los principales responsables. Además lo acusó de contratar a dedo servicios que nunca fueron entregados y que hoy tienen en vilo la construcción de la refinería.

Entre los señalamientos más fuertes de la Fiscalía se encuentra que Luz Stella Casasfranco, mano derecha de Jara y quien ejerció como secretaria jurídica encargada, había participado en el fracaso de la construcción de la refinería del Meta en 1999, cuando Jara era gobernador. Ella fue la gerente de la extinta Empresa de Petróleos del Meta que se creó para viabilizar el proyecto y que terminó en medio de líos legales por la pérdida de $22.000 millones. La hipótesis es que Casasfranco rearmó la estructura corrupta para desfalcar otra vez al Estado, como podría haber ocurrido a finales de los años 90.

La Fiscalía también afirmó que Casasfranco sabía que 12 años atrás se habían adelantado estudios de prefactibilidad y análisis financiero y para la construcción de la refinería del Meta, por lo que no entendía por qué no se hizo una actualización de dichos informes y se evitaba generar un gasto mayor al departamento. Esto mismo podría aplicar para Alan Jara, pues ambos guardaron silencio en las reuniones de junta directiva y no advirtieron de posibles daños patrimoniales que podrían generarse por realizar dos veces el mismo trabajo.

A las cuatro personas capturadas las procesan por peculado por apropiación, contratación sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos. Hoy, los terrenos donde supuestamente funcionaría la refinería del Meta son un lote baldío. Ni una sola máquina o trabajo se ve alrededor. Los dineros que harían realidad ese sueño terminaron en bolsillos particulares y pagando ostentosas cuentas que nada tenían que ver con el proyecto. Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia investiga a Alan Jara, quien actualmente es el director de la Unidad de Víctimas.