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Las playas de Buenaventura, célebres por ser el principal lugar de desembarco de productos importados a Colombia, se convirtieron desde hace casi dos años en escenario de una oscura guerra cuyas consecuencias apenas ahora comienza a conocer el país y aún siguen siendo negadas por algunos habitantes de ese puerto del Pacífico. La prueba más concreta de ello es que durante los últimos 15 días se ha encontrado en las orillas del mar una decena de partes de cuerpos humanos aún sin identificar, pese a las 20 denuncias de desapariciones que se han registrado este año.
Los hallazgos, que hacen que el nombre del puerto resulte un eufemismo frente a la realidad que vive, fueron certificados por Medicina Legal, mientras que el CTI de la Fiscalía encontró dos casas en el barrio Viento Libre, ubicado al frente de la playa, en las que al parecer se habría llevado a cabo descuartizamientos como consecuencia de la guerra por las rutas de las drogas y el control de microtráfico que libran los Urabeños y la Empresa (una disidencia de los Rastrojos), situación que fue reportada por este diario hace un año y que había sido desmentida, incluso por autoridades locales, en sendas cartas de rectificación a El Espectador. La Defensoría del Pueblo evalúa hacer una tercera visita en menos de seis meses, tras haber alertado el desplazamiento forzado de 2.516 personas. Una clara evidencia de que Buenaventura sigue siendo invisible para el país y está llena de criminales que agudizan su crisis humanitaria.
La operación conjunta de la Sijín de la Policía y el CTI, que desmanteló las famosos “casas de pique”, comenzó después de que se denunciara semanas atrás la desaparición de tres pescadores y un vendedor de minutos de celular. Las autoridades llegaron hasta las viviendas ubicadas frente a las playas y, al hablar con los vecinos, se enteraron que días antes habían escuchado gritos en el interior de los inmuebles. Tras verificar la información, el CTI ordenó realizar un estudio de luces forenses con luminol, la sustancia que permite reconocer rastros de sangre.
Fue entonces que las inspecciones realizadas esta semana concluyeron que en dos inmuebles ubicados en los sectores de baja marea, es decir, las casas en madera que quedan frente al mar, se había producido una serie de asesinatos, ya que en sus paredes había rastros de sangre. Las autoridades están alertas por el renacimiento de las tristemente célebres “casas de pique”, lugares donde los organizaciones criminales torturan y descuartizan a sus víctimas. Para el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, lo que está sucediendo en Buenaventura es preocupante, pues en lo corrido del año los índices de homicidios se han incrementado considerablemente, al punto que a la fecha van 58.
Una de las más recientes víctimas fue Élmer Rubián Marín, de 26 años, un vendedor de celulares que fue llevado a una de las “casas de pique” del puerto. Varias partes de su cuerpo fueron halladas por las autoridades en la playa. Igualmente, fuentes del CTI informaron que ha sido posible establecer que algunas de los brazos, piernas, torsos y cabezas encontrados bajo las casas del barrio Viento del Mar pertenecen a los tres pescadores desaparecidos. Sin embargo, advirtieron que, por el avanzado estado de descomposición de los cadáveres, la labor de identificación se ha tornado imposible.
En febrero de 2013 El Espectador recorrió las calles del puerto y habló con sus habitantes. En esa oportunidad se registró el incremento de una violencia que cobraba día a día la vida de un poblador. “Ha hecho carrera la más cruel de las modalidades de asesinato: la desmembración, el descuartizamiento de gente a toda hora, de día y de noche. Hay casas donde llevan a la gente a descuartizarla. Los vecinos escuchan los gritos de dolor, la gente no puede dormir, y menos denunciar si no quiere ser el próximo picado. Son casas en muchos barrios, no es un solo caso, son muchos y a esas casas las llaman los picaderos”, dijo en ese entonces uno de los habitantes. A pesar de la negativa que generó el reportaje del El Espectador, hoy la realidad, tristemente, confirma los hechos.
La oleada de violencia que azota al puerto no cesa desde finales de año. En octubre de 2013 la Defensoría del Pueblo emitió una alerta por la situación de violación de derechos humanos que se estaba presentando en Buenaventura. En esa oportunidad la entidad volvió a advertir sobre los descuartizados que aparecían en las calles y las playas del municipio vallecaucano, producto de la desenfrenada guerra que habían desatado los Urabeños y la Empresa, que el año pasado dejó un centenar de muertos y 165 desaparecidos.
A esto se suma la preocupación del delegado de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia sobre el desplazamiento intraurbano. El pasado 6 de noviembre, 2.516 personas que vivían en los barrios Viento Libre, Alfonso López, La Calle Ramiro y El Puente de los Nayeros tuvieron que abandonar sus hogares, 629 familias que denunciaron que vivían en un mundo de amenazas y extorsiones en el que los menores no tenían otro camino que vincularse a alguno de los grupos criminales, porque de otro modo los asesinaban.
En diálogo con este diario, el defensor del Pueblo manifestó que a pesar de que la Fuerza Pública ha logrado capturar a más de 80 personas vinculadas con los Urabeños y la Empresa, la presencia del Estado es nula. “Hay que articular todas las entidades locales y nacionales, porque hay desgobierno“, puntualizó Otálora. Agregó que la lucha por el control del narcotráfico en la ciudad ha agudizado la situación.
Esta semana el gobernador del Valle, Ubéimar Delgado, planteó la posibilidad de militarizar el puerto. Su propuesta fue rechazada por algunos sectores de la comunidad y por el propio defensor del Pueblo, quien indicó que “la militarización no es lo más conveniente, por el contrario, además de reforzar las labores de inteligencia y la Fuerza Pública, lo fundamental es crear una política pública en inversión social, salud y trabajo para generar desarrollo. El Ejército no va a solucionar el problema de derechos humanos”.