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El billonario contrato de concesión para el registro del parque automotor, conductores y tarjetas de operación en Bogotá está bajo la lupa de la Contraloría Distrital. En un informe de 53 páginas, enviado el pasado 21 de mayo al secretario de Movilidad, Rafael Eduardo Rodríguez, el organismo de control fiscal advirtió serias irregularidades en la prórroga de la concesión que desde 2007 viene operando el consorcio Servicios Integrales para la Movilidad (SIM). Los hallazgos son tan graves, que el contralor Diego Ardila ya le dio traslado de este informe y sus anexos a la Fiscalía y a la Personería con el fin de que investiguen a todos los funcionarios y contratistas involucrados en un negocio calculado a 2022 en más de $2 billones.
El Espectador conoció toda la documentación que soporta los reparos despachados por la Contraloría, así como algunas intimidades del proceso que provocaron suspicacias. La historia de esta concesión empezó enredada desde 2007, cuando se le otorgó este contrato al SIM con fecha de terminación en 2016. Aunque no se estableció el monto del negocio, pues dependía de distintas variables como el número de usuarios registrados y del aumento del parque automotor, se estableció que el concesionario y el Distrito se repartirían por igual el recaudo del dinero. En julio de 2008 se hizo la primera adición a este contrato por un valor de $5.600 millones para que el SIM actualizara los registros de los taxis.
Originalmente el consorcio SIM estaba integrado por las firmas Taborda Vélez y Compañía, Data Tools, Creative Soft y Quipux, y hasta 2014 registraba distintos incumplimientos por los que fue sancionado por la Secretaría de Movilidad con multas superiores a $217 millones. Pese a esto el Distrito ha reconocido que el servicio del SIM tiene hoy 31 puntos de servicio repartidos, 17 satélites en concesionarios y dos centros especializados, “por encima de los requerimientos del contrato”, lo que ha permitido aumentar “la capacidad operativa actual de atención a los ciudadanos en los puntos de servicio de 1.200 a 5.700 ciudadanos, atendiendo más de 1’500.000 usuarios en 2013”, según un reciente comunicado de la Secretaría de Movilidad.
Los enredos se multiplicaron el pasado 10 de febrero cuando el Distrito prorrogó hasta 2022 esta concesión. Para la Contraloría este proceso se hizo en tiempo récord, vulnerando de manera flagrante los principios de planeación, transparencia y selección objetiva, sin que los estudios previos por parte de la Secretaría de Movilidad soportaran esa decisión y aumentando en un 149% el monto del contrato (por ley sólo se puede adicionar hasta un 50% del valor inicial). Las particularidades sobre este negocio comenzaron poco antes. El 8 de enero el asesor de la Secretaría Alexánder Rincón envió un concepto en el que pidió la prórroga de la concesión, pues la consideraba la mejor inversión para la Bogotá Humana.
El consorcio SIM venía quejándose de que necesitaba recursos para ampliar la bodega en donde se guarda y clasifica todo el archivo documental de los trámites de registro del parque automotor y los conductores en Bogotá. Debido a la demanda, las proyecciones iniciales se quedaron cortas y este lugar ya no daba abasto. Por eso al asesor Rincón le pareció un gran negocio que prorrogando el contrato hasta 2022, el SIM se comprometía a invertir cerca de $28 mil millones en esta nueva bodega. Poco después, el 16 de enero, el secretario de Movilidad, Rafael Rodríguez, resolvió reasumir la facultad de celebrar y suscribir las adiciones y prórrogas de los contratos, que desde 2007 venían realizando los subsecretarios.
El 3 de febrero pasado, en un curioso reporte de 42 páginas, se presentó el estudio de justificación que recomendaba la prórroga con el SIM. Al concluir que se trataba de un acuerdo favorable para el Distrito y que se cumplían todos los requisitos legales, se recomendó la ampliación de la concesión hasta 2022. Lo curioso es que el propio secretario de Movilidad —de quien se dice es muy cercano al concejal Severo Correa—, firmó esa recomendación. “Nunca antes había visto una autorrecomendación en un proceso contractual”, le dijo a este diario una fuente enterada de este proceso. Con estos soportes, el 10 de febrero, se protocolizó la cuestionada prórroga.
La Contraloría criticó todo el proceso, recordó los incumplimientos del SIM y advirtió que 17 días antes de la prórroga el secretario de Movilidad avaló la modificación del consorcio para que las sociedades Taborda Vélez y Creative Soft cedieran su porcentaje de participación en favor de las firmas SITT y Suitco. Para el organismo de control resulta inaceptable este repentino cambio, pues el Distrito amplió la concesión por 6 años más a un consorcio constituido por nuevos contratistas, “cuya capacidad no es la misma a la evaluada en el proceso licitatorio de 2007 y cuyos criterios de experiencia y contratación no fueron seleccionados en un proceso administrativo transparente”.
La Contraloría aseguró que la Secretaría de Movilidad no hizo una proyección de los ingresos percibidos por ese consorcio durante el tiempo de concesión y que eso generó un vacío en la sustentación de la prórroga. El organismo fiscal realizó una proyección financiera teniendo en cuenta el comportamiento del recaudo total del contrato y los ingresos percibidos por el consorcio y estimó que entre 2007 y 2016 el valor podía llegar a los $990 mil millones. En esa proyección estimó que la prórroga hasta 2022 sumaba más de $2 billones, es decir, 149% más que el valor original del negocio. De allí que criticara al Distrito por no haber desarrollado un nuevo proceso licitatorio y porque en su criterio se incumplieron las normas básicas de la transparencia.
Además recalcó que dado el monto del negocio resulta impensable que se otorgara una prórroga de 6 años por más de $2 billones sólo porque el concesionario se comprometió a invertir $28 mil millones para adecuar una bodega documental. Como si fuera poco, nunca se pidió el concepto del interventor del contrato al momento de considerar la prórroga. De hecho el interventor Alfonso Medina le envió una carta al secretario Rafael Rodríguez, el pasado 13 de mayo, en la que se mostró extrañado por esta prórroga inconsulta y le dijo que tenía conocimiento de que el concesionario SIM estaba adelantando propuestas para resolver la ampliación de la bodega desde antes de la cuestionada adición contractual.
En diálogo con El Espectador, el contralor Diego Ardila manifestó que se encontraron presuntas irregularidades que lo obligaron a enviar este caso a la Fiscalía y a la Personería, y que su entidad está preparando una acción legal para tumbar la billonaria prórroga contractual al consorcio SIM. “En el Distrito argumentan que todo está bien y que se hizo para ampliar la bodega del archivo del parque automotor, pero una adición de casi $2 billones no se compadece con ese contexto”, sentenció Ardila. Por su parte, la Secretaría de Movilidad sostuvo que el proceso estuvo apegado a la ley y que los estudios determinaron que esta prórroga “permitiría subsanar la necesidad de almacenamiento y cubrir las inversiones adicionales asumidas por el SIM, sin generar costos para el Distrito”.
Por lo pronto, mientras las autoridades revisan la legalidad de este contrato, la Fiscalía y la Personería inician investigaciones paralelas. En el Distrito aseguran que no hay ni siquiera por qué hablar de sospechas en una prórroga que para el gobierno de Gustavo Petro resultó un excelente negocio para la ciudad.
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@jdlaverde9