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Leonardo Díaz Calvo tiene 61 años. Cuando llegó a Kazajistán, tenía 55. El 25 de mayo de 2010, en el aeropuerto de Almaty, antigua capital de ese país, le decomisaron una maleta que, le dice Leonardo Díaz a su familia, se habría añadido a su equipaje en Brasil, en donde se encontró con un socio de un hombre que le dijo llamarse Jean Luka Ventura y quien le ofreció hacer negocios con él en China. La maleta estaba llena de droga y por ello, cinco días más tarde, Leonardo Díaz Calvo fue condenado a 18 años de prisión.
Por la situación en la que fue condenado y por una grave enfermedad mental que tiene su hijo, le ha pedido al Estado colombiano que lo reciban en una cárcel del país para pagar el resto de su condena. Dice, además, que el frío kazajo le genera dolores insoportables en la lámina de metal que lleva en su pierna derecha desde los 37 años, lo que ha diezmado su estado físico de manera significativa. Pero las respuestas del Ministerio de Justicia siempre han sido negativas.
Para Blanca Henríquez, la abogada que desde septiembre del año pasado asumió su caso, lo que ha ocurrido con Leonardo Díaz es un caso de negligencia estatal y por ello planea interponer una tutela en contra del Ministerio de Justicia, por presuntamente estar violando los derechos fundamentales de Díaz. Por su parte, el Ministerio asegura que las solicitudes de Díaz han sido negadas porque no han cumplido con los criterios establecidos para repatriar a alguien por razones humanitarias.
Los primeros acercamientos de la familia de Leonardo Díaz con el Ministerio de Relaciones Exteriores se remontan a 2012. El entonces cónsul de Colombia en Moscú –que tiene encargado no solo Rusia, sino a otros siete países– empezó a gestionar un posible tratado entre Kazajistán y Colombia para facilitar el traslado de Díaz y otros dos connacionales que están en el penal La 155/ 8, ubicado en la ciudad de Almaty.
El 26 de abril de 2014, dicho funcionario envió al Ministerio de Relaciones Exteriores un memorando en el que quedó explícito “el interés de la República de Kazajistán en negociar con el Gobierno de Colombia un acuerdo en materia de transferencia de personas condenadas”. Dicha solicitud fue remitida al Ministerio de Justicia, entidad de la que depende en gran medida la firma de tratados de repatriación de colombianos en el exterior. Así lo evidencian los acercamientos del jefe de esa cartera, Jorge Eduardo Londoño, con funcionarios del gobierno chino.
No obstante, la respuesta que en 2014 dio el Ministerio de Justicia al Ministerio de Relaciones Exteriores respecto a la posibilidad de firmar un tratado con Kazajistán, resulta para la familia, cuando menos, cuestionable. “Consideramos inconveniente impulsar una negociación con dicha república en esta materia, debido a los altos niveles de hacinamiento que a la fecha presentan las cárceles en el país”, dijo el Ministerio el 15 de mayo de ese año. La familia conoció esa respuesta hace poco.
Para Blanca Henríquez, abogada de Leonardo Díaz, dicha respuesta es “absurda. Con esta respuesta, él traslada las consecuencias de sus fallas estructurales a sus ciudadanos”. Por su parte, consultado por este diario, el Ministerio de Justicia guardó silencio frente a esta respuesta dada por uno de sus funcionarios. Solo se limitaron a asegurar que “las decisiones que han negado la solicitud de traslado del señor Díaz Calvo no han hecho alusión alguna al hacinamiento carcelario”.
Con las puertas de un posible tratado cerradas, la familia acudió a la vía de pedir el regreso de su familiar a una cárcel colombiana por razones humanitarias. En 2015, la familia de Leonardo Díaz hizo dos solicitudes. Las peticiones fueron negadas pues no se adjuntaba ninguna de la documentación requerida por la Comisión Intersectorial para el estudio de las Solicitudes de Repatriación de Presos. Fue a finales de ese año cuando los familiares se enteraron del proyecto de la Universidad Autónoma para ayudar con la repatriación. Así conocieron a Blanca Henríquez.
El pasado 4 de enero, Henríquez envió a la Comisión Intersectorial el expediente de 177 páginas de Leonardo Díaz Calvo, en el que adjuntó la certificación de que su hijo, César Díaz, sufre de una enfermedad mental que la familia prefiere mantener en privado. La respuesta del Ministerio de Justicia, una semana más tarde, fue que el expediente debía allegarse por “valija diplomática”, es decir, que debía estar apostillado.
Además, pidieron que la enfermedad de César Díaz estuviera acreditada por Medicina Legal, lo que en ningún momento estableció la Comisión Intersectorial en los criterios que rigen las solicitudes de repatriación desde febrero de 2014. No obstante, la cartera le dijo a El Espectador que esta es una “norma general en tema probatorio, así está establecido en la legislación. Que Medicina Legal debe acreditar todos los estados clínicos de pacientes en estos asuntos”. Sin embargo, los funcionarios no citaron la norma exacta que dice que este criterio aplica para las solicitudes de repatriación.
Blanca Henríquez, abogada de Díaz, señala que el caso de repatriaciones desde Kazajistán es distinto al de China, en donde las políticas gubernamentales son estrictas en cuanto a la repatriación. “Aquí hubo una voluntad de ese país y no se cumplió y eso vulnera los derechos del señor Díaz y de las otras dos personas que pagan condenas allá. Y, además, se han puesto impedimentos, no sé si adrede, para que el señor no regrese”, dice Henríquez. Lo único claro es que el próximo 27 de febrero, Leonardo Díaz deberá cumplir los 62 años de vida en una prisión kazaja, mientras su familia intenta resolver los nudos de su proceso de repatriación.