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A responder por desplome del Space

El próximo 12 de octubre se cumple el primer aniversario del desplome en el complejo residencial Space, ubicado en Medellín: la torre seis colapsó dejando 12 víctimas fatales.

Redacción Judicial
06 de septiembre de 2014 - 03:09 a. m.

 Un funesto accidente por el cual la Fiscalía radicará el próximo lunes el escrito de acusación contra cinco personas que enfrentarán un juicio por los delitos de homicidio y prevaricato.

Por el primer cargo deberán responder Pablo Villegas, representante legal de Lérida CDO, constructora del proyecto Space; María Cecilia Posada, directora de obra, y Jorge de Jesús Aristizábal Ochoa, ingeniero, mientras que por prevaricato fueron acusados Eliney Llanos y Carlos Alberto Ruiz, excuradores segundos de Medellín. De hecho, este viernes la Curaduría Tercera de esta ciudad canceló 22 proyectos que Ruiz había aprobado cuando era funcionario.

Al ser Ruiz relegado de su cargo por su presunta responsabilidad en el desplome del Space, los procesos de la Curaduría Segunda pasaron a la Tercera, en cabeza de Ángela Restrepo, quien explicó que los proyectos están siendo retirados de aquélla para llevarlos a la Cuarta, en donde laboran dos funcionarias que trabajaron con Ruiz. Además, dicha Curaduría ha sido cuestionada por concejales de Medellín porque se dispararon las licencias de construcción.

Por su parte, la Fiscalía tiene un estudio independiente que demuestra que la tragedia se debió al diseño estructural del edificio, pues violó las normas de sismorresistencia. “El material utilizado no lo fue en la cantidad ni con la calidad que era requerido para la construcción de esa torre. Aquí las fallas en la construcción son fallas estructurales”, explicó el ingeniero a cargo del análisis, Leonardo Cano. El estudio contó con pruebas recogidas unos días después del accidente.

La demolición total del complejo residencial del Space está programada para el próximo 23 de septiembre, cuando serán derribadas con explosivos las cuatro torres que siguen en pie, un cometido en el que la administración local tuvo que invertir $1.500 millones. Ahora empieza el capítulo del proceso penal y la posibilidad de que haya preacuerdos en el camino, con lo que también habría rebajas de penas para los responsables.

Por Redacción Judicial

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