La Policía confirmó el retiro de cinco uniformados adscritos a la Dirección de Tránsito y Transporte en el departamento de Sucre por presuntos hechos de corrupción.
Según confirmó la institución en un comunicado, las capturas se produjeron en el marco del "Plan Transparencia", al encontrar luego de una minuciosa investigación que “los uniformados actuaron en contravía de las políticas institucionales del servicio y desconocieron criterios inquebrantables de legalidad”.
Los cinco ex policías fueron vinculados a una investigación que ahora quedó en manos de la Fiscalía por el delito de concierto para delinquir agravado en calidad de concusión.
Otros cinco expolicías, retirados en 2015 de la Policía Nacional por diferentes conductas en contra de la ley, también están sindicados en el proceso e igualmente judicializados.
“Aunque completan más de un año fuera del servicio, las acciones judiciales en su contra continúan y tendrán que responder penalmente por sus comportamientos”, advirtió la Policía.
Este viernes en un operativo conjunto fueron capturados cinco policías de tránsito activos y otros cinco que ya se encuentran por fuera de la Institución en el desarrollo de una investigación que se adelanta por el cobro de altas sumas de dinero a conductores para no inmovilizar sus vehículos.
Según la denuncia, los hechos se presentaron entre junio de 2012 y diciembre de 2013 en los puestos de control de carretera en los municipios de Ovejas y San Pedro Sucre. Los uniformados se reunían con los conductores y un representante legal de una empresa de transportes para el pago de una comisión.
La misma era de 5 millones de pesos mensuales para la no imposición de multas o inmovilizar los vehículos. El denunciante señaló que esta suma de dinero le tenía que ser cancelada a los comandantes de los puestos de control. Sin embargo, poco tiempo después las “condiciones” cambiaron.
Ahora se les debía cancelar 10 mil pesos pasaran por los puestos de control, es decir $40 mil diarios. Debido a esta situación se presentó una denuncia ante la Fiscalía de Sincelejo y luego se radicó una queja ante la Procuraduría General.