El caso del exdirector del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) Andrés Carmargo Ardila, condenado a 60 meses de prisión por el escándalo de las losas de Transmilenio en tiempos de la alcaldía de Enrique Peñalosa, está a punto de revivir en la Corte Constitucional. En una ponencia de 93 páginas, el cuestionado magistrado Jorge Pretelt Chaljub –el mismo que hoy está investigado por el caso Fidupetrol– le da la razón a Camargo en el sentido de que ha habido una violación al debido proceso en un tortuoso expediente de casi tres lustros. Por eso, le ordena a la Corte Suprema de Justicia que admita la demanda de casación interpuesta por el exdirector del IDU y que se pronuncie de fondo en este proceso.
Pero no solo eso, el proyecto de fallo de Pretelt sostiene que la justicia no valoró al parecer las pruebas que exculpaban a Camargo. “La Sala de Revisión nota que el tribunal no realizó una mínima contrastación entre las conclusiones del juez de primera instancia y los medios de prueba alegados por Camargo en el recurso de apelación. Así, se considera que en realidad no hubo un contraste serio. Ahora bien, las decisiones del proceso penal generan dudas en cuanto a la imputación de la conducta de celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, en cabeza del señor Camargo Ardila como director del IDU, en la medida en que no hay claridad sobre el alcance de sus funciones”.
En palabras sencillas, luego de haber revisado el caso, el magistrado Pretelt consideró en su ponencia, conocida por El Espectador, que el Tribunal de Bogotá que sentenció a Camargo en agosto de 2013 omitió la valoración de varios testimonios que favorecen al exdirector del IDU, a quien, además, se le impuso una multa de $108.622 millones. En su ponencia, se advierte que la justicia no tuvo en cuenta en este expediente la diligencia debida y el cumplimiento de los protocolos y requisitos de contratación para desarrollar la ejecución del proyecto de las troncales de Transmilenio, “sino que se le endilgaron de manera directa comportamientos que supondrían exceder sus funciones y competencias y para los cuales él contrató personas idóneas”.
En ese contexto, la ponencia es muy clara: hay elementos que permiten inferir que el Tribunal de Bogotá pudo haberse equivocado en este proceso. Además, el documento refiere que se violó el debido proceso cuando la Corte Suprema decidió no revisar el fallo del tribunal, “toda vez que al negársele la oportunidad al accionante para que la Corte estudiara el caso y profiriera una decisión de fondo sobre el mismo” se “limitó su derecho a la administración de justicia”.
Por estas razones, y al considerar que en el expediente del caso Camargo al parecer la justicia ha tirado los dados cargados para confirmar sí o sí la hipótesis de que el exdirector del IDU fue el responsable de este desastre, Pretelt pidió en su proyecto concederle una tutela a fin de que la Corte Suprema revise y falle de fondo este proceso. Después de quince años de derrota en derrota en distintos escenarios judiciales, por fin se abre una luz de esperanza en su caso. Este diario pudo establecer que hay consenso en la Corte Constitucional para fallar en favor de Andrés Camargo. Es decir, hay una mayoría que apoya la ponencia de Pretelt.
Este enredo judicial comenzó en diciembre de 1998, cuando se contrató a la firma Steer Davis & Glave para realizar el diseño de las obras de adecuación de la calle 80, la avenida Caracas y la autopista Norte para la implementación del sistema Transmilenio. Una vez aprobados los diseños, se dio apertura al trámite licitatorio para rehabilitación de las calzadas centrales del tráfico mixto en estas vías. Pronto empezaron los problemas en las losas. Aunque Camargo no fue quien decidió utilizar el relleno fluido que terminó colapsando –eso lo hizo la firma diseñadora–, ahí, dice, comenzó su viacrucis.
La Fiscalía lo acusó en agosto de 2006 junto con los funcionarios María Elvira de la Milagrosa Bolaño y Óscar Hernando Solórzano. Cuatro años después, el Juzgado 45 Penal de Bogotá los condenó. En agosto de 2013, el Tribunal Superior de Bogotá modificó la condena y determinó que todos debían pagar 60 meses de prisión y la multa de $108.000 millones que debían ser consignados al IDU. En esa cifra se tasó el daño que tuvo que pagar la ciudad por cuenta de las losas de Transmilenio. Camargo le pidió a la Corte en 2014 que revisara su caso, pero ésta se negó. Su último recurso fue una tutela ante la Corte Constitucional y todo parece indicar que está a escasos días de ganar por fin su primer round ante la justicia.
En su defensa, Camargo ha repetido hasta la saciedad que durante los tres años que estuvo como director del IDU realizó múltiples obras para Bogotá que jamás tuvieron un pero, entre las que se cuentan 22 puentes, 1.500 kilómetros de carril en vías y una inversión cercana a los $2,6 billones. “No me he robado un centavo. No sé en qué momento un tema técnico en cuya decisión no participé, terminó en un proceso penal en mi contra. Había en ese momento 1.500 obras al tiempo y como director del IDU era imposible estar encima de cada una de ellas. Por eso se hacía lo que la firma diseñadora escogía”, le dijo al programa Los Informantes en septiembre de 2014 en una entrevista realizada pocas horas antes de entregarse a las autoridades. Lleva un año preso y está dispuesto a llevar su caso a instancias internacionales.
Camargo está convencido de su inocencia, muy a pesar de que un juez de la República y el Tribunal Superior de Bogotá determinaron que debido a su condición como director del IDU tenía la obligación de velar por que esas obras se realizaran sin ningún contratiempo ni sobrecostos para Bogotá. Él siempre ha sostenido que ese yerro técnico no puede endilgársele. Esta semana, la Corte Constitucional votará la ponencia de Pretelt.
El apoyo a Andrés Camargo
Hasta hoy, una campaña internacional promovida por Montserrat Mayol, esposa del exdirector del IDU, Andrés Camargo, para que la Corte Suprema de Justicia acepte revisar el caso contra Camargo, ha recibido 25.046 firmas. De acuerdo con Mayol, Camargo “está en prisión condenado por un delito que no cometió. Mis tres hijos y yo pedimos la revisión de este caso para que le sean respetados sus derechos”. Camargo ha recibido el apoyo, igualmente, de varias personas, entre ellas, 36 de sus excompañeros, que en una carta publicada en septiembre del año pasado, expresaron que apoyaban a Camargo, “quien realizó un trabajo excepcional como director del IDU”. “Por haber servido bien a su país, la justicia colombiana le ha destruido la vida. El costo lo pagaremos todos los colombianos hacia el futuro”, sostuvo al respecto el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa.