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Declaraciones de exfuncionarios del DAS, evidencias documentales y pruebas técnicas llevaron a que, luego de varios años de haber estallado el escándalo de las chuzadas del DAS, la Fiscalía citara a imputación de cargos al exsecretario de Prensa de Presidencia, César Mauricio Velásquez, y al exsecretario Jurídico de esa misma entidad, Edmundo del Castillo. Se les investiga, además, por la cuestionada visita del exjefe paramilitar Antonio López Jiménez, alias Job, a la Casa de Nariño, en abril de 2008.
A Velásquez, quien además ofició como embajador ante el Vaticano, se le va a imputar el cargo de concierto para delinquir. A Del Castillo, por su parte, se le van a imputar los cargos de peculado por apropiación, concierto para delinquir y violación ilícita de comunicaciones. Igualmente, al final de la audiencia, programada para el próximo 3 de agosto, el ente investigador va a pedirle a la justicia que cobije a estos dos alfiles uribistas con una medida de aseguramiento no restrictiva que les impida salir del país.
Para el ente investigador hay evidencias suficientes para reabrir este caso, cerrado en 2010, e imputar a estos dos exfuncionarios porque, en su criterio, hicieron parte de un complot para desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia y a la excongresista Yidis Medina, protagonista del escándalo de la yidispolítica.
En abril de 2008, Job, junto con su abogado Diego Álvarez, ingresó a la Casa de Nariño por el sótano y luego se reunieron con Velásquez y Del Castillo, supuestamente, para comentarles sobre un presunto complot para desprestigiar al entonces presidente Álvaro Uribe orquestado, según ellos, por el entonces magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Iván Velásquez Gómez.
Job, mano derecha del exjefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, fue asesinado a los pocos meses, en Medellín. Y luego, en agosto de ese 2008, los pormenores de este cuestionado encuentro fueron, por fin, revelados por la revista Semana, desatando un choque de trenes entre el gobierno y la Corte Suprema de Justicia.
Al final se descubrió que, en realidad, no había ningún complot contra Uribe sino contra Velásquez. A quien intentaron, infructuosamente, vincular con unos supuestos sobornos para desprestigiar al primer mandatario. Lo que no era cierto. De hecho, en 2013, el Tribunal de Bogotá condenó al abogado Sergio González por el montaje de alias Tasmania, el primer intento por acabar la reputación del magistrado Velásquez.
En 2007, cuando se desempeñaba como defensor del exparamilitar José Orlando Moncada, alias Tasmania, González presionó a Moncada para que escribiera una carta denunciando a Velásquez por supuestas presiones para declarar contra Uribe.
Luego González se reunió con la subdirectora de Operaciones del DAS, Martha Leal. Y, después, en octubre de ese año, la carta llegó, sin pasar por los canales usuales de comunicación, al presidente Uribe. Todo era, de nuevo, para desprestigiar a Velásquez. De hecho, Álvarez y González también fueron citados para imputación de cargos por el delito de concierto para delinquir y peculado.
Al igual que en 2008, hoy, siete años después, este expediente vuelve a generar controversia. El anuncio de la citación a imputación de cargos revivió, de inmediato, viejas rencillas.
A través de su cuenta de Twitter, el expresidente y senador, Álvaro Uribe Vélez, sostuvo que “abogados informaron a funcionarios de Presidencia que magistrado auxiliar ofrecía beneficios a presos que me acusaran”, en referencia a Velásquez. Dijo que estos dos funcionarios no hicieron sino escuchar las denuncias presentadas por Job y que la Fiscalía pretende acusar a Velásquez y a Del Castillo por una “supuesta persecución” a la Corte Suprema de Justicia, “cuando era al revés (...) Justicia con sesgo político”.
No es la primera controversia entre el uribismo y el jefe del ente investigador Eduardo Montealegre, quien ha sido cuestionado por el Centro Democrático porque, según ese partido, ha montado una persecución en su contra. Algo que ha sido negado, vehementemente, por Montealegre.
En entrevista con este diario, el exsecretario jurídico de Presidencia, Edmundo del Castillo, dijo que no se iba a pronunciar hasta que haya una información concreta respecto a la mencionada imputación de cargos. No obstante, en el pasado Del Castillo ha dicho que es completamente inocente. “Mis actuaciones como secretario jurídico se ajustaron a derecho y fueron llevadas a cabo en el marco de las funciones que me correspondían”, le dijo a El Espectador en marzo de este año. Ni Velásquez ni Diego Álvarez contestaron los mensajes de voz que les dejó este diario.