Revollo y su éxito con Fondo Premium

El liquidador del Fondo Premium tuvo que sortear varias dificultades tratando de recuperar las inversiones de las víctimas. El proceso llega a su fin.

Alberto Donadío
29 de abril de 2017 - 03:05 a. m.
Alejandro Revollo, liquidador del Fondo Premium, descalabro financiero que encabezaron Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo.  / Óscar Pérez
Alejandro Revollo, liquidador del Fondo Premium, descalabro financiero que encabezaron Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo. / Óscar Pérez
Foto: OSCAR PEREZ

En abril de 2013, el abogado Alejandro Revollo Rueda fue nombrado por el Gobierno interventor y liquidador del Fondo Premium de Interbolsa, donde casi 1.300 personas perdieron sus ahorros. En estos cuatro años, Revollo recuperó $375.000 millones, es decir, US$125 millones. Esa suma representa 11 veces los US$11 millones en sobornos pagados por la constructora Odebrecht.

Alejandro Revollo le ha devuelto la totalidad del capital al 70 % de las víctimas del Fondo Premium y, ahora que la liquidación llega a su fin, deja inmuebles avaluados en $200.000 millones que servirán para devolver el dinero a los inversionistas restantes. En un país donde el Estado todavía no ha vendido la mansión en Bogotá del narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha (dado de baja hace 27 años) y donde las víctimas de las estafas financieras casi nunca recuperan su dinero, la gestión de Revollo marca un hito.

¿De dónde salió el dinero para responderles a las víctimas?

Fundamentalmente de la recuperación de cuentas por cobrar y la venta de algunos de los activos. De fondo, lo que ha permitido llegar a los resultados actuales ha sido la actuación seria y contundente de la Superintendencia de Sociedades, que nos ha brindado todo el apoyo que ha estado en sus manos. Y lo menciono con toda claridad, pues créame que no han sido pocas las presiones y ataques a los que hemos estado sometidos, incluso desde lo personal, para impedir que hoy el 70 % de las víctimas de Premium hayan recibido la totalidad de sus recursos.

Antes de que se decretara la captación ilegal en el Fondo Premium, ¿cuál fue el patrimonio que usted encontró?

Cuando fui designado encontré que al denominado Fondo Premium pertenecían, en Colombia, las sociedades Valores Incorporados y Rentafolio Bursátil y Financiero, mientras que en el exterior estaban Andean Capital Market, en Panamá, y Premium, en Curazao. El activo de estas empresas estaba representado, fundamentalmente, por cuentas por cobrar a terceros, algún dinero en efectivo depositado en Curazao y algunas acciones en empresas como la Bolsa Mercantil y Fabricato, entre otras.

Lo que sí puedo afirmar, sin temor a equivocarme, es que el volumen de activos encontrado en Premium no alcanzaba a cubrir ni el 10 % del monto de las inversiones del público. Recuerde usted que la mayoría de las cuentas por cobrar se encontraban concentradas y vencidas y sin gestiones de cobro, el dinero en efectivo quedó congelado en las cuentas de Curazao por orden del banco central de la isla y la situación de las acciones era deplorable, como quiera que, por ejemplo, la acción de Fabricato llegó a estar a $10.

Parece que a la gente se le olvidan hechos como aquel mail del señor Rachid Maluf dirigido a sus superiores, en el que advierte de los riesgos de una visita de auditoría que se aproximaba, toda vez que la cartera se encontraba concentrada en los que él denominaba “vinculados”, estaba vencida, no tenía pagarés de respaldo y mucho menos garantías.

¿En el Fondo Premium había títulos de renta fija no bursátil, es decir, bonos? La publicidad escrita que recibían los inversionistas aseguraba que su dinero se invertía en bonos.

El volumen de títulos de renta fija fue mínimo.

En reuniones con las víctimas ha dicho que en el Fondo Premium existió una defraudación. ¿Por qué utilizó ese término?

Lo utilizó la propia Superintendencia de Sociedades, que como juez de la República, al decretar la intervención por captación masiva e ilegal de recursos, afirmó que, tras un esquema aparentemente legal, se escondía toda una estructura defraudatoria a través de la cual lo que se perseguía era la captación de los recursos del público para la financiación de intereses particulares. También lo ha afirmado la msima Fiscalía General de la Nación.

Sin la declaratoria de captación ilegal, ¿habría sido posible devolverles a las víctimas sus ahorros?

En mi opinión, hubiera sido absolutamente imposible. Con los activos propios de Premium no creo yo que se hubiese podido recuperar más de un 10 %, o en el mejor de los casos el 20 % del monto de los recursos comprometidos del público.

¿Quién era el inversionista promedio de Premium, en cuanto a edad, monto de la inversión, condición socioeconómica?

El 80 % de los reclamantes eran personas que en su mayoría pertenecían a la tercera edad, de estrato socioeconómico medio, que habían entregado sus ahorros de toda una vida a la comisionista de bolsa más grande del país, con el único propósito de garantizar su subsistencia. El monto de sus recursos, en promedio, no ascendía a más de $600 millones.

El dinero de los inversionistas fue utilizado por Premium para hacer préstamos a accionistas de Interbolsa y otras personas. ¿Esa cartera de préstamos estaba al día cuando usted se posesionó?

Una cartera estaba comprometida con Interbolsa Holding, se encontraba vencida y nunca se pudo recuperar. Otra es la cartera comprometida con accionistas, particularmente con el señor Víctor Maldonado. Sobre esto creo importante precisar que, de acuerdo con los pronunciamientos de la Superintendencia de Sociedades, al señor Maldonado se le interviene no por tener la calidad de deudor, como malintencionadamente se ha querido dar a entender. A él se le intervino por considerar el juez que es uno de los responsables de las actividades de captación, lo que hace, por mandato de la propia ley, que deba responder de manera solidaria, con todos los demás intervenidos, por el total de las reclamaciones.

La otra cartera estaba otorgada a terceros y en su mayoría estaba vencida. Sin embargo, por montos, esa otra cartera estaba representada por los créditos otorgados al señor Hélber Otero y al señor Corridori. Nosotros lo que hicimos fue iniciar de manera inmediata los procesos ejecutivos de cobro, intentando su recuperación. Ahora, cuando nosotros llegamos, los estados financieros de Premium no revelaban la realidad de sus activos, por el contrario, se presentaban los créditos como si estuvieran al día, cuando la realidad era totalmente otra.

Usted vendió la cadena de pizzerías Archie's. ¿En cuánto estaba avaluada, quién la avaluó y por cuánto se vendió?

Respecto a la empresa Archie’s de Colombia, se practicaron dos valoraciones: una por la banca de inversión Nogal, con base en los estados financieros del 2013 y con ocasión del plan de desmonte que el señor Maldonado propuso a los inversionistas. Esta valoración arrojó un valor mínimo de $38.000 millones y un valor máximo de $50.000 millones. La segunda fue practicada por la banca de inversión Invercor, con base en los estados financieros al corte del 31 de diciembre de 2015 y con ocasión de nuestro proceso de venta global de activos. Esta última valoración arrojó un valor máximo de $21.000 millones. Con fundamento en un proceso extraordinario que buscó y logró impedir la quiebra de la empresa, se obtuvo un precio de $51.000 millones.

¿Víctor Maldonado y sus allegados intentaron quedarse con Archie's?

No puedo hacer esta afirmación por cuanto no me consta, pero lo que sí le puedo manifestar es que se hizo hasta lo imposible por impedir la venta de la compañía.

Desde el año 2014 pudimos observar un claro deterioro en los indicadores de la sociedad, producto del cierre del crédito bancario, lo que obligó a la administración de Archie’s a financiar su capital de trabajo a través de créditos con proveedores. Adicionalmente, la empresa sufrió con el aumento de los costos de varias de sus materias primas, que son importadas, como consecuencia de la devaluación del peso frente al dólar.

Por estas razones, en múltiples oportunidades le solicitamos al señor Maldonado que permitiera la venta total de la sociedad, en razón a que él tenía el control del 26 % de las acciones a través de empresas que no se encontraban intervenidas. Ante la negativa de permitir la venta del 100 % de las acciones y la evidencia de quiebra de la compañía, logramos estructurar un proceso público de venta de todos sus activos, gracias al cual se alcanzó el precio de los $51.000 millones. No olvidemos que un día antes del programado para la recepción de ofertas se publicó un aviso de media página en las páginas principales del diario El Tiempo, en el que se amenazó con todo tipo de demandas a quienes presentaran ofertas.

Usted vendió la parte de Víctor Maldonado en el hotel Santa Clara en Cartagena. ¿Cuánto efectivo recuperó para las víctimas y qué porcentaje tenía Maldonado en la edificación?

En relación con el hotel Santa Clara de Cartagena, se tenían tres activos: las acciones de la sociedad Hotel Santa Clara S.A., en la que el señor Maldonado tenía una participación del 37,81 %; las acciones en la sociedad Las Bóvedas S.A.S., en la que la participación era del 20 %, y unos derechos fiduciarios sobre las deudas reestructuradas del hotel Santa Clara, los cuales representaban un 37,81 % de participación del señor Maldonado. Estos tres activos fueron debidamente valorados y sus valoraciones fueron aprobadas por la Superintendencia de Sociedades mediante providencia judicial. La valoración de las acciones en el hotel Santa Clara ascendió a la suma de $45.958’023.000; la valoración de las acciones de la sociedad Las Bóvedas ascendió a la suma de $1.511’001.000, y la valoración de los derechos fiduciarios ascendió a la suma de $5.859’648.690. Los tres activos fueron vendidos cumpliendo con el derecho de preferencia consagrado en la ley y en los estatutos, y representó para las víctimas una suma total de $53.328’672.690.

¿Qué otros bienes importantes de Maldonado vendió la liquidación y cuáles faltan por vender?

Entre los activos más representativos que han sido vendidos están Archie’s, el hotel Santa Clara, un edificio en la ciudad de Bogotá, una casa en la ciudad amurallada de Cartagena y un apartamento en la misma ciudad. Además de estos bienes, están otros que pertenecieron al señor Maldonado y que están avaluados por muy importantes sumas de dinero.

¿Cuáles fueron los principales bienes incautados a Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo?

Evidentemente, en el momento en que la Superintendencia de Sociedades decretó la toma de posesión de todos los bienes de los intervenidos, a la persona que más bienes le fueron encontrados y embargados fue al señor Víctor Maldonado.

De acuerdo con el inventario presentado al proceso, del total de bienes que integran la masa de la liquidación, el 89 % corresponde a bienes pertenecientes a sociedades del señor Maldonado, el 1,8 % pertenece a sociedades de las cuales fueron socios los señores Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, el 7,9 % pertenece al señor Juan Carlos Ortiz y su familia, y el 0,3 % pertenece al señor Tomás Jaramillo.

¿Cuántas tutelas han presentado contra la liquidación los intervenidos Maldonado, Ortiz y Jaramillo? ¿Han ganado alguna de esas tutelas ante los tribunales?

El señor Víctor Maldonado y su familia han presentado 17 tutelas; familiares del señor Juan Carlos Ortiz presentaron dos tutelas; del señor Tomás Jaramillo, o de su familia, no hemos sido notificados de acciones de tutela. Todas han sido falladas en favor de la intervención en las diferentes instancias en las que han cursado.

¿Sin el decreto 4334 de 2008, sobre captación ilegal, se habría podido recuperar dinero para las víctimas en el caso de Premium?

Como abogado, reconozco que el decreto 4334 de 2008, desde el punto de vista doctrinario y académico, puede ser objeto de grandes críticas y muchas de ellas son totalmente válidas. No obstante, estoy convencido de que sin una norma de esta naturaleza sería absolutamente imposible alcanzar a recuperar los dineros que se vean comprometidos por el ejercicio ilegal de la intermediación financiera.

Es que no nos podemos olvidar que, en primer lugar, la norma busca proteger un interés jurídico superior, como lo es el ahorro del público y, en segundo lugar, que quienes realizan estas actividades son personas altamente calificadas que desafortunadamente utilizan sus conocimientos y capacidades en procura de una desmedida ambición, cuidándose de no dejar rastro de sus operaciones.

En ninguno de los otros negocios de Interbolsa que afectaron al público —Cartera Credit, Cartera Factoring, repos, acciones de Fabricato, acciones de la Bolsa Mercantil de Colombia, títulos Tec de Luxemburgo— se ha podido recuperar el ciento por ciento de las pérdidas. En Premium sí.

¿Por qué, si la suya es la gestión más exitosa, ha sido la más atacada?

Su pregunta me hace recordar lo que hace unos años me dijo un muy alto funcionario del Estado colombiano cuando yo le decía que era necesario que las autoridades judiciales actuaran de forma rápida y contundente. En aquella oportunidad me respondió: “No se equivoque. A este tipo de personas no les importa la cárcel, les importa que nos les toquen el dinero”. Más allá de esta anécdota, lo primero que habría que aclarar es que quienes han atacado por todos los medios mi gestión, han sido los propios intervenidos. No han sido las víctimas. Por el contrario, han sido las víctimas y sus abogados quienes han apoyado y colaborado para el buen éxito de este muy difícil proceso.

Y es que permítame reiterar que al día de hoy, después de tres años de iniciado el proceso de liquidación dentro de la intervención, el 70 % de las víctimas han recuperado el total de las sumas que tuvieron comprometidas. Y del 30 % restante, representado por 300 víctimas, 140 de ellas han recibido entre el 60 % y el 99 % de sus inversiones.

Por Alberto Donadío

 

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