Por medio del acuerdo CSJMA 15-401 la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura ordenó el traslado inmediato de los únicos dos juzgados de restitución de tierras que se encuentran actualmente en la ciudad de Villavicencio.
En el documento firmado el pasado 22 de noviembre se indica la necesidad de trasladar los despachos judiciales a Acacías (Meta) debido a la creación de varios cargos permanentes en la Rama.
“En el Palacio de Justicia de Acacias se cuentan con las oficias y demás elementos necesarios para su funcionamiento, en Villavicencio no hay donde ubicarlos y no se cuenta con los recursos para su funcionamiento”, precisa el acuerdo que generó un rechazo inmediato.
En el documento firmado el pasado 22 de noviembre se indica la necesidad de trasladar los despachos judiciales a Acacías (Meta) debido a la creación de varios cargos permanentes en la Rama.
“En el Palacio de Justicia de Acacias se cuentan con las oficias y demás elementos necesarios para su funcionamiento, en Villavicencio no hay donde ubicarlos y no se cuenta con los recursos para su funcionamiento”, precisa el acuerdo que generó un rechazo inmediato.
Los primeros en solicitar la revocatoria del acuerdo fueron los jueces de restitución de tierras quienes manifestaron que el traslado de sus despachos afectaría su trabajo y a las víctimas que se han acreditado.
“Genera gran afectación a la población más vulnerable en este momento, como lo son las víctimas del conflicto, quienes de una u otra manera, acuden a estos despachos judiciales en aras de verse beneficiadas con las garantías que brinda el Estado”, indican.
“También se expone la integridad física tanto del personal del Juzgado, como de los mismos usuarios –víctimas y su grupo familiar- de quienes se debe guardar confidencialidad: para unos y otros, estamos clasificados con riesgo “extraordinario” por la Unidad Nacional de Protección”, aclara la carta.
Igualmente el magistrado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Néstor Raúl Correa le solicitó a sus compañeros revocar la decisión al manifestar que se estaría afectando la labor de los dos despachos de restitución de tierras, poniendo su integridad en riesgo.