Rindiendo cuentas por desplazados

Mil cuatrocientas personas desplazadas han sido asesinadas en los últimos tres años.

Redacción Judicial
26 de enero de 2012 - 10:51 p. m.

Con esa alarmante cifra el representante de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Terry Morell, puso en evidencia que la ONU no está satisfecha con la labor de la Fiscalía en cuanto a la población desplazada. Y no sólo en lo referente al tema de protección. Morell reclamó que sigue siendo bajo el número de condenados por este crimen, al igual que el de casos investigados, y criticó además el manejo al tema de las supuestas falsas víctimas de Mapiripán y Las Pavas.

Así como este fueron varios y polémicos los asuntos que se trataron ayer en la Corte Constitucional, que citó a las autoridades nacionales y organismos que manejan la problemática del desplazamiento para la periódica rendición de cuentas que se le hace al Estado en esta materia. La fiscal Viviane Morales defendió el trabajo de la entidad investigadora, argumentando que si bien las cifras “son humildes”, desde la creación de la Unidad de Desplazamiento Forzado se han invertido recursos y tiempo en atacar este flagelo.

A la audiencia especial fueron citados la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y entidades del Gobierno. El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, reveló que la gente ha sido despojada de sus tierras a punta de certificados de libertad adulterados y medidas policiales falsificadas, documentos que estarían tan mal hechos y que hasta tenían repetidos errores de ortografía. Por esta razón, afirmó el alto funcionario, se creó una unidad especial en la Superintendencia de Notariado y Registro, con el fin de recuperar las tierras y restituirlas.

Codhes, una de las ONG que hizo presencia, volvió a poner sobre la mesa el tema de los números oficiales, exponiendo que por lo menos 950 mil desplazados no están en los registros estatales. Es decir, que en la cifra oficial de 3’800.000 desplazados, el subregistro sería del 25%. Marco Romero, director de Codhes, también recriminó el “precario” avance de la justicia para investigar casos de despojo y señaló que son muy pocas las personas judicializadas por este crimen.

Romero resaltó que las regiones más afectadas son la cuenca del Pacífico y el suroriente, e indicó que en un país con tanta impunidad sobre esta problemática la justicia no se puede enfocar exclusivamente en el tema de las falsas víctimas.

Por Redacción Judicial

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