Hace 25 años, hacia las 11 de la mañana del 5 de febrero de 1991, en una sesión inaugural desarrollada en el Salón Boyacá del Capitolio Nacional, comenzó sus deliberaciones la Asamblea Nacional Constituyente que le dio forma a la Carta Política que hoy rige a Colombia. Uno a uno, los 70 delegatarios elegidos empezaron a contestar a lista en la primera sesión, presidida por los constituyentes Aída Avella y Carlos Daniel Abello. Ese mismo día la Asamblea se declaró libre, soberana e independiente.
Fueron cinco meses de intensas labores que concretaron una iniciativa democrática largamente aplazada. En el pasado quedaba la frustrada miniconstituyente del gobierno López Michelsen o el proceso similar que se promovió y fracasó durante la administración Turbay Ayala. Sin embargo, la elección popular de alcaldes, aprobada durante el gobierno de Belisario Betancur, significaba una positiva antesala a los propósitos reformistas. Pero no fue fácil que la idea prosperara en el país de los abogados.
Aunque la fórmula constituyente se empezó a ambientar desde finales de 1987, cuando la violencia imperaba, fue el entonces presidente Virgilio Barco quien lanzó el primer as. Tras el asesinato del procurador Carlos Mauro Hoyos a manos del cartel de Medellín en enero de 1988, el mandatario convocó a las ramas del poder público a salvar al país, al amparo del Estado de Sitio expidió un severo régimen penal que llamó Estatuto para la Defensa de la Democracia y propuso la reforma política.
En compañía del expresidente Misael Pastrana, el jefe de Estado propuso un plebiscito para cambiar la Carta Política. En concreto, planteó que el mismo día de la primera elección popular de alcaldes –13 de marzo de 1988–, a través de una papeleta separada, los colombianos apoyaran su idea. En ese momento, tanto el artículo 218 de la vigente Constitución de 1886, como el plebiscito de 1957, señalaban que la Carta solo se podía reformar a través del Congreso.
En otras palabras, la iniciativa de Barco y Pastrana era un plebiscito ciudadano para derogar un plebiscito vigente y promover una reforma por la vía constituyente. El mandatario manifestó que en ese momento la sociedad estaba bloqueada y que “las llaves de la reforma institucional en Colombia habían sido arrojadas al mar”, porque solo el Congreso podía modernizar la justicia o darle el golpe de gracia al Estado de Sitio, que ya era una figura impopular.
La propuesta plebiscitaria generó un gran debate político que terminó en un comité de partidos y el 20 de febrero de 1988 se transformó en un pacto acuñado como el Acuerdo de la Casa de Nariño. Los directorios liberal y conservador, con el apoyo de la Unión Patriótica, se comprometieron a buscar la ruta para llegar a un referendo. No obstante, la propuesta generó múltiples críticas y no faltaron quienes la calificaron como un golpe al constituyente primario o una componenda de políticos contra el pueblo.
Al final, dos meses después, cuando se discutía la forma de promover comisiones preparatorias para ese referendo, el Consejo de Estado le dio cristiana sepultura a la iniciativa. En una sala unitaria, el jurista Guillermo Benavides Melo echó abajo el Acuerdo de la Casa de Nariño y volvió a quedar en veremos la manera de cambiar la Carta Política. Entonces, mientras el país seguía sufriendo los rigores del narcoterrorismo, a mediados de ese 1988 tomó forma el trámite de un acto legislativo a instancias del Congreso.
Fue una interminable discusión de 17 meses. El gobierno planteó su reforma, los partidos la suya. Mientras se le daba también senda al proceso de paz con el M-19, la idea de modificar la Carta Política se vio sujeta a un forcejeo político interminable. A finales de 1989, en medio de un país golpeado por el asesinato de Luis Carlos Galán o los carros bomba que amedrentaban a la sociedad, la iniciativa entró en su fase definitiva, pero se vio frustrada por una talanquera aprobada a última hora por los políticos.
Solo faltaba el último retoque, pero como se había dispuesto que un referendo ratificara lo aprobado en el Congreso, un grupo de parlamentarios decidió incluir una polémica propuesta: “no se concederá la extradición de colombianos ni la de delincuentes político-sociales”. La respuesta del gobierno fue inmediata: “no están invitando a un referendo sino a una carnicería, y van a ser unas elecciones bajo el símbolo de la muerte, de los carros bomba, de los aviones que no terminan su viaje porque son volados”.
La crisis estalló, pero a pesar de la insistencia del gobierno, la proposición fue aprobada. Entonces el gobierno decidió retirarle su apoyo a la reforma política que estaba a punto de concretar el sueño aplazado de cambiar la Constitución. Por tercera vez en 15 años fracasaba el intento de modernizar la Carta Política de 1886. Aún así, el presidente Barco no se dio por vencido y, por fortuna, encontró entre los estudiantes universitarios a los aliados fundamentales para que no muriera su propósito.
En las aulas de la Universidad del Rosario, la Javeriana o los Andes surgió el movimiento de la séptima papeleta, y aprovechando que el 11 de marzo de 1990 los colombianos debían votar por Senado, Cámara, asambleas, concejos, alcaldías y consulta liberal, impulsaron la inclusión de un séptimo sufragio a la manera de una referendo informal o un plebiscito en favor de la Asamblea Nacional Constituyente. El entusiasmo fue tan alto que fue la principal noticia de los comicios del 11 de marzo.
Después de este fenómeno de opinión pública, el presidente Barco tomó lo sucedido como un mandato y, con facultades de Estado de Sitio, expidió el decreto 927 para ordenarle a la Organización Electoral contabilizar los votos a favor de la convocatoria de la Constituyente durante las elecciones presidenciales del 27 de mayo de 1990. A 76 horas de la jornada electoral, en medio de la expectativa ciudadana, la Corte Suprema de Justicia respaldó el decreto atendiendo el clamor del pueblo colombiano.
Ya electo César Gaviria, aplicó la misma fórmula de su antecesor y el 24 de agosto de 1990 expidió el decreto 1926 para convocar a elecciones el domingo 9 de diciembre e integrar la Asamblea Constituyente. De nuevo se impuso la tensión ciudadana, pero en un fallo histórico, el 9 de octubre, por 14 votos contra 12, la Corte Suprema de Justicia volvió a darle su respaldo a la iniciativa. Aunque la abstención electoral fue del 75 %, finalmente se integró el grupo de 70 delegatarios que reformaron la Carta Política.