Por medio de un comunicado, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura anunció que el paro judicial en todo el país finalizó desde el pasado seis de noviembre, día en el cual los representantes del Gobierno y de la Rama firmaron un acuerdo.
Para el alto tribunal, el convenio está vigente por lo que los funcionarios y empleados de la Rama Judicial deben “honrarlo y cumplirlo”, puesto que no se puede declarar ni ilegal, ni acordar su nulidad, razón por la cual se hizo la invitación a las personas que siguen apoyando el paro a que se incorporen a la mesa de trabajo que busca lograr la nivelación salarial.
“Contiene el mejor escenario financiero posible dentro de las limitaciones presupuestales del Estado colombiano, fue acordado por todos los voceros de Asonal (incluidos los que se negaron después a firmarlo)”, precisa uno de los apartes del comunicado.
La Sala Administrativa indicó que en los últimos días se han adoptado medidas de contingencia, con el fin de repartir por los despachos judiciales la mayoría de los procesos, indicando que en estos momentos se busca trasladar el centro de servicios del complejo judicial de Paloquemao a otro lugar que garantice el acceso de todo el público.
“Ha adoptado medidas de contingencia para paliar los casos más graves que afectan la prestación del servicio público de justicia, como por ejemplo modificar el reparto de los juzgados de familia para tramitar adopciones y alimentos, así como ampliar la competencia de los juzgados de descongestión para conocer de acciones de tutela”, se indica.
En el escrito se señala que se ha abstenido de adoptar medidas represivas, como por ejemplo iniciar procesos disciplinarios, remover las barreras de acceso por medio de la fuerza pública o suspender el pago indiscriminado de salarios.
En relación con se ha ordenado la suscripción de un acta de compromiso con cada despacho judicial, para que éste indique la forma como va a reponer las horas dejadas de laborar, lo que permitiría pagar la mesada de noviembre.
Finalmente, el alto tribunal indicó que el 90 por ciento de los funcionarios y empleados judiciales están trabajando a puerta cerrada y más de la mitad de los juzgados del país presta atención al público. Sólo en nueve ciudades del país hay parcial impedimento para el ingreso de los usuarios a los despachos judiciales, en muchas de ellas por cuenta de personal de la Fiscalía.
“Los jueces no pueden hacer lo que quieran”
En la tarde de este lunes, el presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez Aranguren aseguró que entiende las acciones de protesta que han protagonizado los empelados y funcionarios de la Rama Judicial, para exigir la implementación de la nivelación salarial establecida en la ley cuarta de 1992.
“Desde el punto de vista sustancial evidencia que la rama judicial no ha sido consultada desde hace 20 años por lo que se ha presentado una distancia intolerable e irrazonable dentro de lo que gana un juez de circuito y un magistrado”, aclaró.
En este sentido indicó que estas omisiones han provocado este resquebrajamiento en la Rama Judicial, sin embargó señaló fehacientemente que los “jueces no pueden hacer lo que se les dé la gana”.
Ante esto indicó que existen instituciones como la Comisión Interinstitucional y mecanismos del Gobierno para presentar sus quejas y reclamos.