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El exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, presentó ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del fallo de la Procuraduría General que lo destituyó e inhabilitó por 18 años para ejercer cargos públicos, por las irregularidades que rodearon la cesión de uno de los contratos de la fase III de Transmilenio del Grupo Nule a la empresa Conalvías S.A., presidida por Andrés Jaramillo López.
En la acción judicial, que por reparto será conocido por el despacho del magistrado William Hernández Gómez, se manifiesta que la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General valoró de manera indebida las pruebas existentes en el proceso disciplinario, indicando que no existe un testimonio directo que lo vincule directamente con las irregularidades en la entrega de este contrato vial.
Considera que la cesión del contrato 137 fue ordenado por la entonces directora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Liliana Pardo Gaona, después de reunirse con directivas de Transmilenio, asesores de la entidad que consideraron que los Nule estaban incumpliendo los términos exigidos para el inicio de la obra, además de los sobrecostos que se estaban presentando.
Uno de los puntos centrales de la demanda indica que la misma Procuraduría General se contradice en las acusaciones hechas contra Moreno Rojas, puesto que en un proceso disciplinario se le cuestionó no haber tomado acciones de fondo frente a los incumplimientos de las obras por parte de los Nule y en el segundo asegura que se actuó de manera injustificada con la cesión del contrato de la Fase III.
Según la defensa del exmandatario distrital, cuando se tomó la decisión disciplinaria los términos que establece el Código Único Disciplinario ya habían prescrito, hecho por el cual no se podía emitir una sanción disciplinaria que, a su juicio, está totalmente rebasada. (Ver Procuraduría destituyó por 18 años a Samuel Moreno por el ‘carrusel de la contratación’)
En la decisión disciplinaria emitida el 4 de agosto de 2015 se advirtió que Moreno Rojas asistió en las reuniones en las cuales se modificó el pliego de condiciones para direccionar la cesión de dicho contrato y beneficiar de esta manera exclusiva a la sociedad futura Vías de Bogotá. Esto a cambio de una comisión que ya se había fijado con altos funcionarios del IDU.
"La cesión del contrato se llevó a cabo en las instalaciones del Hotel Tequendama el 18 de febrero del 2010, con la activa participación de Samuel Moreno Rojas, quien direccionó ese acto para que se cediera el contrato”, precisa uno de los apartes de la decisión disciplinaria demandada. Consideró el Ministerio Público que dicha empresa “no estaba habilitada no jurídica ni financieramente para adelantar las obras”.
"Una vez hecha la cesión, el IDU procedió a modificar las condiciones del contrato, en precio, plazo y disminución de obra, a través de otrosíes que se firmaron entre febrero y octubre de 2010, los cuales generaron unos sobrecostos que favorecieron en más de 190 mil millones de pesos a Conalvías", señala la decisión que destituyó e inhabilitó por 18 años para ejercer cargos públicos a Moreno Rojas.
Por estos mismos hechos, el exmandatario enfrenta un proceso penal por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho, puesto que a juicio de la Fiscalía General habría recibido una alta comisión con el fin de beneficiar la empresa Conalvías de Jaramillo, quien también es procesado penalmente por el denominado ‘carrusel de la contratación’.
Actualmente, cursa en el despacho del magistrado del Consejo de Estado, Rafael Francisco Suárez Vargas, una demanda de nulidad presentada en 2012 por Moreno Rojas en contra del fallo de la Procuraduría de diciembre de 2011 que lo suspendió de su cargo por el término de 12 meses por no tomar acciones de fondo para evitar el denominado ‘carrusel de la contratación’ en la capital de la República.
El exalcalde fue condenado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá a 24 años de prisión por su responsabilidad en las irregularidades que rodearon la celebración del contrato para la prestación del servicio de ambulancias en Bogotá, que tuvo un valor superior a los 69 mil millones de pesos. Tiene pendiente otros dos procesos por este escándalo de corrupción administrativa.