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Judicial 12 Ene 2013 - 9:00 pm

Ante la impunidad, familiares insisten en una indemnización

San Rafael, herida sin cerrar

Con dos demandas insisten en que condenen al Estado por la desaparición y posterior asesinato de 15 mineros y su líder, por ser militantes de la Unión Patriótica (UP). El sangriento episodio ocurrió en 1988. Rostros de San Rafael, Antioquia.

Por: Pilar Cuartas Rodríguez, Viviana Londoño Calle , Alexander Marín Correa
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La comunidad de San Rafael (Antioquia) cumple 25 años con una herida abierta, por cuenta de la sangrienta matanza que golpeó a la población en 1988 y que sigue impune. Sujetos armados, con supuesta complicidad de la Fuerza Pública, en marzo de ese año desaparecieron a Alejo Arango del Río, líder político de la UP, a quien sacaron de una cárcel estatal. Tres meses después hicieron lo mismo con 15 mineros seguidores de Arango, a los que raptaron de sus casas y de la mina en la vereda El Topacio. Estos hechos siguen vivos para algunos habitantes y más cuando las familias aún esperan recuperar los restos de sus seres queridos.

Junto a Arango del Río, la lista de desaparecidos la integran Abel, Ovidio y Jesús Buriticá; Gustavo, Guillermo y Fredy Giraldo; Alirio y Fabio Cuervo; Diafanor y Óscar Daza; Juan de Jesús Taborda; Juan Evangelista Marín; John Mario Giraldo; Juan Marín Giraldo y Luis Arturo Hincapié. La única evidencia de su muerte son algunas prendas, objetos y restos humanos que encontraron por el río Nare después del crimen, los cuales, de acuerdo con la Fiscalía de Justicia y Paz de Medellín, aún siguen en proceso de identificación. Apenas hace un año exhumaron los restos para someterlos a pruebas de ADN.

Al igual que muchas de las históricas matanzas cometidas por los paramilitares, en la de San Rafael también el Ejército estuvo cerca del lugar de tragedia y poco hizo por proteger a la población. Por esta razón hubo investigaciones contra oficiales y soldados, basadas en evidencias como el hallazgo del registro civil de una de las víctimas en el sitio donde acampó la Fuerza Pública y denuncias de los propios parientes de las víctimas. A pesar de esto, los juzgados los absolvieron por duda, al no hallar, en su concepto, pruebas relevantes.

Hoy, 25 años después, los padres, hijos y hermanos de los mineros de San Rafael siguen esperando justicia y una reparación del gobierno, por la presunta complicidad de agentes estatales en la matanza, al menos por omisión y fallas del servicio. Aunque ya perdieron una batalla ante la justicia administrativa, en esta oportunidad, representados por el abogado Javier Villegas, de Medellín, intentarán una revisión del caso, aportando nuevas evidencias y testimonios.

Son dos nuevas demandas en las que aportarán declaraciones de desmovilizados que han dado nuevas pistas sobre los responsables. Una de las demandas corresponde al caso de Alejo Arango del Río, en la que responsabilizan al Estado de su secuestro, debido a que él estaba bajo custodia de las autoridades penitenciarias. La otra corresponde a la desaparición de los 15 mineros, en la que señalan a oficiales del Ejército de participar en el múltiple crimen, al haber estado muy cerca del lugar de los hechos.

La minería ha sido uno de los motores de San Rafael y para la década de los 80 era artesanal y desorganizada. Alejo Arango del Río, líder político de la UP, gestionó la licencia de explotación de la mina San Lorenzo, en una zona del río Nare, y organizó a los mineros a través de una cooperativa y les asignó espacios de trabajo. Debido a su militancia política y a la persecución de la UP en el país, Arango del Río recibió constantes amenazas y, según su familia, hostigamientos de la Fuerza Pública.

A finales de febrero de 1988 un teniente del Ejército denunció al líder político por extorsión, lo que generó su captura. Inicialmente lo llevaron a Puerto Boyacá (Boyacá), reconocida cuna del paramilitarismo en el país. Ante el riesgo, por lo que ocurría contra miembros de la UP, los dirigentes del partido pidieron su traslado a la cárcel de San Rafael. El 4 de marzo de ese año, cuando gestionaba un nuevo traslado debido a que seguían las amenazas, sujetos armados ingresaron al penal y se lo llevaron.

Los meses siguientes la zozobra invadió el pueblo. Algunos pobladores recuerdan que el Ejército supuestamente tildaba a los mineros de guerrilleros y que para las Autodefensas eran objetivo militar. El 12 de mayo de 1988 muchos tuvieron que huir de la mina ante el rumor de una supuesta “limpieza”. Ese día en el sitio solo quedó un menor (ya fallecido), quien relató al día siguiente que en la madrugada llegaron hombres disparando contra el campamento.

Aunque la tensión se mantuvo, días después todos volvieron a trabajar. En la tarde del 13 de julio, una mujer que cocinaba para los mineros alertó de la presencia cerca del campamento de miembros del Ejército con unos sujetos de civil. Todos siguieron sus labores. Horas más tarde esos hombres reunieron a los mineros y se los llevaron río abajo. Ninguno regresó.

Familiares de los desaparecidos acudieron a las autoridades para denunciar el hecho. El 23 de julio de 1988, una nube de gallinazos sobre un sector del río Nare marcó el sitio de la tragedia. A escasos 100 metros del lugar del secuestro encontraron pedazos de cuerpos. En el acta de levantamiento quedó el inventario: “7 brazos, 2 piernas, 2 troncos y 2 cabezas, irreconocibles por su avanzado estado de descomposición”. En el sitio también encontraron machetes, hachas y un tronco lleno de sangre.

Las autoridades trasladaron hasta el municipio las partes de cuerpos, que sepultaron en una fosa común e hicieron un acta de defunción conjunta, sin hacer reconocimiento. Tras el atroz crimen, muchos mineros se fueron del pueblo. Unos pocos siguieron en la mina hasta que, según sus relatos, personal del Ejército se ubicó cerca de la mina con tres ataúdes gritando que muy pronto serían ocupados con más mineros. La mina quedó abandonada.

La nueva lucha jurídica de las víctimas de San Rafael (Antioquia) remueve sus recuerdos y deja claro que aún no superan el dolor. Sienten que su caso es un ejemplo más de impunidad, pues a pesar de que su historia es similar a la de muchas matanzas en el país que terminaron en condenas contra el Ejército por su complicidad con paramilitares, dicen que sus denuncias no han sido tenidas en cuenta.

Blanca Irene Vásquez de Marín, esposa de Juan Evangelista Marín, dice que a pesar del tiempo no ha superado la desaparición de su marido y las tragedias que llegaron después de su muerte. “Mis hijos murieron, a mi niño se lo llevaron los paramilitares, mi hija se la llevó un desmovilizado y los mataron a los dos. La culpa de esa matanza se la atribuimos al Ejército, que dijo que los mineros eran guerrilleros y eso no era cierto. Han pasado 25 años y seguimos esperando que identifiquen los restos que encontramos”.

Arelis Hincapié, pariente de Julio Hincapié, recuerda que en la época el Ejército tenía una lista con nombres e interrogaban con amenazas a los mineros. “Un día nos dijeron que nos iban a mandar a los paramilitares. Dos semanas después ocurrió la masacre. De mi familiar lo único que encontramos fue su cédula y su ropa”.

María Isabel Daza, familiar de Diáfanor y Óscar Daza, también insiste en que el responsable de la matanza fue el Ejército. “Dicen que el capitán que comandaba las tropas meses después también fue responsable de la matanza en Segovia. Nuestros seres queridos eran personas honradas y trabajadoras. Eso no les importó”. Por su parte, Ana Graciela Gómez, mamá de Óscar Daza, indicó que lo que más le duele es que las autoridades no hicieron nada por identificar los restos. “La cabeza de mi hijo la encontraron unos mineros en el río Nare y lo reconocieron porque tenía un puente de tres dientes”.

Alba Luz Cuervo, pariente de Alirio de Jesús, dice que su tía contó cómo se llevaron a los mineros río abajo. “Cuando encontraron los primeros restos, con atarrayas sacaban pedazos de cuerpos del río. Dicen que están identificando algunos restos, pero nadie nos da razón. ¿Por qué no entregan los que ya reconocieron para devolver la tranquilidad a los familiares?”.

Flor María Gómez, esposa de Ovidio de Jesús Buriticá, señaló a un capitán del Ejército como responsable de sacar a varios mineros de sus casas y del rapto de los que estaban en la mina. “No sabemos por qué hicieron eso con tanta crueldad. Sé que hay un sobreviviente, quien nos contó que los tuvieron tres días amarrados y luego los picaron. Él se voló, pero no sé qué pasó con él”.

Un familiar de Abel Buriticá ratifica esta versión. “Recuerdo que a la casa llegaron unos sujetos por mis parientes como a las 2:00 de la mañana. Meses después me retuvieron los del Ejército y me llevaron a una base militar. Allí vi uniformados a los que se llevaron a mis familiares. Un año después me hicieron un atentado. Era gente del mismo grupo. Hoy trabajo como minero. Aún se encuentran huesos y tengo algunos guardados para entregarlos a Medicina Legal”.

Desde entonces, el drama de estas familias no ha cesado. Aún esperan recuperar los restos de sus seres queridos para acabar con la incertidumbre y, especialmente, cuando se han tenido noticias de que siguen apareciendo huesos a lo largo del río Nare. La Fiscalía de Justicia y Paz de Medellín está al frente del proceso de identificación, pero los parientes siguen sin saber en qué va el proceso.

Una historia de matanzas

 

Segovia (Antioquia)

Hombres en camperos Toyota irrumpieron el 11 de noviembre de 1988 en el pueblo. Con ráfagas de ametralladora por doquier, y sin discriminación, masacraron a 43 personas. La Procuraduría afirma que los responsables fueron los paramilitares, con ayuda de la Fuerza Pública y la empresa Frontino Gold Mines. Por su parte, la exalcaldesa de Segovia también señaló al excongresista César Pérez García, quien enfrenta un juicio ante la Corte Suprema.

La Rochela

Doce miembros que una comisión judicial fueron asesinados en La Rochela, el 18 de enero de 1989, por ‘Los Masetos’, un grupo paramilitar. Las víctimas investigaban delitos cometidos en el Magdalena Medio, al parecer en alianza entre narcotraficantes, paramilitares y Fuerza Pública. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por estos hechos en mayo de 2007. Por este caso sentenciaron al paramilitar conocido con el alias de ‘El Negro Vladimir’ a 30 años de prisión.

El Aro (Antioquia)

En octubre de 1997 las Autodefensas de Córdoba y Urabá (Accu), con la complicidad del Ejército, asesinaron a 15 personas. El terror que padecieron las familias de las 60 viviendas del caserío, en el norte de Antioquia, duró siete días. Carlos Castaño, Francisco Villalba y Salvatore Mancuso fueron condenados por estos hechos. Además, dos militares fueron destituidos y sancionados por la Procuraduría. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció al Estado colombiano a pagar una indemnización a los familiares de las víctimas.

Cimitarra (Santander)

El 26 de febrero de 1990, la periodista Silvia Duzán fue asesinada junto a un grupo de líderes campesinos, en una cafetería en La Tata (Santander). La reunión era parte de una investigación de la periodista sobre la zona. Las indagaciones realizadas por la comisión del crimen arrojaron como responsables a los paramilitares, con colaboración de la Fuerza Pública. Incluso algunos autores materiales fueron identificados, pero luego absueltos sin recibir sanción.

San José de Apartadó

El bloque Héroes de Tolová de las Auc, con protección y acompañamiento del Ejército, masacró el 21 y 22 de febrero de 2005 a ocho personas, entre ellas cuatro niños. Fueron brutalmente torturados, les cortaron los cuellos y los descuartizaron. Por estos hechos han sido condenados 6 militares y 18 paramilitares.

 

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