Sandra Morelli ejercerá su defensa en libertad

Al considerar que no se cumplen los requisitos exigidos, un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá se abstuvo de dictarle medida de aseguramiento a la excontralora General de la República, Sandra Morelli Rico dentro del proceso que se le adelanta por las irregularidades en el proceso de contratación para la nueva sede del ente de control fiscal en el occidente de la capital de la República.

El magistrado consideró que la Fiscalía General no allegó los argumentos suficientes para inferir que Morelli Rico representa un peligro para la sociedad y que en libertad afectará la administración de justicia mediante la inasistencia al juicio que se le adelanta por su presunta participación en los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos.

Igualmente consideró que no se pudo evidenciar que la exjefe del ente de control fiscal incurriera en un dolo a la hora de buscar una nueva sede. En este sentido avaló los argumentos de la Procuraduría General y la defensa al considerar que en este proceso de contratación se cumplieron todos los requisitos exigidos puesto que la edificación donde operaba la Contraloría General en el centro de Bogotá presentaba fallas en materia de seguridad.

Ante esto se buscó una nueva sede que colmara las expectativas “no solamente de Morelli como se dijo” sino de toda la Contraloría como lo eran mejores espacios, moderna, vías de acceso, una estructura sismoresistente. En los documentos presentados se manifestó que no fue una decisión a dedo sino que se analizaron cinco opciones viables en diferentes zonas de Bogotá con el fin de realizar el traslado de la sede el cual era necesario.

El fiscal aseguró que el hecho de que la funcionaria encargada de ejercer control fiscal de los recursos públicos incurra en estas fallas en los procesos de contratación. “De mayor reproche social por las implicaciones que tienen en el funcionamiento del Estado y su capacidad desestabilizadora del sistema social".

Citando jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado consideró que se debe respetar la presunción de inocencia del proceso esté o no presente en la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento. Durante las últimas tres audiencias, la excontralora General se hizo presente vía teleconferencia desde Roma (Italia) donde se encuentra desde el pasado 30 de agosto.

“Vale decir, como lo destacó la defensa, que a partir de la contumacia de la implicada no se puede construir un indicio de autoría o participación en los delitos imputados”, precisó el magistrado al manifestar que “las consecuencias morales o éticas que se derivan del adagio ‘el que nada debe, nada teme’ no pueden ser extendidas al campo de la responsabilidad penal para imponerle al procesado un deber de comparecencia”.

En este sentido manifestó que “el conjunto de acciones u omisiones atribuidas a Morelli Rico podría tener una génesis diversa a su intención de defraudar la ley para enriquecer a un tercero o para colmar su capricho de mudar el novel central de la contraloría General al centro Comercial Gran Estación Fase 2”, precisó el togado, quien funge como juez de control de garantías al considerar que las dos sedes antiguas tenían un significativo deterioro físico, coexistencia de copropietarios, distorsión de los funcionarios, entre otros aspectos.

La Fiscalía General presentó recurso de reposición en contra de la decisión del magistrado, quien presentó 56 consideraciones para abstenerse de imponerle medida de aseguramiento a la excontralora General.

Los cargos contra Morelli

El pasado 11 de septiembre la Fiscalía General le imputó los delitos de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros por las irregularidades que rodearon la celebración de contratos de arrendamiento para la nueva sede de la Contraloría General en el occidente de la capital de la República.

Según la investigación en la celebración de estos contratos se presentó un detrimento patrimonial superior a los 12.200 millones de pesos, responsabilidad directa de Morelli Rico. “(Existieron) irregularidades en el tema de elaboración de estudios previos (…) improvisación y capricho de la excontralora”. (Ver Tribunal Superior de Bogotá congeló bienes de excontralora Morelli)

En este punto se indica que fue la misma Contralora General quien “impulsó” una propuesta que era evidentemente más costosa que las anteriores ignorando así las consecuencias patrimoniales que está conllevaba. La Fiscalía aseguró que no se encontraron los soportes que permitieran justificar la celebración de estos contratos de arrendamiento de la nueva sede.

Igualmente se tuvieron en cuenta los informes hechos por la Auditoría General sobre el traslado de la sede ubicada en el centro de la capital de la República. Se llama la atención sobre el hecho de que nunca se dio la autorización para la venta de dicho inmueble, declarado como bien cultural de conservación integral, omitiendo además la propuesta de un traslado temporal mientras se revisaba el estado de la sede de la Contraloría.

“Lideró y controló –haciendo referencia a Morelli- la negociación sin tener en cuenta los requisitos legales. No contaba con estudios técnicos ni de mercados serios que le permitieran conocer los costos de una intervención en las antiguas sedes, para así saber a cabalidad con cuánto disponía para poder arrendar”, precisó el fiscal en la diligencia que no contó con la presencia de la procesada. (Ver Solicitarán Circular Roja contra Sandra Morelli)

La Fiscalía también le reprochó a Sandra Morelli que se apropiaran a favor de terceros recursos del arrendamiento entre el 15 de julio y el 14 de septiembre de 2012, avaluados en unos $4.048 millones. Para el ente investigador, se pagó un canon sin la prestación del servicio, porque apenas se estaba transformando el área de obra gris a oficinas funcionales, no se usó la totalidad de metros cuadrados y se sobrevaloraron costos como pagar dos veces por un mismo objeto.

En una carta firmada Morelli Rico aseguró que era víctima de una persecución judicial liderada por el fiscal General, Eduardo Montealegre. “Activó centenares de acciones para examinar desde una óptica criminal la gestión de la Contraloría General de la República, abriendo un sin número de indagaciones preliminares".