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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca trabaja a toda máquina en la escritura de una de las sentencias claves en la pelea jurídica que comenzó cuando se supo que Odebrecht había pagado sobornos en Colombia para quedarse con importantes contratos de infraestructura. Se trata de una acción popular que presentó el procurador Fernando Carrillo en enero de 2017. En el recurso judicial, el Ministerio Público pidió que el contrato de la Ruta del Sol 2, que la multinacional brasileña consiguió en 2010 de manera ilegal, sea devuelto a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y que el Invías tome posesión de las obras y siga adelante con la construcción de la vía.
Las partes del proceso ya presentaron los alegatos finales y se espera que el magistrado Manuel Lasso, ponente del expediente, dé a conocer en las próximas semanas su fallo sobre las supuestas violaciones a los derechos de los colombianos. La decisión es de la mayor relevancia para las disputas económicas que tiene Odebrecht con el Estado colombiano en un tribunal de arbitramento, pues, a pesar de que la justicia penal ya comprobó que la empresa brasileña pagó coimas a cambio de jugosos contratos, Odebrecht está tratando de recuperar el dinero de la liquidación del contrato de la Ruta del Sol a través de varias demandas.
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En la acción popular, el jefe del Ministerio Publicó denunció que con las andanzas ilegales de los brasileños y de varios funcionarios públicos, como el exviceministro de Transporte Gabriel García Morales, quien ya aceptó haber recibido sobornos, se vulneraron los derechos colectivos de la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio y el acceso a los servicios públicos. Para Odebrecht, nada de lo dicho por la Procuraduría es cierto. En su criterio, antes de que la Superintendencia de Industria y Comercio suspendiera el contrato en febrero de 2017, la Concesionaria Ruta del Sol estaba cumpliendo a cabalidad con las obras contratadas y no existía ninguna vulneración a los derechos de los colombianos.
Para el magistrado Lasso, la posición de la multinacional no es tan clara. Fue por eso que en septiembre del año pasado decretó medidas cautelares dentro del expediente y ordenó a la concesionaria salir de inmediato de las obras. Para cumplir la orden del tribunal, Odebrecht y sus socios entregaron el contrato completo a la ANI —a este proceso se le conoce como la reversión del contrato—. En octubre del año pasado, la ANI y los directivos de la concesionaria firmaron el acta final. Sin embargo, lo que la ANI ha explicado al magistrado Lasso es que esa entrega de las obras y facturas no se ha cumplido cabalmente pues, hasta finales de julio, la Agencia seguía recibiendo cuentas sin pagar.
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Desde que recibió el contrato, la ANI ha hecho todo lo posible para seguir con las obras. A su vez, los ministerios de Transporte y de Hacienda han buscado garantizar los recursos suficientes para seguir el plan de construcción. En febrero de este año, por ejemplo, el Confis autorizó la reprogramación de las vigencias futuras de la Ruta del Sol 2 por $259.495 millones (de 2008), una decisión clave para asegurar que en los próximos años se avalen los dineros para las obras. Asimismo, el Ministerio de Hacienda expidió un decreto, en marzo pasado, en el que hizo un ajuste al presupuesto de la nación de 2018 y pactó que $100.000 millones serán transferidos al Invías, entidad responsable de las obras.
El más reciente de estos avances es la aprobación del Conpes 3924, de mayo de este año, a través del cual el gobierno de Juan Manuel Santos ratificó la importancia estratégica del corredor de la Ruta del Sol 2 y en el que se pactó que los recursos públicos de los peajes (una cifra cercana a los $400.000 millones) se utilizarán para las vigencias de la obra entre 2018 y 2019. En todo caso, para los expertos en vías y en contratación, el tema de fondo no se va a resolver hasta que se adjudique un nuevo proyecto de asociación público-privada, más conocida como APP. Según fuentes que conocen de este proceso, la ANI tiene listos, desde hace unos meses, todos los papeles para esta nueva licitación, pero el tema quedó congelado con el cambio de gobierno.
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El gobierno de Duque y el nuevo director de la ANI son los llamados a resolver el asunto. Aunque todavía no se sabe quién será la cabeza de la agencia, en los pasillos se escucha decir que el llamado a la dirección puede ser Luis Klein, un banquero de inversión y vicefinanciero de Granahorrar y el Bancoagrario. Quien quiera que sea, una de las primeras órdenes que deberá cumplir el nuevo director será, precisamente, las que imponga el magistrado Lasso en el expediente de la acción popular. Además de este proceso, los ojos de los interesados en resolver los líos jurídicos con Odebrecht están ahora enfocados en el proceso que se adelanta en el Tribunal de Arbitramento de Bogotá, en donde también se espera que haya una pronta decisión.
En julio pasado, los árbitros del caso, Catalina Hoyos, Mauricio González y Jorge Arango, estaban en la escritura de sendos proyectos de laudos finales para entrar a discutirlos en sala. Sin embargo, a finales del mes falleció el abogado Arango e inevitablemente se modificó el cronograma. Ahora se está a la espera de conocer su reemplazo y de que el nuevo miembro del tribunal tenga tiempo suficiente para ponerse al día con el proceso, que ya cumple dos años y medio de audiencias y desarrollo jurídico. A grandes rasgos, lo que se quiere solucionar es la manera como el Estado debe liquidar el contrato de la Ruta del Sol con la concesionaria, compuesta por Odebrecht y Corficolombiana, del Grupo Aval.
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Entre otras cosas, los árbitros decidirán si el Estado les debe pagar la liquidación tal cual quedó establecida en el contrato inicial, con todos los beneficios. Se estima que sería una cifra de más de $700.000 millones. O si, por el contrario, el Estado puede ahorrarse el dinero de esos beneficios teniendo en cuenta que, como los mismos socios de Odebrecht confesaron en Estados Unidos, ese contrato lo consiguieron a través de sobornos. La decisión que salga de este tribunal puede ser decisiva para las pretensiones de la concesionaria, que ya anunció otra demanda en otro tribunal de arbitramento en España por $3,8 billones pues, dijeron, el Gobierno hizo una “expropiación ilegal” de sus intereses.