Poco se ha sabido del paradero de James Arias Vásquez, el denominado zar de la chatarra que construyó un imperio criminal que obtuvo grandes ganancias gracias a devoluciones ilegales del IVA. Luego de que lograra escapar de las autoridades el pasado mes de marzo, la Fiscalía capturó los esposos Rosa María Barón y Alfonso Llanos Rodríguez. Dos personas de su círculo más cercano y propietarios de más de 28 empresas que vendieron chatarra de contrabando a sus Comercializadoras Internacionales (C.I.) Mundo Metal y Metal Comercio.
El Espectador conoció el escrito de acusación contra la pareja acusada por los delitos de concierto para delinquir, contrabando, falsedad en documento privado, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Ellos, junto a otra decena de empresarios, permitieron que Mundo Metal y Metal Comercio lograran apropiarse irregularmente del mercado. A través de maniobras fraudulentas lograban legalizar la chatarra traída ilegalmente desde Venezuela. El objetivo, defraudar a la DIAN en el trámite de la devolución del impuesto de IVA.
Desde 2006 se identificó la alianza de James Arias con la pareja de esposos Rosa María Barón y Alfonso Llanos Rodríguez, quienes a través de la empresa Recuperadora Panamericana le vendieron a C.I. Mundo Metal chatarra que provenía ilegalmente desde Venezuela. Según los reportes a la DIAN de la comercializadora internacional, a esa empresa le compraron un total de 7,8 toneladas de chatarra por un valor superior a los $59.000 millones. Una cifra muy superior a la que reportó en su momento Recuperadora Panamericana: $1.879 millones.
En 2007 se presentaron nuevamente compras entre C.I. Mundo Metal y Recuperadora Panamericana por $60.000 millones. Sin embargo, la segunda empresa, nuevamente, entregó cifras diferentes a las de la comercializadora ante las autoridades aduaneras: $5.600 millones. Durante ese añolos esposos Rosa María Barón y Alfonso Llanos crearon otra empresa llamada Comercializadora de Elementos Metálicos, que, según los informes contables de Mundo Metal, vendió $2.800 millones en chatarra. La Fiscalía descubrió que esa plata tampoco fue reportada a la DIAN.
Para lograr amañar los estados contables de la empresa, la Fiscalía sostiene que los esposos y el zar de la chatarra contrataron en 2007 a la empresa Consultores y Asesores R&B, firma de Blahca Jazmín Becerra, la exfuncionaria de la DIAN que consolidó una estrategia para darle vicio de legalidad al recobro ilegal del IVA que se hacía a través de facturas ficticias de compra y venta de productos de exportación. La mujer, capturada el 13 de julio de 2011, se convirtió en la testigo estrella de la Fiscalía y dio a conocer el listado de empresas que estaban desfalcando a la DIAN.
Blahca Jazmín Becerra fue la encargada entonces de crear, a nombre de los esposos Rosa María Barón y Alfonso Llanos, 25 empresas de papel que fueron constituidas el 27 de septiembre de 2007, con la misma dirección en Bogotá y con el propósito de “legalizar inventarios de procedencia de contrabando”. En pocas palabras, montaron el andamiaje para sustentar la compra y venta de la chatarra traída ilegalmente desde Venezuela que hacían las comercializadoras internacionales de James Arias Vásquez, quien durante los últimos siete años manejó el 60% del negocio de exportaciones de este material.
Desde 2007 hasta 2010 la firma de Blahca Jazmín manejó la contabilidad de las empresas de Rosa María Barón y Alfonso Llanos. Luego vino el ocaso de la exfuncionaria de la DIAN y la pareja asumió las finanzas de las 28 comercializadoras de chatarra –la gran mayoría ficticias– que, se supone, llegaron a controlar. Las cifras de compra y venta entre la C.I. Mundo Metal y estas sociedades eran exorbitantes. Entre 2006 y 2008, según reportes de la comercializadora internacional, le compró a nueve empresas de los esposos un total de 14,9 toneladas de chatarra por un valor de $116.886 millones.
Pero los informes financieros para esa época del bloque de nueve empresas de Rosa María Barón y Alfonso Llanos tan sólo reportaban ventas a terceros por casi $27.000 millones, es decir, $89.900 millones menos de los reportó la C.I. Mundo Total. Para la Fiscalía, esta es una de las pruebas principales para advertir que, además de no plasmar en la contabilidad los volúmenes reales de compra y venta de chatarra que entraba de contrabando por Venezuela, las sociedades de la pareja dejaron de pagar $14.390 millones de IVA a la DIAN.
“El patrimonio, en vez de decrecer por haber pagado el impuesto de importación, lo que se hizo fue acrecentarlo una vez recibieron el 100% de pago por esas ventas. El efecto patrimonial producto de las actividades ilícitas también se refleja en la adquisición de 21 bienes (apartamentos, lotes, bodegas) en distintas ciudades del país”, dice la Fiscalía en el escrito de acusación.
Para las autoridades, desde 2008 se empezó a fortalecer la red con la entrada de empresarios de Medellín y Pereira, identificaos como José Aldemar Moncada, Julián Darío Ruiz, Carlos Alberto Vélez, Juan Carlos y Norma Quevedo. El zar de la chatarra los habría cooptado con el fin de que ellos pusieran sus nombres para crear más empresas de papel que le servirían en su propósito de legalizar el material de contrabando.
Además, la asesora de todos fue Blahca Jazmín Becerra, quien logró a través de operaciones fraudulentas en el recobro del IVA por importaciones que no habían realizado, obtener algo más de $300.000 millones. Y luego, James Arias exportaba los deshechos a través la C.I. Mundo Metal y la C.I. Metal Comercio. Un negocio que, basado en sus estados financieros, movía al año medio billón de pesos y según reportes de la Superintendencia de Sociedades le dejaba ganancias que superaban lo que seis de sus principales competidores obtenían legalmente.
La pareja continúo realizando en 2009, 2010, y 2012 –del 2011 no existen reportes– negocios con las empresas de James Arias, Metal Comercio y Mundo Metal bajo el mismo modus operandi: reportando menos ingresos que su socio. Según la Fiscalía, a través de casas de cambio en Cúcuta los esposos cambiaron cheques que le giraban las comercializadoras por las ventas a contrabandistas en Venezuela, un país que no permitía desde 2005 la exportación de chatarra.
Los investigadores de la Fiscalía demostraron que en Cúcuta –ciudad en la que operaban Rosa María Barón y Alfonso Llanos– y zonas aledañas no existían industrias de mediana capacidad que justificara la masiva producción de chatarra. “No se evidencia con claridad la fuente que provea al mercado colombiano aproximadamente 32.000 toneladas de chatarra de cobre en excedente, que den cuenta de transacciones de exportación de volúmenes tan amplios en promedio al año. Revisadas las importaciones, el país que más provee chatarra de cobre al mercado nacional es Venezuela, que se constituye en proveedora del 80%”.
El círculo al zar de la chatarra, prófugo desde el 17 de marzo de este año luego de que fracasara un operativo en su contra tras cuatro años de seguimientos, se sigue cerrando. Con la acusación de Rosa María Barón y Alfonso Llanos quedó en evidencia la gran red que logró construir de la mano de Blahca Jazmín Becerra. Con facturas ficticias, certificados de exportaciones falsos y documentación irregular lograron desfalcar las arcas del Estado y consolidar la más grande red de corrupción que terminó involucrando a funcionarios de la Dian.