Se prende pelea entre Fiscalía y Ejército

Un nuevo episodio se suma al enfrentamiento que durante el último año han sostenido el Ejército y la Fiscalía. Como siempre, toda la polémica gira alrededor de supuestas interceptaciones ilegales. En esta oportunidad el rifirrafe entre estas instituciones se dio por cuenta de las revelaciones de la revista Semana según las cuales en poder de la Central de Inteligencia Militar del Ejército (CIME) había un extensa base de datos de correos privados de 150 personas, entre periodistas, embajadores, funcionarios del Gobierno y miembros de ONG. Varios de esos correos, denunció la revista, habrían sido entregados a hackers para tercerizar el presunto espionaje.

Este miércoles agentes del CTI de la Fiscalía intentaron adelantar una inspección judicial en las instalaciones de la CIME para averiguar por la supuesta base de datos en la que se encontraban los correos y otros documentos. El Ejército le comunicó a la Policía Judicial que las pruebas que habían encontrado hacía 15 días —desde entonces empezó la investigación interna— ya reposaban en el comando central. Sin embargo, al llegar a las oficinas de la Inspección General del Ejército, según indicó el director del CTI Julián Quintana, a los funcionarios no les permitieron realizar la diligencia.

“Los investigadores se encontraron con la sorpresa de que, primero, no se entregó la base de datos. Segundo, tampoco entregaron copias de la investigación disciplinaria y, tercero, tampoco se hizo entrega de la auditoría que supuestamente habían hecho”, aseguró Quintana. Agregó que esta es una clara prueba de que el Ejército está ocultando información y que por esta razón se abrirá una investigación para determinar quiénes son los responsables. Fuentes cercanas al proceso temen que esta sea una especie de operación para realizar un borrado seguro de los registros de los computadores de la CIME y así evitar que aparezcan los polémicos archivos.

La respuesta del Ejército no se hizo esperar. En su defensa salieron el comandante de esta institución, general Jaime Lasprilla, y el inspector general, general Guillermo Suárez, quienes afirmaron que era extraña la actitud de la Fiscalía y que la información no pudo ser entregada porque el general Suárez, quien lleva personalmente la investigación de este caso, no estaba en su despacho en la mañana del miércoles. Según explicó el oficial, se estaba practicando unos exámenes médicos de rigor y era el único que tenía acceso a las evidencias que hasta el momento se han encontrado.

Tras conocer las contundentes declaraciones del director del CTI, el inspector Suárez atendió a distintos medios de comunicación y advirtió: “Desafortunadamente esos documentos, que son tan sensibles, los estoy manejando personalmente. Únicamente yo los tengo. Ellos fueron en la tarde y no teníamos idea”. Asimismo, indicó que durante los 15 días que llevan de investigación no han encontrado ninguna base de datos, como lo denunció Semana, pero que sí hallaron más de mil correos en los que aparecen relacionadas “muchas personas y ONG (…) hemos revisado los computadores, realizado entrevistas y hasta pruebas de polígrafo, pero no hemos encontrado esa base de datos”.

En todo caso el general Suárez insistió en que su grupo de trabajo va a llegar hasta el fondo del asunto. “Si encontramos la base de datos, vamos a determinar por qué existe y por qué aparecen estas personas. No queremos tapar, sino llegar a la verdad. La ley dice que son seis meses los que tienen los investigadores para llegar a la verdad (…) No se ha cambiado ningún computador. Pero no podemos descartar nada, hay que suponer: piensa mal y acertarás”, dijo. Sin embargo, algunas de sus respuestas dejaron muchas dudas, como por ejemplo, cuando dijo: “Deberían preguntarle a Semana de dónde sacó la información”, haciendo referencia a que ellos hasta el momento no habían encontrado nada.

La versión de que no sabían que el CTI iría a las instalaciones parece poco creíble para la Fiscalía, ya que los generales Lasprilla y Suárez estaban enterados de la inspección judicial y aseguraron que tendrían las puertas abiertas. Al margen de esta situación, desde que el Ejército fue consultado el pasado 17 de octubre por Semana sobre la base de datos, allí le aseguraron que iniciaron una auditoría y una investigación disciplinaria. Según reveló la revista, el 18 y el 19 de octubre reporteros de ese medio estuvieron en las instalaciones de la CIME y la Citec (Central de Inteligencia Técnica del Ejército) buscando respuestas. Supuestamente los militares pidieron un par de días para dar alguna razón. Sin embargo, eso no sucedió y por eso Semana publicó la historia.

En medio del escándalo, se conoció que el Ejército decidió manejar la situación internamente y no acudir al almirante César Narváez, inspector general de las Fuerzas Militares y jefe de la comisión especial creada para investigar temas relacionados con filtraciones e interceptaciones ilegales. Asimismo, generó suspicacia que a pesar de no haber encontrado ninguna irregularidad, el general Mauricio Forero, director de la CIME y quien está de vacaciones para supuestamente permitir el libre desarrollo de las investigaciones, fue relevado del cargo. A su puesto llegará el general Nicasio de Jesús Martínez, actual comandante de la Quinta División.

Este no ha sido el único episodio que ha generado conflictos entre el Ejército y la Fiscalía. La fachada de inteligencia conocida como Andrómeda se convirtió en un foco de discusión cuando militares aseguraron que todas las operaciones que desde ahí se realizaban eran legales. Sin embargo, el ente investigador está convencido de que desde allí contrataron hackers para infiltrar las negociaciones de paz en Cuba. Por este episodio, el exjefe de inteligencia del Ejército, general Mauricio Zúñiga —quien fue remplazado por el general Forero— y el exdirector de la Central de Inteligencia Técnica (Citec) de esa misma institución, Jorge Zuluaga, fueron relevados de sus cargos.

Otros oficiales implicados con el caso Andrómeda también han tenido enfrentamientos con la Fiscalía. El coronel Kurmán Hernán Rivera Alfonso, quien al parecer estaba al frente de las operaciones de Andrómeda, dijo en medio de una diligencia judicial que no respondería ninguna pregunta ya que sus actuaciones no tuvieron ninguna irregularidad. Pero el episodio más controvertido tiene nombres y apellidoss: el hacker Andrés Fernando Sepúlveda, quien en medio de sus revelaciones ha dicho que miembros de las Fuerzas Militares lo contrataron para atacar el proceso de paz.

El caso del hacker no sólo ha salpicado a oficiales de inteligencia, sino a políticos del Centro Democrático. A su vez, Sepúlveda no ha dado solo nombres de militares, sino de otras personas que también colaboraban con la compra y venta de información clasificada, como el polémico Carlos Escobar. Este hombre llegó este jueves a las instalaciones del búnker a rendir entrevista por dos procesos que se adelantan en su contra. Uno por sus supuestos vínculos con Sepúlveda y por tratar de torpedear el proceso de paz, y el segundo, por el delito de acceso abusivo al sistema informático, ya que, al parecer, ingresó ilegalmente al sistema de la Procuraduría. Asimismo, se investiga si Escobar tuvo contactos con la Citec.

En total son tres procesos los que han provocado los recientes enfrentamientos entre las Fuerzas Militares y la Fiscalía: Andrómeda, el caso del hacker Sepúlveda, y el más reciente, la polémica base de datos que contenía un centenar de correos electrónicos personales. Hoy la pelea se agudiza, al punto de que ya se anuncian investigaciones penales por el supuesto ocultamiento de información. Ambos lados se defienden y mantienen su posición. ¿Quién saldrá mejor librado de esta batalla de titanes?