El procurador General, Alejando Ordóñez Maldonado cuestionó la posición del Gobierno frente a sus presentaciones ante diferentes organismos nacionales para hablar del proceso de paz que se adelanta con la guerrilla de las Farc en La Habana (Cuba). Para el jefe del Ministerio Público causa extrañeza que su posición para exigir que se respete el derecho de las víctimas y la investigación-juzgamiento de los máximos responsables sea tan cuestionada.
“Cuando la Procuraduría acude a los órganos internacionales a pedir no impunidad y defensa de los derechos de las víctimas, se pretende callar al Procurador, pero curiosamente le mismo Gobierno auspicia a funcionarios judiciales para que acudan ante los mismos órganos para soliciten o promuevan trabajo social para los crímenes atroces”, precisó el jefe del MInisterio Público, quien no hizo mención exacta sobre estos funcionarios.
En este sentido aseguró que en ningún momento se ha extralimitado en sus funciones, como se ha señalado en diferentes sectores, sino que ha actuado de acuerdo a las funciones que le confirió la Constitución Política de Colombia de 1991. “La Procuraduría actúa dentro de la ley, en defensa de los derechos de las víctimas y el ordenamiento jurídico, auspiciando la información que requieran las autoridades internacionales sobre la violación de los derechos humanos y la impunidad”.
Para el Procurador General no se le puede pedir permiso para que emite conceptos o de declaraciones, puesto que la Carta Magna establece su autonomía e independencia para hacer referencia a ciertos temas. “La Procuraduría insiste e insistirá en la no impunidad, y no puede el Gobierno en tratar de callar a las autoridades que ejercemos esas competencias y defendemos las víctimas”.
Ordóñez Maldonado aseguró que si el proceso de paz queda bien hecho y se blinda para que no haya impunidad, la Corte Penal Internacional no puede entrar a actuar en el país. Ante esto no entiende las advertencias del presidente de la República, Juan Manuel Santos frente al informe entregado al organismo internacional en el cual se hacía mención a los casos de desaparición forzada realizados por la guerrilla de las Farc.
Finalmente indicó que confía que el Gobierno no firme ningún tipo de acuerdo dentro de las negociaciones “de espaldas” al ordenamiento jurídico. En este punto aseguró que los organismos deben vigilar los alcances de estos acuerdos y que en ningún momento se vulneren los derechos de las víctimas de dicho grupo armado ilegal.