“Por favor, no metan a mi hija en esto. Ella no sabía nada”. Esas fueron las palabras que, aseguraron fuentes de la Policía Fiscal y Aduanera, pronunció Carmen Sofía Carreño Daza cuando fue detenida en el aeropuerto El Dorado, en la noche del pasado miércoles. Carreño acababa de llegar a Bogotá junto con cuatro personas más, entre ellas su hija, una empleada de Colpensiones. Esta, de 20 años, llevaba US$210.000 ocultos. Carmen Sofía, secretaria privada del director del CTI, la misma cantidad de dinero. Esa noche, a las 11, el resultado del operativo fue: cinco maletas con doble fondo, cinco arrestos.
Los investigadores del caso señalan que posiblemente la joven iba de “gancho ciego”, ignorante de lo que se escondía en su equipaje, pero con la intención de que el viaje pareciera solo un paseo familiar. De esos cinco viajeros –uno había trabajado en el DAS, igual que Carreño, y es funcionario de la Dijín de la Policía–, cuatro ya estaban fichados por la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), porque este año habían ido varias veces a países que para las autoridades colombianas emiten alerta: España, Centroamérica o el Caribe. En el caso de Carreño, en los últimos siete meses ella ya había viajado cuatro veces a República Dominicana.
Por eso, cuando Carreño aterrizó en Bogotá con sus acompañantes, la Polfa ya sabía que no podía perderlos de vista. Y cuando todos entregaron la declaración de aduanas y se aprestaban a salir de El Dorado, les pidieron que pasaran las maletas por la máquina de rayos X. Ahí se confirmó que sus constantes viajes no eran solo por turismo. El jueves a las 7 a.m. se terminó de contar y verificar el dinero incautado: US$1’080.297 (hoy equivalen a $3.024’831.600). Una cantidad difícil de justificar para un grupo conformado por una vendedora de cosméticos, un policía, una empleada de Colpensiones, un estudiante de aviación y una funcionaria del CTI.
Las autoridades les siguen la pista a los viajeros que con frecuencia se desplazan a países como España, México o Panamá. “Son muy turísticos, sí, pero en los últimos tres años han sido también los lugares de origen más comunes entre las personas detenidas por intentar ingresar divisas a Colombia ilegalmente”, le dijo a este diario una fuente de la Polfa. Centroamérica, el Caribe y España son para las autoridades una razón para estar atentos por cuenta del narcotráfico, el contrabando y el lavado de activos. “Sobre todo si quien viaja a esos destinos es un empleado público que no va en comisión de trabajo”, dicen en la Polfa.
Ayer en la mañana, la captura de Carmen Carreño Daza la anunció el propio presidente Juan Manuel Santos desde Putumayo, donde hacía una rendición de cuentas. “Es la secretaria privada del director del CTI”, confirmó, al igual que lo hizo la Policía, la cual difundió también videos que mostraban a la Polfa cortando las maletas por dentro para encontrar el doble fondo y los billetes forrados en plástico. El Espectador supo que Carreño y el director del CTI, Julián Quintana, ya habían trabajado juntos cuando él coordinaba la Unidad de Lavado de Activos. O sea, antes de llegar al CTI.
El alto funcionario, sin embargo, negó públicamente que Carmen Sofía Carreño Daza fuera una persona de su confianza: “Simplemente tenía funciones asistenciales dentro de la dirección (del CTI), correspondencia, llamadas”, dijo. Y añadió: “La Fiscalía ya dispuso todo lo pertinente para hacer una investigación muy rigurosa. Teniendo en cuenta que fueron capturados en flagrancia vamos a ser muy estrictos, ya tenemos un fiscal destacado para investigar con la Policía (...) Los hechos son lamentables, muy graves, y queremos dejar claro que es un hecho aislado de la función de la Fiscalía”.
Al cierre de esta edición no se habían legalizado aún las capturas de Carreño Daza ni de sus compañeros de viaje, por lo que se espera que esa audiencia tenga lugar hoy. Fuentes de la Polfa le indicaron a este diario que Carreño reitera la versión de que su hija ignoraba que en su maleta iban US$210.000, la joven podría ser eximida de cargos, mientras su madre enfrenta una investigación penal. En Colombia es obligación reportar si se está ingresando al país con una cantidad superior a los US$10.000, como medida contra el lavado de activos. Tratar de entrar 100 veces esa cantidad en maletas con doble fondo es, de lejos, una violación a esa norma que las autoridades no piensan pasar por alto. Sobre todo si hay funcionarios del CTI y la Dijín involucrados.