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'Seremos radicales con los abogados ladronzuelos': Wilson Ruiz

Apenas a dos meses de haber sido elegido como magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, fue designado como nuevo presidente de la Sala Disciplinaria de esa corporación.

Juan Sebastián Jiménez
30 de enero de 2013 - 08:56 p. m.
Wilson Ruiz, nuevo presidente de la Sala Disciplinaria de esa corporación. / Gabriel Aponte
Wilson Ruiz, nuevo presidente de la Sala Disciplinaria de esa corporación. / Gabriel Aponte

Con mucha experiencia académica pero con apenas dos meses en el Consejo Superior de la Judicatura, el magistrado Wilson Ruiz fue elegido como nuevo presidente de la Sala Disciplinaria de esa corporación, en reemplazo del magistrado Angelino Lizcano. Ruiz, caleño y abogado de la Universidad Libre, dialogó con El Espectador sobre temas claves como el fuero militar, el carrusel de las pensiones y el debate de las millonarias jubilaciones de magistrados y congresistas que siguen generando controversia.

Usted llega a la presidencia de la Sala Disciplinaria en un momento en que el Consejo Superior de la Judicatura sigue con los fantasmas del carrusel de las pensiones a cuestas ¿cómo recibe el cargo?

Mucha gente se pregunta, por ejemplo, uno por qué aspira a un cargo que afuera está un poquito desprestigiado, pero yo sé que aquí se pueden hacer muchas cosas por el país. Nosotros desempeñamos una función muy importante porque entramos a sancionar a toda la Rama Judicial, con excepción de los magistrados de altas cortes.

¿Cuáles son los problemas que se tiene en este momento?

Estamos investigando a funcionarios de alto nivel, como los fiscales delegados ante la Corte y magistrados de varios departamentos. Además, vamos a estudiar la tutela que presentó el magistrado del Consejo de Estado, William Giraldo, por supuesta violación a la igualdad. Giraldo demandó que a una persona mayor de 65 años que pertenezca al Consejo de Estado o la Corte Suprema se le aplica el retiro forzoso, pero si pertenece a la Corte Constitucional o el Consejo Superior de la Judicatura, no. También estamos decidiendo sobre competencias en casos de interés para la justicia ordinaria y la Justicia Penal Militar.

¿Cómo ve las críticas que se le hacen al Consejo Superior de la Judicatura y el hecho de que se pensara en su eliminación?

Es cierto, hay una especie de desprestigio de los medios de comunicación. Pero llegando al interior de la corporación observo que hay gente muy valiosa. Considero que después de una crisis vienen momentos mejores. Esa llegada de los magistrados Ricaurte, Munar, junto con la mía, nos da un nuevo aire. Hay gente que critica que están pasando de una Corte a otra. Pero yo considero que esa gente que viene de ser magistrado de otra corte y aún está muy joven nos puede dar un gran aporte dentro del Consejo de la Judicatura.

Algunas personas demandaron la elección del magistrado Ricaurte. ¿Cree que va a prosperar la demanda?

Yo no le puedo dar una opinión porque no conozco el texto de la demanda y hay que esperar cómo evoluciona todo y, además, no pertenezco al Consejo de Estado.

¿Qué opinión tiene sobre el fuero militar?

En diciembre hicieron el último debate del acto legislativo en el que se reformó el artículo de la Constitución que nos da la competencia para redimir conflicto entre la Justicia Penal Militar y Ordinaria y se creó el Tribunal de Garantías Penales que se encargará de eso. Creo que quienes van a conformar esa corporación deben ser los más capacitados e idóneos. Estamos esperando que en un año y medio se desarrolle el acto legislativo a través de una ley para ver cómo va a quedar conformado el Tribunal.

¿Cree que la Justicia Penal, como dicen algunos analistas, tiene muchas falencias y es poco fiable?

No. Soy docente en la Escuela Superior de Guerra y he conocido a coroneles y generales y he visto que están muy preocupados por formarse en materia de Derechos Humanos. Yo sé que mucha gente está muy preocupada por lo que va a pasar con estos casos. Pero hay que dar un parte de tranquilidad diciéndoles que esto es una solución más a futuro.

¿Cómo van las investigaciones que lleva a cabo la corporación?

Yo diría que esta es de las cortes que más fallos saca. Se dan hasta 15 sentencias en una semana. Aquí lo que más denuncian son la morosidad en los procesos. También tenemos casos de abogados que se quedan con la ‘plática’ de los clientes. Cuando llegan estos procesos de los abogados ladronzuelos somos muy radicales. También tenemos denuncias contra magistrados irrespetuosos.

¿Cómo así irrespetuosos?

Sí, por ejemplo se meten con los subalternos. Faltan al decoro profesional, al respeto, los gritan, los tratan mal y hasta impiden que vayan al baño. También se dan situaciones en las cuales los fallos que se emiten son abiertamente ilegales porque desconocen la Constitución y la ley para favorecer a una persona cualquiera.

Eso genera desconfianza en la justicia. ¿Cómo evitarlo?

Una cosa es la intención sancionadora, de sancionar por todo y otra la de analizar cada caso por separado haciendo un estudio juicioso. Aquí en Colombia hay un sistema muy bonito que se llama carrera judicial y funciona. Pero no garantiza que un juez no se vuelva una persona paquidérmica, perezosa y poco trabajadora. Quedaría complicado poner un policía al lado de un juez para que cumpla con sus funciones. Yo creo que se debe formar mejor a las personas.

¿Qué opinión tiene sobre la polémica desatada sobre las pensiones millonarias de magistrados y congresistas?

Hay que diferenciar entre el carrusel de las pensiones, en el cual se beneficiaron varios magistrados, y el problema de las pensiones que se encuentra en la Corte Constitucional en debate. No estoy de acuerdo con el debate que se ha generado porque hay derechos adquiridos. Pero sí se pueden hacer cambios. Se me ocurre, por ejemplo, que las pensiones se empiecen a hacer promediando los últimos 10 años y no los últimos meses. Ese es el problema que existe y da para que ocurran casos como el del carrusel.

Entonces ¿qué debería hacerse?

No se puede olvidar que el país tiene una representatividad muy importante. No pueden decir, como he escuchado, que cómo un alto magistrado va a tener una pensión de $18 millones o $19 millones y otra persona una pensión mucho menor. No. Es que cada persona va encargándose de ver qué le deparará el destino. No podemos comparar un alto representante del Estado con una persona del común. Eso no es desigualdad. Hay de por medio toda la formación, todo el conocimiento que ha adquirido durante muchos años. ¿Usted cree que a una alta corte va a llegar una persona que no tenga un perfil alto?.

Hablemos del caso Colmenares. ¿Van a investigar al exfiscal Antonio Luis González por las múltiples irregularidades denunciadas?

Respecto al fiscal González, por ejemplo, un posible proceso en su contra arrancaría ante el Consejo Seccional de Bogotá y nos tocaría a nosotros en segunda instancia. Me parece que eso es muy garantista por la doble instancia. Entiendo que eso ya arrancó y aquí nos llegará algún día.

¿Qué hay que cambiarle a la justicia?

La gente tiene derecho a una justicia pronta y oportuna. Es el sueño que tengo. A mí no me gusta que el común de la gente ponga una denuncia o haya un proceso disciplinario y que la gente diga “mire, yo formule una denuncia hace muchos años y no ha pasado nada”.

¿Qué hacer con la morosidad?

Cuando crearon los jueces administrativos en España se creía que iba a ser la panacea, la solución a los problemas de congestión y no fue así. Aquí en Colombia la ley 270 del 96 creó los jueces administrativos que entraron en funcionamiento 10 años después. ¿Qué fue lo que hicieron los tribunales? Mandarles todo a los jueces administrativos. Hoy en día usted encuentra un juez administrativo que maneja 2 mil o 2.500 procesos y los Tribunales están manejando el 25% o 30% de su carga.

¿Qué solución plantearía yo?

Hay materias, hay temas que uno podría empezar a fallar en bloque. Lo otro es crear más funcionarios de descongestión. Además concientizar a la gente para que emplee más los mecanismos de conciliación, formar mejores abogados, que no presenten demandas en forma irresponsable.

¿Cómo ve la nivelación salarial y el paro judicial que generó?

No hay que olvidar que hay una gran diferencia salarial entre un juez y un magistrado. Un juez administrativo se está ganando promedio $4 millones y un magistrado $20 millones. A mí sí me parece que hay que entrar a hacer una nivelación a largo plazo. Lo que no comparto es que se siga con el paro. Si nosotros, como Sala Disciplinaria, empezamos a tomar cartas en el asunto, la gente va a empezar a trabajar. Sería muy bueno que recuperaran todo el tiempo que estuvieran en paro. Ya se les pagaron prestaciones y los sueldos. Entonces que empiecen a recuperar esos días y que sea de verdad.

¿Cuál es el mayor problema en el Consejo Superior de la Judicatura?

Yo pensaría que hay que atacar de frente la corrupción. Si no, esto va a ser un despeñadero. A mucha gente le encanta pertenecer a la Rama Judicial por las gabelas que aquí se manejan. Este es el mejor papa-empleo que uno puede tener. Si nosotros empezamos a atacar de frente la corrupción frente a jueces que reciben emolumentos por actividades distintas a su función, a esos abogados que están delinquiendo, creo que vamos avanzando muchísimo.

¿Se requieren más funcionarios?

Sí. Pero, de nuevo, si la gente demanda menos va a haber menos procesos, si los abogados se forman mejor van a saber cuándo se demanda y cuándo no.

Por Juan Sebastián Jiménez

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