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En un trascendental fallo que fija las pautas para la hoja de ruta que tomarán en adelante los diálogos de paz con las Farc en La Habana (Cuba), la Corte Constitucional le dio su visto bueno al Marco Jurídico para la Paz, un acto legislativo que le da herramientas al Congreso para crear un sistema de justicia transicional que cobije a los guerrilleros que se desmovilicen en virtud de un posible acuerdo para ponerle fin al conflicto de medio siglo en Colombia.
Los nueve magistrados votaron a favor del Marco para la Paz en su esencia, pero hubo dos salvamentos parciales de Mauricio González y Nilson Pinilla. En términos generales, la Corte dio su bendición, pero bajo ciertas reglas: que las herramientas de justicia transicional que se aprueben en el futuro no pueden ser aplicables sino hasta que se termine el conflicto y haya una desmovilización real; que quienes entreguen sus armas contribuyan de manera efectiva a la reparación —para no repetir el fracaso del modelo de justicia aplicado a los paramilitares—, y que el Congreso, a la hora de reglamentar este acto, garantice los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
Con relación a las herramientas que el Marco le otorga a la Fiscalía para seleccionar y priorizar los expedientes contra las Farc, la mayoría de magistrados estuvo de acuerdo en que, en virtud del objetivo constitucional de la paz, y con el fin de esclarecer las más graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por la guerrilla, el Estado puede renunciar a investigar algunos delitos. Pero, eso sí, debe haber una sanción ejemplar para los máximos responsables.
No obstante, la Corte fue enfática en que se debe garantizar que los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra no queden impunes y que la Fiscalía no puede dejar por fuera de sus pesquisas delitos como la tortura, violencia sexual contra las mujeres en el conflicto, desapariciones forzosas, desplazamiento y el reclutamiento ilegal de menores de edad. Por eso, el alto tribunal sostuvo que se debe asegurarles a las víctimas su participación en los procesos de investigación.
El debate más candente se dio por cuenta de la priorización de casos. En este punto los magistrados Nilson Pinilla y Mauricio González Cuervo se apartaron de la decisión mayoritaria. Según pudo establecer El Espectador, ninguno de ellos avaló la tesis de que a la hora de priorizar qué se investiga y qué no, se cierre la posibilidad de investigar violaciones contra los derechos humanos que no hayan sido ni sistemáticas ni cometidas u ordenadas por los máximos responsables. Precisamente, el ‘peligro’ de la priorización fue la nuez de la demanda presentada por la Comisión Colombiana de Juristas contra este acto legislativo. En criterio de esa entidad, este modelo es una puerta abierta para la impunidad.
Críticas similares hicieron la ONG Human Rights Watch y el procurador Alejandro Ordóñez, quien esta semana indicó que si el Marco para la Paz era aprobado sin mayores condicionamientos por la Corte, “tendríamos una paz no sostenible”. Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas, le explicó a este diario que si las pautas que propuso el magistrado Jorge Pretelt —ponente del fallo— las mantiene la Corte, “creo que el Marco Jurídico para la Paz va en la dirección que nosotros queremos”.
El segundo tema que provocó gran controversia en la Corte fue la posibilidad de que el Congreso, al expedir una ley estatutaria, pueda otorgar la suspensión total de las penas de los máximos responsables. En este caso, los magistrados González y Pinilla fueron vehementes en su rechazo a esta posibilidad y así se lo expusieron a sus colegas. Por su parte, los magistrados Luis Guillermo Guerrero, Jorge Pretelt y Gabriel Eduardo Mendoza mostraron sus inquietudes en este punto, pero prefirieron no pronunciarse de fondo hasta tanto el Congreso promulgue la reglamentación del Marco para la Paz. No obstante, quedó la sensación de que la Corte no toleraría que no hubiera ni un día de cárcel para los jefes de las Farc.
Los voceros de la guerrilla en La Habana han sido explícitos en que no aceptan el Marco para la Paz ni la posibilidad de que sus integrantes sean enviados a prisión. No obstante, con el fantasma de la justicia internacional a cuestas, fuentes cercanas al Gobierno señalaron que para el presidente Juan Manuel Santos parece un inamovible que los máximos comandantes guerrilleros purguen una pena —alguna— en un centro penitenciario. Sin duda, la carta enviada por la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, sobre el Marco para la Paz, rebarajó el pulso de poderes en la Corte Constitucional. María Victoria Calle, Alberto Rojas, Luis Vargas y Jorge Palacio hicieron aclaraciones de voto.
Al margen de los cálculos políticos, el anuncio de la exequibilidad del acto legislativo fue bien recibido en el Congreso. El senador Roy Barreras le dijo a El Espectador que esta normatividad “garantiza una solución jurídica para poner fin a este conflicto de más de 50 años y constituye un impulso poderoso para el proceso de paz”. A su turno el presidente de la Cámara de Representantes, Hernán Penagos, resaltó que “esta es la oportunidad definitiva para que las Farc asuman compromisos determinantes y den muestras fidedignas de su voluntad de paz”. Y agregó: “No habrá impunidad.
Avanzan acuerdos
Entre tanto, desde La Habana trascendió que las delegaciones de paz de las Farc y del Gobierno quedaron en aceptables términos tras rendir cuentas sobre sus labores en los últimos 10 días de negociación. En comunicado conjunto señalaron que se avanza en la construcción de acuerdos sobre “participación política” y que, al mismo tiempo, durante el ciclo que terminó ayer, los equipos negociadores “presentaron sus respectivas visiones sobre implementación, verificación y refrendación de los acuerdos, que corresponde al punto sexto de la agenda”.
De igual forma, se acordó la realización de dos nuevos foros a cargo de Naciones Unidas y la Universidad Nacional. En esta ocasión versarán sobre la “solución del problema de las drogas ilícitas”. “El evento se realizará en dos momentos: el primero, un foro de amplia convocatoria en Bogotá, como los que ya se han realizado, a finales del próximo mes; y el segundo, un capítulo especial del evento en San José del Guaviare, pocos días después, para recoger testimonios de personas y organizaciones de una región que desde hace décadas padece el problema del narcotráfico”, explicó el jefe de la delegación del Gobierno, Humberto de la Calle.
Al mismo tiempo, De la Calle consideró que el reconocimiento por parte de las Farc de la responsabilidad que tienen con las víctimas es un notable avance. “Es un paso importante, pero es sólo un primer paso (...) La reconciliación de la sociedad colombiana pasa por reconocer a todas las víctimas, sin distinguir entre unas u otras por razón del victimario, sin consideración a violencias cruzadas de distinto origen”.
Sobre este mismo asunto, la delegación de la insurgencia saludó el reconocimiento de responsabilidad del Estado en hechos de guerra, que el presidente Santos hizo en el lanzamiento del informe de Memoria Histórica el mes pasado. Sin embargo, consideró que ese informe está incompleto, pues hace falta incluir un capítulo sobre la violencia bipartidista y recoger archivos y testimonios sobre crímenes de agentes del Estado. Incluso, las Farc hicieron un llamado para que el grupo de Memoria Histórica se integre a la mesa a conversar con las delegaciones de paz.
Al final se hizo evidente que la fórmula para refrendar los acuerdos sigue siendo el punto central del desencuentro. Las Farc consideraron como insuficiente e inconsulta la propuesta de un referendo el día de elecciones a Congreso como medio para garantizar los acuerdos e insistieron en una asamblea constituyente. El Gobierno defendió su iniciativa. Queda por verse cómo cambiarán los discursos a partir de hoy, con un Marco para la Paz aprobado por la Corte y a exactos tres meses de que el presidente defina de una buena vez si va o no por la reelección. Aunque, como ya se sabe, su ‘pálpito’ en el corazón le sugiere seguir de largo en la Casa de Nariño por otros cuatro años más.