Sigue la controversia por la posición de Rafael Nieto Loaiza como representante del Estado en el litigio ante la Corte Interamericana por el caso del Palacio de Justicia. En su documento, el exviceministro de Justicia descartó la validez del informe final de la Comisión de la Verdad que estableció la Corte Suprema en 2005 con el fin de conocer los detalles de la toma y recuperación de la máxima sede de la justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985.
El expresidente del alto tribunal y exintegrante de la Comisión, Jorge Aníbal Gómez, defiende las conclusiones a las que llegaron él y otros dos colegas, y que contrarían varios de los argumentos del Estado colombiano en este proceso. Gómez ratifica que, de acuerdo con las pruebas, sí hubo desaparecidos; que Carlos Horacio Urán sí salió con vida del Palacio y que fue por las dudas que dejó el Tribunal Especial de Instrucción –en el que se apoyó notoriamente Nieto– que la Comisión surgió. Gómez rechaza, además, cualquier insinuación de que la Comisión no fue imparcial.
¿Qué tuvieron ustedes en cuenta para elaborar el informe final del Palacio de Justicia?
Escuchamos en entrevistas a todos los actores del episodio: algunos exguerrilleros del M-19, otros que no alcanzaron a entrar al Palacio, otros que pertenecían al M-19 pero no intervinieron en la toma; a los integrantes del gobierno nacional de la época; a personal de las altas cortes que sobrevivieron; a los visitantes; a oficiales y soldados que estuvieron en la retoma; a todos ellos los entrevistamos con el fin de mirar cómo se había desarrollado la toma y la retoma del Palacio de Justicia.
¿Ratifica los hallazgos expuestos en 2009, de que sí hubo desaparecidos?
La Comisión no se integró para averiguar si hubo o no desaparecidos, sino cómo ocurrió la toma y la retoma. Lo que pasa es que nos encontramos con registros fílmicos, fotografías, personas que estaban al interior del Palacio de Justicia y que fueron registradas cuando salían del Palacio con vida caminando, corriendo o cojeando y que después no aparecieron en ninguna parte. Se encontró sólo un cadáver en el Cementerio del Sur, el de Ana Rosa Castiblanco, los demás no. Evidentemente la Comisión estableció que hubo desaparecidos del Palacio.
¿Entonces la molestia del Estado hacia la Comisión es porque se tomó partido por la tesis de los desaparecidos?
El informe no señala responsabilidades penales pero sí de violación de derechos fundamentales de unos y otros involucrados en ese episodio. El M-19 fue el principal responsable: ejecutaron la toma, entraron a sangre y fuego. Del gobierno, por omisión, porque el presidente (Betancur) dijo que la orden era recuperar el Palacio pero preservando la vida de los rehenes y los mismos guerrilleros, pero él no hizo seguimiento para ver si se estaba cumpliendo esa orden. De las Fuerzas Armadas, señalando que hubo excesos, que hubo un despliegue exagerado e indiscriminado de fuerza que puso en peligro o acabó con la vida de muchos rehenes. Rescataron a muchos pero hubo sacrificios de vida innecesarios. Tuvimos en cuenta libros, documentos de la época, grabaciones de audio y noticieros, ejemplares de la prensa. Yo no sé cómo eso implica tomar partido, cuando tuvimos en cuenta a todos los actores.
¿Por qué ustedes no dieron un número exacto de desaparecidos?
Porque ése no era el objetivo de nuestra investigación. Tampoco establecimos quiénes son los autores de esas desapariciones, o si fueron desapariciones forzadas o no, porque tampoco era nuestro objetivo. Lo cierto es que hubo gente que estaba en el Palacio de Justicia cuando fue la toma y luego no aparecieron en ninguna parte, ni vivos ni muertos.
El reporte también niega otra conclusión de esa Comisión: que Carlos Horacio Urán salió con vida del Palacio de Justicia.
Por los registros de video se pudo saber que el magistrado auxiliar Urán salió vivo del Palacio de Justicia, sus documentos fueron encontrados en el Cantón Norte muchos años después, su necropsia mostraba que él apareció muerto por un tiro de gracia. Como dice el informe: para la Comisión, el abogado Urán salió con vida del Palacio de Justicia bajo custodia militar.
Para Nieto Loaiza, la Comisión mostró “solidaridad de cuerpo” con la Corte Suprema, una “víctima institucional” del Holocausto. ¿Afirmaría usted lo mismo?
Nosotros no nos identificamos con nadie en el documento. Identificamos los hechos y rendimos informe sin tomar partidos por ninguno de los actores. Cuando uno adelanta una investigación con fines históricos elabora un reporte que corresponde con lo que uno averiguó, independiente de si favoreció a alguien, porque no estaba destinado a favorecer a nadie.
Pero Nieto Loaiza, con base en el Tribunal de Inspección Criminal, dice que no hubo un solo desaparecido en el Palacio, que todos murieron en el Holocausto.
No me parece muy objetivo cuestionar la Comisión de la Verdad porque la integraron expresidentes de la Corte Suprema mientras se le cree al Tribunal Especial, que estaba conformado por un juez y un exprocurador. Precisamente, la integración de la Comisión de la Verdad se hizo porque, a juicio de la Corte Suprema, de la cual no formábamos parte cuando esto se discutió, el informe que rindió ese Tribunal tenía vacíos grandísimos sin profundizar, sin llegar a conclusiones claras y completamente informadas. Fue eso justamente lo que motivó la creación de la Comisión, porque el Tribunal no dejó satisfecho a nadie.
¿Le molesta que el Estado le haya dado más credibilidad al libro de Virginia Vallejo que al informe de ustedes?
Yo no voy a calificar las conclusiones u opiniones del doctor Nieto Loaiza. A él lo respeto y admiro profundamente. Nosotros igualmente llegamos a la conclusión de que el narcotráfico había patrocinado la toma del Palacio, y nos fundamos también en las aseveraciones de Virginia Vallejo, de lugartenientes de Pablo Escobar y de otras fuentes que nos permitieron llegar a esa conclusión.
¿Por no ser ustedes historiadores no estaban en capacidad de construir una verdad extrajudicial, como afirma el reporte ante la Cidh?
Cuando la Corte Suprema nos pidió que integráramos la Comisión de la Verdad ya éramos exmagistrados y expresidentes, de modo que teníamos una formación de abogados, sí, un desempeño judicial, sí, pero eso no lo inhabilita a uno para buscar la verdad. Además porque no estábamos actuando con fines jurisdiccionales, punitivos o sancionatorios, sino simplemente para averiguar cómo se había cumplido el desarrollo de los hechos de del Palacio de Justicia.
El Estado colombiano concluyó de igual forma que ese informe de la Comisión no es un aporte a la verdad, a las víctimas o la sociedad. ¿Cómo defiende usted su trabajo y el de sus colegas?
Es un aporte a la verdad y a quien corresponda esa verdad histórica. A la verdad verdadera, como la llaman los italianos. Pero eso sí: que la verdad afecte a algunas de las partes involucradas no cambia el hecho de que sea verdad, porque corresponde a lo que efectivamente ocurrió.