Si los padres no toman las riendas, el Estado no evitará que consuman drogas: demandantes

Los demandantes dejaron en claro que no pidieron a la Corte Constitucional que se permitiera el consumo en lugares dónde también hay niños sin restricción alguna. / Gustavo Torrijos - El Espectador.

Alejandro Matta, abogado constitucionalista y profesor de la universidad Eafit, junto a Daniel Porras, estudiante de derecho de la Universidad de Medellín demandaron los artículos del Código de Policía que sancionaba el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas en el espacio público. La demanda que presentaron decía que la prohibición iba en contra del desarrollo libre de la personalidad, a la libertad de expresión y el derecho colectivo al uso común del espacio público. La Sala Plena, con una votación de 6-1, acogió los argumentos y enfatizó en lo que la Corte ha venido defendiendo desde la histórica decisión de l994: que consumir este tipo de sustancias se trata, esencialmente, de una decisión personal.

En entrevista con El Espectador, Matta y Porras explican su demanda y lo que significa, por ahora, la decisión de la Corte. 

¿Por qué demandaron la ley del Código de Policía?

A.M.: Hay una inquietud sobre los alcances del Congreso frente a las libertades individuales, pero también una reflexión respecto de lo que creemos que podemos hacer o no en el espacio público. Y un aspecto asociado con la convicción de las manifestaciones políticas que puede suponer el consumo de alcohol y de sustancias psicoactivas. Entenderlo simplemente como un acto de ingesta, no es una mirada robusta como queremos.

¿Cómo así?

A.M.: Tradicionalmente se entiende la ingesta como un acto individual de consumo. Hemos presenciado la consolidación de comunidades cannábicas y nuestra tradición ancestral tiene una relación íntima con diferentes formas del consumo de alcohol. Hay diferentes formas de entender el consumo que, a veces, se da en el espacio público. Era prudente que el Estado hiciera una reflexión, porque o lo condena al espacio privado o entiende que es una manifestación política de la diversidad.

Dos conceptos que recibe la Corte (Temblores y Dejusticia) resaltan que hay comunidades diversas que, por sus prácticas culturales, consumen alcohol o sustancias psicoactivas.  ¿Esa interpretación se puede trasladar al resto de la población?

A.M.: Podríamos matizar la expresión “los colombianos” o “los pueblos” y hablar de los pueblos colombianos, porque todos tenemos maneras distintas de concurrir al espacio público. La obligación del Estado es propiciar que aquellos que sí tengan un lugar de encuentro. En la demanda nosotros solicitábamos que la constitucionalidad fuera condicionada, entendiendo que debían distinguirse los espacios para el uso y el consumo de sustancias psicoactivas para los adultos de los lugares donde estén niños, niñas y adolescentes. Hay que esperar el fallo definitivo.

Sabemos que se tumbaron los artículos…

A.M.:  Sí. Ante la incertidumbre de qué dice la sentencia he tratado de hacer énfasis en esperar la parte motiva, porque fijará el sentido interpretativo. La Corte Constitucional suele ser detallada precisa y reflexiva, y estoy seguro de que nos va a enriquecer mucho el texto y de pronto nos estamos apresurando a abrir una gran controversia nacional. Yo creo que la controversia es por qué duró tanto la vigencia de una norma que era abiertamente inconstitucional.

¿Este pronunciamiento de la Corte va un poco más allá de la sentencia de Carlos Gaviria de 1994 que despenalizó la dosis mínima?

A.M.:  Cuando presentamos la demanda sí teníamos un propósito claro: expandir la sentencia (de 1994). Si bien es cierto que hay unas virtudes en la sentencia del magistrado Carlos Gaviria, yo sí creo que era un poco tibia: no se puede permitir el consumo de la dosis personal sin poder hacerlo en el espacio público porque sería una manifestación de que las preferencias personales son bienvenidas, siempre y cuando se hagan en el espacio privado. Obviamente esa sentencia es pionera, pero sí tratábamos de expandir sus efectos, porque además del consumo es el consumo en el espacio público.

Hay voces que apuntan a que Corte habría privilegiado una libertad individual sobre un bien común (el espacio público), ¿qué opina?

A.M.:  No creo que la Corte esté sacrificando el bien común por darle prevalencia a los derechos individuales o, en el otro sentido, privilegiando solo la individualidad sobre lo colectivo. Creo que entiende el orden público y lo colectivo como una convivencia de la diversidad de derechos y de la manera de vivirlos. Pero, de nuevo, es un creo, porque hay que esperar la sentencia.

¿Cómo se propicia un consumo responsable en el espacio público?

A.M.:  Lo que le dijimos a la Corte es que distinguiera los consumos recreativos- que son la manifestación de una expresión política en el espacio público- de los consumos que pueden afectar a los menores de edad. Es importante empezar a replantear la política por medio de la cual enfrentamos los consumos problemáticos y el Estado solo está reaccionando de manera represiva. Colombia tiene una madurez institucional en la que le podemos pedir a las instituciones mitigación y prevención del consumo de sustancias para evitar que los consumidores tengan que sufrir las medidas que contempla el código de Policía, es decir la represión del Estado.

Existen muchos consumos problemáticos, como el de la tecnología. Incluso ya hay estudios que indican cómo estas adicciones están generando que las personas tengan problemas para entablar relaciones sociales. Otro consumo problemático puede ser el de la pornografía. Lo que quiero decir es que el Estado colombiano está en deuda de trazar políticas públicas que le pongan freno a esta situación y que puedan proteger a los menores.

Cuando se discute el tema de drogas, ¿se que apela a la protección de los menores como forma de distracción?

A.M.: Yo veo un poco de ambigüedad en las reflexiones que se dan en torno a la protección de niños, niñas y adolescentes. Es muy fácil para unos sectores de la sociedad arrojarles la responsabilidad a unos demandantes y a una Corte Constitucional -9 magistrados y 2 demandantes- frente a un problema que nos incumbe a todos y a todos los entornos protectores.

El presidente Duque dijo que: "el consumo de drogas y alcohol aumenta las riñas y la violencia". ¿Qué opina?

D.P.: Nosotros nos hemos basado en estudios, me imagino que el presidente tendrá los suyos. Uno de esos dice que, a veces, no necesariamente el consumo de alcohol, y de sustancias está ligado a un momento de desorden público. Nuestro punto de vista está muy cercano al de la Corte Constitucional y un poco alejado del punto de vista del presidente y de varios alcaldes y gobernantes del país. Creemos que, para que exista un estado democrático, primero tienen que existir puntos de vista de toda clase y de todas las preferencias. Haríamos mal en decir que esas intervenciones no son válidas.

Nosotros primero tuvimos que hacer una revisión de jurisprudencia, una recopilación de datos y, dentro de esas investigaciones, encontramos que las cifras sobre riñas que presenta Medicina Legal en Colombia se dan, en un alto grado, en espacios privados: en fiestas, casas y apartamentos. Hay que hacer un reconocimiento propio de cuáles son las causas que nos llevan a que seamos conflictivos como sociedad colombiana, a que hagamos desorden. 

A.M.: Propusimos un diálogo. Debemos festejar que se están propiciando este tipo de reflexiones y festejar inclusive la contradicción. Si el presidente tiene una lectura, puede uno compartir uno o no los términos que use, pero me parece legítimo que se instale.

El Acuerdo de Paz incluye tratar el consumo de drogas desde el enfoque de salud pública. ¿Hay avances?

A.M.: En la política de drogas hay varias lecturas, pero al margen de eso, es cierto es que el estado colombiano está en deuda con el diálogo. Estoy 100% convencido de que hay que hacerle un tratamiento de salud pública. El Estado no es un todo homogéneo, tú puedes encontrar una manera de implementar la política pública en Nariño sobre sustitución de cultivos ilícitos y puedes encontrar en el Meta otra.

D.P.: En cuanto a la salud pública vemos carencias importantes, no solo en la cuestión del consumo de sustancias psicoactivas. Así como se da un debate en torno al consumo de azúcar y la diabetes, también se debería llevar esta temática del consumo de alcohol y de sustancias psicoactivas al mismo escenario, con un manejo científico, estadístico, médico y no al plano sancionatorio, de la opresión ni de las medidas policivas. 

Se dice que el consumo de drogas es una expresión del libre desarrollo de la personalidad, pero ustedes argumentan que también es un tema de libertad de expresión, ¿por qué?

A.M.: Hay unos colectivos de personas que se han ido creando en el mundo como un medio que utilizan para manifestar su expresión y creemos que es una manifestación válida. En Medellín existen, son unos muchachos que, apenas entró en vigor este código de policía entraron a formar un colectivo para que se permitiera de nuevo en el Parque Lleras de El Poblado en Medellín sentarse a tomar cerveza. Lo mismo que los muchachos que salen a marchar en estas manifestaciones cannábicas, que son una cultura totalmente aparte. Todo esto también deja de ser una recreación para manifestar ideas que son de tipo cultural y político.

¿Qué les dicen a los padres que están preocupados porque los jíbaros se aprovechen de estas libertades para venderles más fácil a los niños, niñas y adolescentes?

D.P.: La pregunta me la podría hacer yo al espejo, yo soy padre. Papá de una niña de año y medio. Hay varias cosas qué entender. Primero, que nosotros no pedimos que entren los jíbaros a los colegios a aprovecharse de los niños. No pedimos que en las mismas partes donde hay niños se permita el consumo sin ningún tipo de restricción en frente de ellos. Pedimos que haya escenarios donde puedan las familias compartir con sus hijos y puedan ir los domingos en la tarde, a jugar, a tener esparcimiento. ¿A quién le conviene que estas medidas sean coercitivas o que sea prohibido el consumo? ¿Quién se termina lucrando realmente?  Si se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas y de sustancias psicoactivas, ¿desaparecen los jíbaros y el microtráfico?  Desde el punto de vista de un padre de familia, por más restricciones que se hagan, por más sanciones que se impongan, no va a detenerse el microtráfico ni el expendio de bebidas a menores de edad. Si no son los mismos padres quienes se apersonan de toda esta clase de cualidades, el Estado no va a venir a garantizarle al padre que el hijo no vaya a consumir.  

A.M.: Ahora todos tenemos como grupos de WhatsApp en las familias y la primera reflexión que me hace mi sobrino de 14 años es: "Tío, ¿entonces tú estás de acuerdo con el consumo de la marihuana?". Me escribe mi hermana: "me metiste en tremendo lío". En términos de los derechos de los niños, creo que el Estado colombiano sí tiene una deuda histórica en fortalecer los entornos protectores: en la familia, en el colegio, en las universidades. Es en esos entornos donde uno puede intervenir con prontitud para mitigar y prevenir el consumo problemático de sustancias psicoactivas. Entonces, le diría a los padres que cuenten con nosotros si quieren que hagamos una reflexión de orden constitucional para que propiciemos el debate del fortalecimiento de esos entornos.