‘Si renuncio, nos vamos todos’

La Sala Plena de la Corte Constitucional les hizo un llamado al Gobierno, al Senado y a los organismos de control para conjurar la crisis institucional.

El llamado a indagatoria y la apertura de una investigación formal en contra del magistrado de la Corte Constitucional Jorge Ignacio Pretelt, por el escándalo de una tutela para favorecer a Fidupetrol a cambio de $500 millones —en hechos denunciados por el magistrado Mauricio González Cuervo el 27 de febrero—, fue la última estación del calvario que soportó este viernes el alto tribunal en una jornada inédita de acusaciones, agravios y cueros al sol.
 
Primero fue la citación a interrogatorio contra la esposa de Pretelt, la procuradora judicial Martha Ligia Patrón López, por la supuesta compra irregular hace 15 años de dos predios que, al parecer, fueron despojados por grupos paramilitares. Luego vino el contragolpe de Pretelt. Durante una hora se despachó en señalamientos en entrevista con W Radio contra el fiscal Eduardo Montealegre y algunos de sus compañeros en la Corte, a los que acusó de burócratas y de haberse dejado comprar por el jefe del ente investigador. Pretelt lo dijo sin rodeos: Montealegre se quiere tomar la Corte Constitucional y por eso le urge correrle la butaca. El cuestionado magistrado remató diciendo que lo denunciaría ante “el país y los organismos internacionales por acorralamiento”. Su estrategia parece ser “si caigo yo, caen todos”.
 
Mientras el país comenzaba a digerir esta feria de acusaciones, la Corte Constitucional, tras una sala extraordinaria que se extendió hasta el final de la tarde, hizo un angustioso llamado para conjurar cuanto antes la crisis en el alto tribunal. Para ello convocó al primer mandatario, Juan Manuel Santos; al presidente del Senado, José David Name; al propio fiscal Eduardo Montealegre y al procurador Alejandro Ordóñez. Una cumbre de urgencia para tratar de sacar de cuidados intensivos la malherida reputación de la Corte. El exmagistrado Rodrigo Escobar, por su parte, rindió interrogatorio en la Fiscalía y entregó documentos con los que, según él, se demuestra que su relación con Fidupetrol se ciñó a la elaboración de conceptos jurídicos, que le representaron honorarios por $200 millones.
 
En el alto tribunal siguen empeñados en que la renuncia inmediata e irrevocable del magistrado Pretelt es necesaria para evitar que la Corte se vaya al abismo. Lo mismo piensan por el lado del Gobierno y del Senado, que a inicios de esta semana le dijo no a una solicitud presentada por Pretelt para que se le otorgara una licencia de dos meses. Pretelt ha dicho que no va a renunciar. Primero sostuvo que se iba a tomar hasta el 24 de marzo para pensar su futuro. Pero este viernes fue vehemente: “No voy a renunciar. Si lo hago, nos vamos todos”.
 
Tres horas después de su declaración, fue la Comisión de Acusación de la Cámara la que dio la estocada cuando el representante Julián Bedoya anunció la apertura de una investigación formal contra el magistrado Pretelt, quien fue citado a indagatoria para el jueves 26 de marzo a las 8:30 de la mañana. “Es importante anotar que, dada la gravedad de las afirmaciones que se han hecho ante la Comisión, se hace necesaria la apertura de una investigación formal y la vinculación a esta mediante indagatoria”, dijo Bedoya.
 
Pretelt pende de un hilo. Ya hasta el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, su excolega Humberto Sierra, le ha pedido que renuncie. Entretanto, los demás magistrados amenazan con entrar en paro si el magistrado no se va. A menos de un mes de que estallara la mayor crisis en la Corte Constitucional, la tormenta parece arreciar. Varios magistrados sostienen que la Sala Plena está manchada y que no volverán a reunirse en ese “espacio sagrado” con alguien sobre el que pesan tantas investigaciones. En un comunicado dado a conocer anoche, los juristas aseguraron que la estrategia de defensa de Pretelt “pretende distraer la atención sobre los hechos de corrupción que son objeto de investigación” y que están “dispuestos a responder individualmente las denuncias que se nos formulen ante las autoridades competentes”.
 
No ha faltado quien proponga profundas reformas judiciales e, incluso, asambleas constituyentes para atajar la crisis. Al respecto, el presidente Santos, durante un Consejo Regional de Ministros, dijo que no se puede “caer en la tentación” de acabar con la Corte porque uno de sus magistrados “haya incurrido en un error o en algo indebido” y que “las instituciones no delinquen, sino las personas que componen esas instituciones”. Y es que hay temor incluso de que, como dice Pretelt, al final caigan “todos”. Aunque hay tamaña diferencia entre unos señalamientos por despojo de tierras, tráfico de influencias y compraventa de tutelas, y lo que algunos llaman el “roscograma” de los magistrados. 
 
Eduardo Montealegre, el nuevo salpicado 
“Denuncio ante el país y ante los organismos internacionales al fiscal Eduardo Montealegre por el acorralamiento que viene ejerciendo contra mí y contra mi familia, simplemente por no renunciar a la Corte Constitucional. Una corporación que él viene queriéndose tomar imponiendo magistrados o comprando las conciencias de los que allí se encuentran”. Así arrancó el magistrado Jorge Pretelt su intervención en la emisora W Radio, en la que resultó duramente cuestionado el jefe del ente investigador. Pretelt, visiblemente alterado tras conocer que la Fiscalía citó a interrogatorio a su esposa, Martha Ligia Patrón —en el marco de una investigación por despojo de tierras—, dijo que el fiscal llevaba meses haciéndole cabildeo para convencerlo de que la Corte Constitucional aprobara que “los guerrilleros que están negociando con el Gobierno en La Habana no paguen ni un día de cárcel”. El magistrado señaló que, en las distintas oportunidades en las que discutieron el tema, le dijo a Montealegre que estaba en desacuerdo con que los integrantes de las Farc no pagarán cárcel, lo cual le había molestado profundamente al fiscal. 
 
En ese sentido, dijo que lo que busca Montealegre con las pesquisas por el caso Fidupetrol es cooptar definitivamente la Corte  para tomar decisiones que favorezcan las negociaciones con la guerrilla. Asimismo, que la filtración de unas grabaciones, en las que Pretelt resultó salpicado por un presunto tráfico de influencias para favorecer al entonces juez de Montería Carlos Martínez, constituían un “acto delictivo del fiscal”, que buscaba enlodarlo con la publicación de esos audios. Igualmente grave, Pretelt acusó a Montealegre de nombrar en la Fiscalía a algunos de los familiares de magistrados de la Corte Constitucional y de haber influenciado la elección de la magistrada Gloria Ortiz. Finalmente, le mandó un mensaje a Tania Hernández, la esposa del fiscal: “No se imagina, Tania, su esposo cómo ha convertido a mi familia. Estamos destrozados: tengo un hijo en los Andes que ya no quiere ir a la universidad; una niña de 16 años, tal vez de la misma edad de su hijo, que ya no quiere ir al colegio por el matoneo. Tengo, además, un hijo en quinto semestre que ya no tiene ánimos de estudiar y una señora despedazada”.
 
Pretelt se defiende de las denuncias por despojo 
El último enredo que involucra al magistrado Pretelt se complicó muy temprano ayer, cuando la Fiscalía citó a interrogatorio a Martha Ligia Patrón, su esposa, por un presunto despojo de tierras en el Urabá antioqueño. Al respecto, el magistrado explicó en entrevista con la W que “el fiscal ha desbordado sus competencias: ha llamado a mi señora por despojo de tierras, delito de lesa humanidad. Quiero contarle al país que mi familia y yo nunca, desde que adquirimos esas tierras, hemos sido notificados de algo, ni siquiera de una indelicadeza. En una de las ocasiones yo no estaba presente y por eso mi señora firmó una de las escrituras”.
 
El magistrado aclaró que, en caso de que se demuestre que los despojos existieron, la familia Pretelt Patrón devolverá los predios que correspondan. También se refirió a las 45 hectáreas que le compró al señor Gregorio Hernández y en el que uno de los hijos de éste último ha argumentado que su padre vendió la finca por “físico miedo”. Al respecto, Pretelt relató: “Hernández jamás salió de esa tierra y fue enterrado allí hace dos años. ¿Cómo van a decir que salió de su tierra por presión de la familia Pretelt, si murió allá mismo?
 
En cuanto a otro de los predios, el magistrado dijo que “si mañana se me dice que esas tierras fueron de una persona que la sacaron por despojo, acudiré en mi defensa. Si no tengo derecho, jamás podría quedarme con las cinco, ocho o 10 hectáreas que está reclamando el señor (Reinaldo) Villalba. Además, esa es una familia grande y sus demás (integrantes) han manifestado hasta la saciedad que no vendieron por presión”. 
 
El magistrado repuntó diciendo que el fiscal llamó a su esposa a interrogatorio para presionarlo y conseguir su renuncia. Según él, “mi señora Martha Ligia Patrón, que lleva más de 13 años en la Procuraduría, con juicio, con toda probidad, donde los jueces y los magistrados la reconocen como una gran funcionaria, hoy está llamada por despojo de tierras. Es decir, el fiscal ve con buenos ojos que los guerrilleros de las Farc vengan a Colombia, que no paguen un día de cárcel, pero le ordena a Martha Ligia Patrón López que vaya a la Fiscalía”. 
 
Y finalizó diciendo que el fiscal le está enviando un mensaje: “Señor Pretelt, si no renuncia el martes, venimos por su señora”. Este viernes, la Fiscalía le pidió a la Comisión de Acusación, cuyo presidente es el representante Julián Bedoya, que investigue las denuncias por despojo de tierras que involucran al magistrado Jorge Pretelt.
 
 
Los “deslices” de Pretelt en Córdoba
Sobre los señalamientos en su contra por un supuesto tráfico de influencias en Córdoba, Pretelt dijo que “jamás le he pedido al señor Eduardo Montealegre puestos. Él, en su casa, en su apartamento, me preguntó quién podía ocupar la Dirección Seccional de Fiscalías de Córdoba. Le manifesté en ese momento que no sabía, pero que iba a averiguar por una persona, Gilma Londoño, con más de 18 años al servicio de la entidad. Le dije que era una dama honesta, incorruptible, que podía regir los destinos de la Fiscalía de Córdoba. La nombró y ahora con semejante operativo la quitan, porque simplemente tiene vínculos con Jorge Pretelt. Ella, en aras de que colaborara con el señor fiscal para armar su planta de personal, me envió unos correos que jamás me comprometen, donde dice textualmente: ‘Doctor Pretelt, le adjunto un oficio enviado a la doctora Gloria Ortiz —esa que hoy es magistrada de Montealegre y que antes era su asistente— para que por favor le diga que nos ayude a organizar la planta de personal de Córdoba’. Eso fue en 2013. Y hoy el fiscal me denuncia por tráfico de influencias. Lo mismo hace sacando unas grabaciones mías de 2008 y 2009, en las cuales le manifiesto a Carlos Hernán Martínez, fiscal especializado, hombre pulcro, que además ha combatido a las bacrim, que sí, que le hablé al fiscal de ese entonces, Guillermo Mendoza Diago, para que considerara su hoja de vida de más de 20 años de servicio en un cargo en la Fiscalía, y resultó que nunca lo nombraron. Si eso es una indelicadeza, y si eso es un delito, pues que me vaya a la cárcel”.
 
Agregó que ya se disculpó con el país por haber recomendado a Carlos Hernán Martínez, pero que le hizo esa sugerencia a Mendoza Diago porque se trataba “de una persona con 20 años de servicio en Montería, que condenó a todos los parapolíticos, a todos los Urabeños”. Asimismo, dijo que pedía excusas “por haber recibido al señor Víctor Pacheco, quien fue 50 veces a la Corte Constitucional y yo lo recibí tres”. Y agregó que “le pido excusas a María Isabel Rueda por haber llevado al señor Rodrigo Escobar a la entrevista. Pero, por favor: yo no soy un corrupto, yo no he recibido plata, yo no he pedido plata. Y eso se va a aclarar lo más pronto posible”.
 
“El fiscal compra conciencias en la Corte”
“El señor Eduardo Montealegre compra conciencias en la Corte Constitucional”, dijo Pretelt en referencia a los supuestos nexos entre el jefe del ente investigador y algunos de sus ocho compañeros del alto tribunal que, a inicios de esta semana, le pidieron la renuncia. Aseguró que Montealegre nombró al hermano del magistrado Gabriel Eduardo Mendoza “fiscal ante el Tribunal de Barranquilla, con (un salario de) $20 millones”, que puso una supuesta cuota del magistrado Jorge Iván Palacio como director administrativo de Antioquia “para que manejara a su antojo la regional”, y que al magistrado Luis Ernesto Vargas, expresidente de la Corte, “le nombró a su hermana”. Además, que Vargas hizo nombrar a su esposa en la Procuraduría y a su hija en la Contraloría. “El fiscal quiere tomarse la Corte. Sabe que yo no voy a renunciar. Si renuncio, nos vamos todos, porque es sumamente grave lo que hay allí. Lo que quieren hacer los magistrados es lavarse las manos y creer que todo el problema del derecho, de la justicia, se acaba retirándose Jorge Pretelt”.
 
Sostuvo que, con frecuencia, los magistrados de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia recomiendan personas para los organismos de control. Pero que, al contrario de sus colegas, él no le ha pedido al fiscal que nombre en ningún cargo a los miembros de su familia. Además, que Mario Pretelt, uno de sus familiares, llegó a la Fiscalía en la época de Mario Iguarán y que le preocupa esta “andanada del fiscal Montealegre y de los ministros Juan Fernando Cristo y Yesid Reyes por sacarme de la Corte Constitucional”.
 
Sostuvo que “a ellos no les preocupa Fidupetrol, porque ahí no hay nada, lo que hay es un chisme de que yo le pedí $500 millones a una persona”. Igualmente, que él no le ha quitado un peso a esa fiduciaria: “Se lo han quitado centenares de abogados en Colombia, entre los que se encuentra Montealegre”. Concluyó recordando que la magistrada Gloria Stella Ortiz fue asistente del fiscal y que pudo haber tenido algo que ver con el concepto que elaboró el jefe del ente investigador para que Fidupetrol se defendiera ante la Contraloría.