“Sicariato y crimen organizado representan un nuevo desafío para Colombia”

Gobierno, Policía y analistas coinciden en que las bandas criminales son un desafío para la seguridad nacional.

El sicariato y la aparición de un nuevo tipo de crimen organizado en Colombia, vinculado al narcotráfico y que usa los mismos métodos violentos de los antiguos paramilitares, representan un desafío para la seguridad nacional, un diagnóstico en el que coinciden Gobierno, Policía y analistas.

"No son grupúsculos desorganizados, sino un nuevo fenómeno criminal que ha crecido, se ha fortalecido y representa un desafío enorme", explicó el director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), Jorge Restrepo.

Las bacrim (como denomina el Gobierno a estas nuevas bandas criminales) "tienen muchos enlaces con los paramilitares del pasado y sus formas de violencia son las mismas", ya que también cometen masacres, indicó Restrepo, profesor de la Universidad Javeriana de Bogotá.

Las cifras que se manejan son escalofriantes: más de 600 acciones violentas (casi dos al día) cometidas por esas bandas en 2010, frente a unas 350 de la guerrilla de las Farc, según el Cerac.

El año pasado hubo 15.400 asesinatos en Colombia y el 47% (unos 7.200) fueron cometidos por sicarios, una práctica habitual de las bandas criminales, de acuerdo con la Policía Nacional, cuyo director, el general Óscar Naranjo, admitió esta semana que esas organizaciones son "una amenaza a la seguridad".

Solo en los últimos tres días se han producido cuatro ataques de sicarios en Bogotá con un saldo de cuatro muertos: el jefe de guardias del pabellón de alta seguridad de la cárcel La Picota, Jairo Enrique Velosa Martínez, los sacerdotes Richard Piffano y Rafael Reátiga y un individuo identificado como Justo Pastor Báez, depositario de los bienes incautados al capo Daniel ("El Loco") Barrera.

En otro ataque resultó herida grave la abogada Lina Piedad Sierra Ariza, abogada de Carlos Alberto Rincón, alias "Chicharrón" y uno de los socios de "El Loco Barrera".

Algunos de estos ataques se atribuyen a venganzas por la muerte de alias "Cuchillo", líder de una temida banda narcotraficante y que falleció ahogado en diciembre cuando huía de las fuerzas del orden.

La Policía estima que operan siete bandas en Colombia, distribuidas en 17 departamentos y 152 municipios, mientras que la Cerac contabiliza al menos 14, con una "actividad militar mucho más dinámica que la de las mismas Farc" y 400 víctimas mortales que ellas mismas se atribuyeron en 2010, según Restrepo.

"Muchas más muertes son atribuidas a esas bandas, pero hay poca evidencia judicial" para probarlo, apuntó el analista.

En su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, difundido esta semana, la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) alerta de que las masacres en Colombia, en su mayoría obra de esas bandas herederas del paramilitarismo, se incrementaron en 2010 un 41 por ciento con respecto de 2009.

Si bien el Gobierno de Juan Manuel Santos desliga a estas bandas de las temidas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que se desmovilizaron entre 2003 y 2006, no oculta su preocupación por la amenaza que representan sus alrededor de 4.000 hombres que las integran actualmente.

El ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, afirmó esta semana que las relaciones entre esos grupos y las Farc "son cada vez más estrechas", y que están integrados por "bandoleros y criminales sin ninguna ideología política".

Pero Restrepo insiste en que usan "fusiles de largo alcance", ejercen un "control territorial" en zonas rurales y "han vuelto a entrar en contacto con las élites políticas regionales", a imagen y semejanza de lo que hacían los paramilitares de las AUC.

"Han aprendido a ser anónimos, a no desvelar liderazgos", según el experto, quien añade que tienen "un número muy grande de combatientes" y no solo se lucran del narcotráfico, sino también de la extorsión.

En su opinión, el Gobierno "no tiene una política integral para combatir" este tipo de crimen organizado y faltan "herramientas" en el sistema penal para poder juzgar a los miembros de estas nuevas bandas.