Sigue en vilo condena a falsas víctimas de Mapiripán

/Luis Ángel

En la tarde de este 25 de marzo se esperaba la lectura del fallo condenatorio contra Mariela Contreras Cruz, Zuly Herrera Contreras y Argemiro Arévalo, las primeras tres falsas víctimas de la masacre de Mapiripán, que le mintieron al Estado y recibieron $3.343 millones de indemnización, por, supuestamente, haber perdido tres familiares en la incursión paramilitar que arremetió contra este municipio entre el 15 y el 20 de julio de 1997. Sin embargo, la sentencia por los delitos de fraude procesal y estafa agravada tuvo que esperar una vez más, ya que el Ministerio de Defensa y el representante del general (r) Jaime Humberto Uscátegui -condenado a 40 años de prisión por la masacre- pidieron ser incluidos en el proceso judicial como víctimas.

El juez 29 de conocimiento avaló la solicitud elevada por el Ministerio, ya que fue esta cartera quien pagó la millonaria reparación a las falsas víctimas. No obstante, rechazó las pretensiones del representante legal del general (r) Uscátegui, al considerar que no se cumplen los requisitos de este aval porque el proceso es por los cargos de fraude procesal y estafa agravada y no por el de falso testimonio como se planteó en la petición. “No es sustancial el caso no tiene que ver con el falso testimonio que llevó a que se emitiera una condena contra el general”, explicó el togado. Y agregó que en ningún momento el escrito de acusación presentado por la Fiscalía menciona que estas declaraciones fueran determinantes en la condena del general (r) emitida por el Tribunal de Bogotá. Decisión que fue apelada por el representante del exoficial para que sea esta misma corporación quien decida o no su inclusión en el proceso.

Desde el pasado 2 de agosto, los tres procesados aceptaron su responsabilidad en los hechos luego de que un fiscal de la Unidad Anticorrupción realizará la diligencia de imputación de cargos. De hecho, el representante del ente investigador señaló que este fraude le costó al Estado $3.343 millones, pues por la condena que recibió el Estado por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue necesario indemnizarlos, incluso cuando no eran víctimas y sus familiares no habían perecido en la toma paramilitar. Un dinero del que sólo quedan $400 millones invertidos en una casa y una finca.

El fiscal añadió que las declaraciones rendidas por estas tres personas buscaron beneficiarse económicamente de la justicia, basándose en hechos que no ocurrieron y así “se pusieron de acuerdo para engañar al representante de la Fiscalía y así conseguir su objetivo de defraudar el patrimonio del Estado”. Un fraude que terminó desviando el curso de la investigación sobre la arremetida paramilitar en Mapiripán y que llevó a una instancia internacional, como es la CIDH, a incurrir en un error, pues ésta terminó avalando su calidad de víctimas y profiriendo la millonaria reparación.

En ese momento la Corte Interamericana consideró que la nación colombiana era responsable por la masacre, pues “la incursión paramilitar en Mapiripán fue un acto minuciosamente planeado desde varios meses antes de julio de 1997, ejecutado con previsiones logísticas y con la colaboración, aquiescencia y omisión de miembros del Ejército”. Precisamente, las declaraciones que ofrecieron Mariela Contreras Cruz, Zuly Herrera Contreras y Argemiro Arévalo, sobre la pérdida de familiares que hacían parte de su núcleo principal, fue fundamental para la decisión que tomó el tribunal internacional.

Sin embargo, desde el 2011 la Fiscalía empezó a encontrar serias inconsistencias dentro de los testimonios que habían rendido las víctimas ante diferentes autoridades judiciales y que fueron reconocidos por la CIDH y así fue posible plantear la hipótesis de que sus familiares no fueron asesinados ni desaparecidos en la masacre de Mapiripán. De hecho, Mariela Contreras aceptó que ni su esposo ni de dos sus hijos perecieron en ese episodio. De ahí que el fiscal del caso haya considerado en la imputación que “se gestó en una empresa común para presentar ante la Fiscalía una serie de declaraciones que indujeron al error a las personas encargadas de adelantar esta investigación”.

De acuerdo con el ente investigador, en el año 2000 Mariela Contreras declaró ante la Fiscalía que su esposo había sido asesinado por las Farc, pero tiempo después volvió a testificar y narró que su pareja, junto con dos de sus hijos, fue desaparecido en la masacre de Mapiripán. En una diligencia posterior manifestó que llevaba ocho años viviendo allí y que el día en que el terror paramilitar arreció contra el municipio había decidido llevar al médico a uno de sus hijos que estaba enfermo. “Cuando estábamos corriendo, aparecieron dos personas armadas y dijeron ‘este es’ y se lo llevaron. Le dije a mis hijos que corrieran, pero los dos mayores de 5 y 16 años fueron retenidos y hasta el momento no sé nada de ellos, presumo que están vivos”, señaló el fiscal al citar la declaración de Contreras en 2002 ante una Fiscalía especializada de Derechos Humanos.

Después aseguró que, según la narración de terceras personas, supo que el cadáver de su marido había sido desmembrado y arrojado al río Guaviare junto a otras decenas de víctimas. Versión que fue confirmada parcialmente por los otros testigos que, de acuerdo a la Fiscalía, también presentaron contradicciones de tiempo, modo y lugar. Pruebas recolectadas posteriormente indicaron que los familiares de Mariela Contreras Cruz, Zuly Herrera Contreras y Argemiro Arévalo no fallecieron en la masacre de Mapiripán y tampoco fueron desaparecidas, pues se pudo establecer que el esposo de la señora Contreras murió mucho después de los hechos registrados en 1997, asesinado por la guerrilla, que uno de sus hijos sigue con vida y que el otro falleció en situaciones posteriores a manos de los paramilitares, pero que no tuvieron nada que ver con la matanza.

Además, 10 postulados a Justicia y Paz, aseguraron en marzo del 2010, que en dicha masare desaparecieron a cuatro personas, asesinaron a otras seis y secuestraron a tres que luego fueron liberados. Ninguno reconoció o mencionó los nombres del esposo y los dos hijos de Mariela Contreras. El 28 de noviembre de 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ratificó la condena contra el Estado por estos hechos que había emitido el 15 de septiembre de 2005, pero excluyó de esta lista a Mariela Contreras, Zuly Herrera Contreras y Argemiro Arévalo. Esta condena, además, representa el primer precedente en el que la Nación es sentenciada por una masacre, donde aún el número de víctimas no se ha podido establecer con seguridad.

Hasta 2003, cuando el caso empezó a ser estudiado por el sistema interamericano de derechos humanos, se hablaba de por lo menos 49 asesinatos o desapariciones. La CIDH depuró ese listado y lo redujo a 20 ejecutados o desaparecidos. Pero un informe de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, divulgado por El Espectador en noviembre de 2011, reveló que la masacre había dejado 77 víctimas. De acuerdo con ese documento, se revisaron más de 38.000 páginas de ese expediente para establecer que de esas 77 personas muertas o desaparecidas, 28 serían NN de pobladores de la zona. En contraste, otra unidad de la Fiscalía, la de Justicia y Paz, señaló que las víctimas mortales no pasaban de 13. De tal manera que la certeza sobre algo tan esencial como el número de afectados por la incursión de 120 paramilitares que torturaron y asesinaron a un grupo de pobladores sigue en el limbo, mientras que la condena a estas falsas víctimas aún tendrá que esperar un mes más para la decisión del Tribunal de Bogotá que determinará si el general (r) Jaime Humberto Uscátegui será parte del proceso como víctima.