Ante la pregunta de la juez 54 de garantías, la rectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Gette se declaró inocente del delito de soborno en actuación penal que le imputó la Fiscalía General en una audiencia reservada en la mañana de este miércoles.
Gette no aceptó su responsabilidad en el presunto intento del pago de un soborno a un emisario del excomandante paramilitar Edgar Ignacio Fierro, alias ‘Don Antonio’ para que cambiara su versión en la investigación que se le adelanta por su presunta participación en el homicidio del ganadero Fernando Cepeda Vargas.
En los próximos minutos la Fiscalía General solicitará que se le imponga medida de aseguramiento al considerar que la rectora universitaria obstruya a la justicia además de representar un peligro para la sociedad y para la administración judicial.
En su argumentación la Fiscalía indicó que en las audiencias de indagatorio Gette ha registrado constantes retrasos, prueba de ello lo sucedido el pasado martes cuando tenía una citación a la una de la tarde y solamente se presentó dos horas después.
Silvia Gette fue capturada en la tarde del pasado martes por un grupo de agentes del CTI de la Fiscalía cuando iba a ingresar al complejo judicial de Paloquemao para cumplir con la segunda etapa de su indagatoria.
La retención se presentó a consecuencia de los hechos que rodearon la captura de su abogado, Arcadio Martínez quien fue detenido en flagrancia cuando le intentaba entregar dos bolsos con una suma de 249 millones de pesos a un emisor de ‘Don Antonio’.
Según las pruebas recolectadas por el ente, entre las cuales se destacan testigos y documentos, el jurista le habría indicado al emisor que dicho dinero había sido enviado por Gette con el fin de que se lo hiciera llegar al excomandante paramilitar que se encuentra recluido en la cárcel La Picota de Bogotá.
En este sentido se indicó que este soborno tenía como finalidad que ‘Don Antonio’ cambiara u omitiera parte de su versión de los hechos después de que fuera citado para que reitera sus declaraciones sobre el pago de 150 millones de pesos a un grupo de paramilitares para que perpetraran el homicidio.